Álvaro Riveros Tejada
No debe existir un recurso más perfecto y mejor estructurado por los burócratas públicos, que la creación de una “comisión” para investigar y/o analizar las tropelías y flojedades de los políticos, de forma que en ella se diluyan y desaparezcan, como por arte de magia, todos los crímenes y bellacadas que estos pudieron cometer durante su paso por la cosa pública. Ese fue el caso de la “comisión imparcial” que se conformó hace tres años, para investigar los luctuosos acontecimientos de Pando.
Como en ese entonces, el objetivo principal consistió en derrocar a un incómodo gobernador opositor al gobierno, antes que descubrir a los causantes de semejante tragedia, se inició la tarea ubicando a la “comisión” en el seno de UNASUR, una entelequia creada al servicio de los gobiernos izquierdistas de la región y con un amplio margen de manipulación.
Sin la experiencia ni la capacidad necesaria para cumplir su cometido, lo primero que se hizo fue conformar la consabida plantilla burocrática que justifique la existencia de dicha junta. Se dispuso el nombramiento de un presidente, dignidad que recayó en la persona del ex guerrillero del ERP argentino Rodolfo Matarollo, en honor a su apellido y a sus vastos conocimientos en rapto y homicidio demostrados en 1970, con el asesinato del Gral. Pedro Eugenio Aramburu; en 1975, el secuestro y asesinato del Cnel. Larrabure, tras un año de cautiverio; en 1976, la explosión de la Superintendencia de Seguridad Federal Argentina, con un saldo de 22 muertos y 66 heridos; y finalmente, en 1989, en pleno gobierno democrático de Raúl Alfonsín, el audaz ataque al cuartel de La Tablada, con un saldo de decenas de muertos y heridos.
Luego de un escueto trabajo de apenas 15 días, el Matarollo se explayó al entrevistarse con los refugiados pandinos en el Brasil afirmando: “a mí no me interesa quién financió, a mí no me interesa quién les llevó o quién repartió armas…” “yo he venido para que ustedes me digan quiénes mataron a los asesinos” (sic). El y los 11 delegados de los países que integraban “la comisión” entregaron a la presidenta chilena Bachelet las conclusiones y recomendaciones de dicha pesquisa.
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El gobierno chileno, con el amor entrañable que profesa por el pueblo boliviano y con su honradez acreditada en labores cartográficas señaló: "El informe constituye una importante contribución de UNASUR al derecho, a la justicia y a la superación de la impunidad en la región". Decretando la prisión y el exilio de centenares de bolivianos.
Suponemos que en la comisión anunciada por el gobierno para investigar los sucesos del Porvenir 2, como ya se ha venido a llamar el sitio donde fueron brutalmente reprimidos los marchistas del TIPNIS, ya no esté Matarollo, ni los delegados que sembró el ex cura guerrillero Miguel D`Escotto en todos los países de la región, cuando fungía de presidente de la asamblea de las Naciones Unidas y mucho menos los representantes del gobierno brasilero que dependan de la empresa constructora OAS, que ya tanto daño nos ha inferido y que la única comisión que respeta y reconoce, es la que se pueda depositar en sus cuentas bancarias.
El defensor del pueblo ha sido muy claro al no asistir a la reunión de palacio de gobierno, convocada para la conformación de dicha junta. Con su ausencia nos ha dado a entender sus serios reparos sobre los integrantes de la misma y sus suspicacias sobre la tal llamada comisión investigadora.