Represión a indígenas: Gobierno dice que la Policía planificó el operativo pero documentos inculpan al Ejecutivo. Ministerio de Gobierno contrató los buses para el traslado de indígenas hasta Trinidad. Dos aviones, un Hércules y un MA-60 de fabricación china, fueron preparados desde el domingo 25 en los hangares de la Fuerza Aérea Boliviana con el pedido expreso del Ministerio de la Presidencia, afirmaron dos oficiales de esa unidad.
Policías en emergencia piden ser parte de la comisión
Representantes de los uniformados salieron en defensa de los policías desplazados hasta Yucumo. El Gobierno anunció que identificará a quienes usaron la violencia.
Operativo. Uniformados custodian a una indígena detenida.
La Razón – Carlos Corz
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Instituciones que representan a los policías exigen participar de la comisión de alto nivel que el Gobierno perfila formar para establecer quién dio la orden de intervenir la marcha indígena. Ademas, informan que están en emergencia, advierten con motines y aseguran que el operativo en Yucumo fue por órdenes superiores.
El presidente de la Asociación de Policías del Servicio Pasivo, coronel Carlos Camberos, informó que oficiales de la institución del orden están interesados en coadyuvar en la investigación que prevé llevar el Gobierno con participación de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
La comisión de alto nivel no logró constituirse, porque la representación de la ONU consultará a su sede central si puede formar parte de la comisión, mientras el defensor del Pueblo, Rolando Villena, desestimó ser parte del mecanismo sugerido por el Gobierno
El presidente de la Asociación de Expolicías, Juan Carlos Zaraide, por su parte y a nombre de los policías del servicio activo afirmó que existe estado de emergencia nacional en la institución y riesgo de motín y de una huelga de hambre de iniciarse procesos a los uniformados enviados a Yucumo.
Los policías intervinieron con violencia la marcha indígena el domingo. Maniataron y amordazaron con cinta adhesiva a marchistas, ademas de golpearlos. Camberos aseguró que la cinta adhesiva no es parte del equipo policial, por lo que debe investigarse quién facilitó el material.
El representante de la Asociación de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías de Potosí, Víctor Villca, informó que convocarán a una reunión nacional para analizar la situación de sus camaradas. Afirmó que la Policía actúa bajo órdenes superiores, no siempre del Comando sino del Gobierno.
El vicepresidente Álvaro García reiteró ayer que el Gobierno no ordenó la intervención.
La Federación Nacional de Esposas de Policía también advirtió con motines si “un solo uniformado es procesado”. La dirigente Guadalupe Cárdenas aseguró que enviarán una representación hasta la marcha indígena para sumarse a la movilización.
Un oficial que estuvo en el contingente de al menos 500 uniformados desplazados a Yucumo, afirmó a Laser 98 que cumplieron órdenes. “Ahora están queriendo procesar a mis camaradas; es lamentable, porque el Gobierno nos manda y de paso nos tratan mal los coroneles", relató el oficial.
Ministerio de Gobierno contrató los motorizados
Página Siete / La Paz – 30/09/2011
A través de un presunto contrato de prestación de servicios, el Ministerio de Gobierno habría contratado los diez buses de servicio público para el traslado de indígenas hasta la capital del Beni (Trinidad).
En el contrato, que según los dirigentes indígenas encontraron en el monte, cerca del lugar de la intervención policial, se establece como contratante a Karina Vertiz Arancibia (como parte del Ministerio de Gobierno) y a Modesta Villan Solares, en calidad de contratista.
En el documento se señala que el servicio contratado es “el traslado de personas de Yucumo hasta la ciudad de Trinidad y que el tiempo de vigencia de documento duraría hasta que se termine con el traslado de todos los marchistas a esa ciudad”.
El costo del servicio fue de 38.000 bolivianos, dinero que en el documento el contratante se comprometía a cancelar de manera adelantada y puntual.
El documento fue firmado por ambas partes el domingo 25 de septiembre del 2011. Respecto al hallazgo de ese documento legal de prestación de servicios, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, se pronunció y aseveró que como ése, seguirán apareciendo más documentos.
“Sobre eso van a encontrar documentos de comida, de quiénes estaban porque habían 450 policías, (esos documentos) tienen que aparacer.
Es un tema de la obligación que tiene la Policía para proteger la integridad física de las personas”, manifestó ayer el presidente de la Asamblea en una conferencia de prensa.
POLICÍA PLANIFICÓ LA ACCIÓN; GARCÍA DICE QUE NO HUBO ORDEN
Dirigentes revelaron documentación del operativo de traslado de los marchistas hasta Trinidad. El Vicepresidente afirmó que no hubo una instrucción política para la acción
Violencia. Los efectivos policiales vigilan el domingo que marchistas detenidos suban a los buses contratados. Foto La Razón
La Razón – Iván Paredes – La Paz
Un documento revela que la intervención policial a la marcha fue planificada en términos operativos y logísticos, aunque no se menciona quién ordenó la acción. El vicepresidente Álvaro García afirmó que no hubo orden política para el operativo.
