Radio especial. ‘La responsabilidad penal respecto de los prófugos ya prácticamente está probada’, señala fiscal Uribe.
Programa: EN DIRECTO
Radio: ERBOL
Entrevista: Mario Uribe (fiscal General del Estado)
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P.- ¿Qué siente el Ministerio Público al haber escuchado la sentencia en el caso octubre 2003?
Uribe: Este sentencia solo se refiere a los 5 generales de las Fuerzas Armadas y a dos exministros, Erik Reyes Villa y Adalberto Kuajara. También aclarar que no se ha iniciado el juicio al ex presidente de la República y su gabinete ministerial que se encuentran prófugos de la justicia en el exterior del país.
El Ministerio Público se siente satisfecho porque al cabo de 7 años y 10 meses de haber desarrollado una investigación muy trabajosa, complicada, con una serie de contratiempos de carácter legal y materiales, y posteriormente un tedioso y largo juicio oral de más de 2 años y tres meses es que se ha podido dictar una sentencia condenatoria.
El fallo lo recibimos como una coronación a los esfuerzos del Ministerio Público. El fallo contra los 7 acusados da confianza al Ministerio Público en la administración de justicia que está desarrollando la Corte Suprema.
Las penas impuestas no están desarrolladas con la magnitud del daño ocasionado, nos parece una pena magnánima, benevolente con los acusados, fundamentalmente con dos de ellos, el señor Erik Reyes Villa y Adalberto Kuajara que solo han recibido la sanción de 3 años de privación de libertad.
P.- ¿Es fácil invest9igar y juzgar a militares?
Uribe: Totalmente, casi imposible ha sido en su momento hacerlo toda vez que cuando el Ministerio Público estaba desarrollando la investigación en la fase de la etapa preparatoria es que nos hemos encontrado con obstáculos legales como el secreto militar, hemos levantado el secreto militar por orden de la Corte Suprema y hasta que se hagan estos trámites obviamente estos documentos han desaparecido y el Ministerio Público no ha tenido acceso a toda la documentación.
Este juicio de responsabilidades prácticamente es el primero que se realiza en Bolivia respecto de autoridades democráticamente elegidas, en un Estado de derecho, entonces esta sentencia es muy importante porque da derecho a afirmar que la responsabilidad penal respecto de los prófugos ya prácticamente está probada.
Lo que el Ministerio Público espera de parte de las autoridades de los países anteriormente mencionados (Perú y Estados Unidos) tengan la voluntad política y la voluntad de colaborar con la justicia boliviana y poner a disposición de la justicia boliviana a estas personas. Y así podamos someterlos a un juicio oral en un juicio legal, un juicio donde se ha respetado los derechos y garantías, porque así se ha llevado este juicio que acaba de concluir respecto de los 7 presentes.
El Ministerio Público jamás ha atropellado los derechos y garantías de las personas, por eso siempre hemos rechazado y rechazamos cualquier insinuación de que sea una persecución política, ésta es una persecución penal en el marco de la Constitución y por mandato legal. Es más, como conclusión podemos sacar que el Tribunal ha sido excesivamente benevolente por ejemplo con la defensa en respetar sus derechos y garantías en el desarrollo del juicio.
Otro aspecto que también debemos mencionar porque este juicio es legal y no político, es porque se ha juzgado con disposiciones legales vigentes antes de que ocurran los hechos de octubre (de 2003).
El Ministerio Público ha encarnado el dolor de las víctimas, de los herederos de los 64 fallecidos y más de 450 heridos. Desde este perspectiva el Ministerio Público se siente con el deber cumplido, aunque no estamos satisfechos con la pena.