MSM Inició querella contra gobierno de Morales. Los funcionarios de Estado habrían incurrido en los delitos de contratos lesivos al Estado y resoluciones contrarias a la Constitución, pues el contrato con la brasileña OAS transgredió el artículo 320 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Juan Del Granado, jefe nacional del Movimiento Sin Miedo, junto al alcalde Revilla y legisladores de su partido. Foto archivo AFKA
La Paz, 28 Sep. (ANF).- El contrato con la empresa brasileña OAS para la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos vulnera la Constitución Política del Estado (CPE), al someter esa obra a leyes y tribunales brasileños, denunció, este miércoles, la jefe Nacional del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, por lo cual iniciaron una querella penal contra funcionarios de gobierno y ABC.
Del Granado dijo que los funcionarios de gobierno habrían incurrido en los delitos de contratos lesivos al Estado, resoluciones contrarias a la Constitución, pues el contrato con la brasileña OAS transgredió el 320 de la Ley Fundamental, el cual establece en su parágrafo I:
"La inversión boliviana se priorizará frente a la inversión extranjera. Parágrafo II: toda inversión extranjera será sometida a la jurisdicción, a las leyes y las autoridades bolivianas y nadie podrá invocar situación de excepción, ni apelar a reclamaciones diplomáticas, para obtener un tratamiento más favorable".
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La construcción de la carretera es cuestionada por un sobre precio de hasta 800 mil dólares por kilómetro lineal. "Pues haciendo una comparación con la construcción de otras siete carreteras el precio referencial no supera los 500 mil dólares", señala la querella interpuesta al Ministerio Público el martes pasado.
Además de ello se cuestiona el precio final de la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, el cual tendría un costo de 415 millones de dólares y el financiamiento para la obra sólo seria de un 80 por ciento, con un costo adicional del 20 por ciento para el Estado.
Otras de las irregularidades que el MSM evidenció en el contrato carretero, es la liberación a la empresa OAS para la provisión de asfalto y que no tendría obligación en el mantenimiento de la obra en cinco años.
Además que existirán ítems inexistentes en el tramo Castillo – Isinuta que ya está empedrado, además que el tramo Isinuta – Ichoa ya tiene diseño final y sin embargo habría que pagar a la empresa OAS por algo que no realizará, pues ya fue ejecutado, dijo Del Granado, otrora aliado del gobierno de Evo Morales y actual crítico del proceso de cambio.
Las autoridades denunciadas son: Patricia Ballivián, ex presidenta de la ABC; José Luis Zúñiga Tarifa, gerente administrativo de ABC; Carlos Méndez Cárdenas, gerente de construcción de ABC; Andrés Castro Kukoc, consultor de ABC y Gerardo Pereira, responsable de la brasileña OAS, quienes están acusados de los delitos contratos lesivos al Estado, uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la constitución e incumplimiento de deberes.