El diputado del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), Edwin Tupa, tiene una sentencia en su contra emitida por la juez Segundo de Instrucción Mixto de Montero, Ana Gloria Rojas, por haberse apropiado, junto a otras personas, de las tierras del Ministerio de Defensa Nacional, ubicadas en Montero.
Edwin Tupa.
De acuerdo al documento de la sentencia al que tuvo acceso la Red Erbol, el pasado 19 de abril de 2010, la suscrita juez Mixto de Montero falló declarando probada la demanda interpuesta por el Ministerio de Defensa Nacional, representado por el coronel Henry Gonzalo García Canelas, en contra de Tupa y otras 12 personas más.
Rojas declaró “probada la demanda interpuesta por García contra Freddy Delgadillo Jordán, Santiago Valenzuela Arévalo, Humberto Ignacio Céspedes, Gladys Ortíz Arias, Eduardo Vaca Diez, Edita Aguilera Monasterio, Carmelo Román Justiniano, Edwin Tupa, Iver Masabí Parada, Freddy Masabí Parada, María Parada Masabí, Miguel Castro Ortiz y Ciro Cámpos, disponiéndose en consecuencia la restitución del predio a favor del demandante, bajo prevenciones de lanzamiento (desapoderamiento) contra los nombrados demandados y terceros que deriven sus derechos de aquellos”, indica la sentencia.
ANTECEDENTES
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
García inició proceso interdicto para recobrar la posesión del terreno denominado “Guabirá”, de 358.761.09 Has, situado en el zona noreste de la ciudad de Montero, provincia Obispo Santistevan del departamento de Santa Cruz.
El demandante arguyó que la institución que representa adquirió dichos terrenos en 21 de diciembre de 1959 de sus anteriores propietarios Heriberto Callao y Alejandro Daneff (apoderado).
Agregó en la denuncia que especialmente la parte este del terreno, ubicado sobre la carretera asfaltada Montero-Portachuelo, fue denominado con el transcurso del tiempo Urbanización Virgen de Guadalupe, con aprobación de la Alcaldía de Montero, razón por la que desde 4 de agosto de 2008 se han producido una serie de asentamientos ilegales que despojaron y afectaron el derecho propietario del Ministerio de Defensa.
Por lo que, García solicitó una inspección judicial para verificar la veracidad de los asentamientos ilegales, habiéndose comprobado luego, la existencia de construcciones recientes y precarias realizadas por varias personas que no quisieron identificarse ni exhibir la titulación con que cuentan para dicha ocupación.
La Paz, Erbol