El documento Plan de Desconcentración prevé el nombre, grado y número de policías que estarán a cargo de los vehículos a los que se llevará a los marchistas, además fija para las 17.40 el operativo y refiere que cuentan con requerimiento fiscal y que deben restringir el trabajo de la prensa.
“En cumplimiento a misión constitucional el contingente policial del Comando Departamental del Beni, ejecutará el traslado de 350 a 400 indígenas marchistas”, desde Yucumo a Trinidad, para desplazarlos a Loreto, Casarave, San Pedro Nuevo, San Pablo, refiere el documento.
El dirigente indígena Adolfo Chávez informó que el documento fue encontrado mientras realizaban un rastrillaje en busca de indígenas desaparecidos en San Miguel de Chaparina, lugar del operativo.
Diez buses de servicio público con escolta de seis camionetas formaban el convoy de motorizados que trasladaría a los indígenas. Un segundo documento facilitado por la dirigencia muestra que una representante del Ministerio de Gobierno, C.V., contrató buses por Bs 3.800 de M.V.
Ninguno de los dos documentos revela el o los nombres de quiénes estarían a cargo del operativo que el domingo intervino la marcha. Sometieron a golpes a los marchistas, los maniataron y amordazaron con cinta adhesiva.
García, en conferencia de prensa, afirmó que “no hubo una instrucción política” desde Palacio o el Ministerio de Gobierno para la intervención. Además señaló que seguirán apareciendo documentos como los revelados, aunque considera que lo que ahora importa es conocer quién dio la orden para la intervención.
Añadió que conocen lo sucedido ese día, pero consideró que la comisión de alto nivel será la encargada de establecer los niveles de responsabilidad.
“Nosotros ya sabemos lo que ha sucedido. Nosotros ya hemos hecho internamente un conjunto de averiguaciones”, respondió cuando se le preguntó quiénes fueron los que ordenaron la acción policial. El dirigente Rafael Quispe aseguró que la documentación es prueba de que el Ministerio de Gobierno participó en el operativo de intervención policial.
El Vicepresidente insistió en que la Policía tiene que estar preparada para cualquier eventualidad de enfrentamiento, en alusión al documento revelado. El Gobierno plantea que una comisión de alto nivel, con la participación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), investigue con rapidez y establezca las responsabilidades.
El plan de traslado de los indígenas también refiere que harán paradas técnicas en diferentes puntos de la carretera
Tras la intervención policial al campamento de la marcha, los indígenas fueron trasladados en vehículos hasta San Borja, pero ante la resistencia local retornaron a Yucumo y desde ahí fueron a Rurrenabaque.
Desde esta zona debían ser trasladados en avión a Trinidad. Entonces también intervino la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y debe ser parte de la investigación, dijo el exmayor David Vargas, que participó en los hechos de violencia derivados del impuestazo en febrero del 2003.
Los policías encargados de los buses
-Bus 1 Cnel. E. T.
-Bus 2 Cnel. J. T.
-Bus 3 Tte. J. A.
-Bus 4 Subtte. O. C.
-Bus 5 Subtte. V. P.
-Bus 6 My. M. V.
-Bus7 Tte. C. M.
-Bus 8 Nombre no legible
-Bus 9 Nombre no legible
-Bus 10 Nombre no legible. Cada uno tenía cinco policías a su cargo
Copa niega solicitud de intervención
La ministra de Justicia, Nilda Copa, negó ayer que haya solicitado a la Fiscalía la intervención de la fuerza pública en la marcha indígena. “Yo presenté una denuncia de defensa a los derechos humanos por el secuestro a nuestro canciller David Choquehuanca. Se está tergiversando la información de que yo instruí al Alto Mando Policial (el operativo)”, afirmó.
La Razón accedió al memorial presentado por Copa, junto al viceministro de Justicia, Nelson Cox, y dos funcionarios del Ministerio de Gobierno. En el documento denuncian precisamente las agresiones al Canciller y solicitan “requiera la intervención de la fuerza pública en caso necesario”.
La denuncia fue recibida por el fiscal asistente adscrito al despacho de la Fiscalía de Distrito de La Paz, Facundo Coronel, a las 20.35 del sábado 24 de septiembre, según se registra en la parte superior derecha del memorial.
El Gobierno, en reiteradas oportunidades, aseguró que la actuación policial contó con requerimiento fiscal, aunque no presentó el documento. Este medio accedió a un requerimiento fiscal que instruye de oficio la investigación de la violencia ejercida contra el Canciller, pero no ordena intervenir.
Plan inculpa al Ejecutivo por la represión
Movilización. Detallaron los nombres de los oficiales a cargo del operativo
Ruy D’Alencar. San Borja, El Deber
Un denominado plan de desconcentración que revela que funcionarios del Ministerio de Gobierno coordinaron el operativo de represión contra los indígenas que marchaban hacia La Paz en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) fue presentado ayer por Adolfo Chávez, presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente (Cidob).
El Gobierno atribuyó el documento a un supuesto complot mediático en contra del Gobierno, mientras que uniformados que pidieron anonimato, para evitar represalias, señalaron que el operativo se realizó por instructivas emanadas desde el Palacio de Gobierno, lo que da aval a la autenticidad de los documentos.
El supuesto ‘plan de desconcentración’ presentado por Chávez, menciona que el Comando de la Policía de Beni asumió la misión de trasladar entre 350 y 400 originarios desde Yucumo hasta Trinidad, Loreto, Casarabe, San Pedro y San Pablo, usando diez buses de servicio público y seis camionetas custodiadas por efectivos policiales.
El documento detalla algunos nombres de comandantes y oficiales de la Policía que presuntamente estaban a cargo de la represión. También hay un apunte en el que se instruye restringir a los medios de comunicación para evitar que registren los hechos, además de citar las 16:00 como el horario para el inicio del operativo y citar la intervención de un fiscal.
El dirigente de la Cidob también mostró la fotocopia de un contrato de prestación de servicios, que firma Karolina Vertiz Arancibia (con C.I. 92442267 Cbba), como representante del Ministerio de Gobierno, y Modesta Villan Solares (con CI. 7595634 Beni) como contratista de un bus.
Tal documento, que data del domingo 25, detalla que el Ministerio de Gobierno pagó la suma de Bs 3.800 por el traslado de personas desde Yucumo a Trinidad.
Consultada sobre el tema, Luisa Limachi, directora de Comunicación del Ministerio de Gobierno, indicó vía telefónica que en esa repartición hay una gran cantidad de funcionarios y que es difícil verificar si Vertiz Arancibia trabaja allí o si ella contrató buses para el operativo.
Respecto a la lista de policías encargados de la seguridad de la intervención, la funcionaria planteó trasladar la consulta al Comando Nacional de la Policía, donde no fue posible obtener respuesta.
El vicepresidente Álvaro García Linera dijo que él sabe quién ordenó la represión, pero de momento no lo dará a conocer porque se ha instruido una investigación.
El vicepresidente anticipó que aparecerán más documentos que instruyen la adquisición de servicios o la compra de alimentos, pero no una orden de intervención policial, porque eso no salió del Palacio Quemado.
“No van a encontrar documentos que instruyan que golpeen a las mujeres, que coloquen cintas en la boca de las personas ni que los maltraten. Ni el presidente ni del Ejecutivo emitieron esa orden”, reiteró el vicepresidente. Aseguró que la Policía estaba en el lugar para precautelar la integridad de las personas y evitar enfrentamientos entre los indígenas y los colonizadores que bloqueaban en Yucumo para evitar el paso de los marchistas hacia La Paz.
A pesar de la explicación del vicepresidente, un oficial de la Policía que estuvo al frente de la intervención de la marcha, y que prefirió no identificarse, reveló ayer a la Agencia de Noticias Fides que cumplieron órdenes superiores emanadas de las primeras autoridades del Gobierno.
Para los originarios que se reorganizan en el campamento de San Borja, los papeles mostrados son ‘pruebas fehacientes’ de que todo lo ocurrido el domingo se hizo con premeditación, alevosía y ventaja, donde, según Adolfo Chávez, el responsable directo es el exministro de Gobierno Sacha Llorenti.
“Este es el plan para evitar que la marcha indígena llegue a La Paz, que lo sepa el pueblo de Bolivia”, gritó Chávez.
La dirigencia del comité político de la marcha en defensa del Tipnis señaló que la documentación será entregada a Hugo Vargas Palenque, fiscal de distrito de Beni, para que haga las investigaciones.
Sobre la obtención del documento, se dijo que fue encontrado el lunes por estudiantes en el patio de una unidad educativa de la localidad de Limoncito, a 36 kilómetros de San Borja. Aunque existe la versión de que algunos policías rasos que actuaron ese domingo lo filtraron, atemorizados por el anuncio de juicios.
Según oficiales, los aviones se movieron por orden ministerial
Marco Chuquimia. La Paz, El Deber
Dos aviones, un Hércules y un MA-60 de fabricación china, fueron preparados desde el domingo 25 en los hangares de la Fuerza Aérea Boliviana con el pedido expreso del Ministerio de la Presidencia, afirmaron ayer dos oficiales de esa unidad.
Sin embargo, el vicepresidente Álvaro García Linera, que rompió su silencio desde el sábado, dijo ayer que este y los abusos de los policías en Yucumo serán parte de la investigación que propuso el Gobierno y que hasta el momento no se inicia porque ninguna entidad internacional aceptó esa responsabilidad.
El rótulo que tenían los documentos estaba tipificado como “vuelo oficial”, lo que significa que ambas aeronaves estaban a disposición de la Presidencia y solo emprendieron vuelo cuando recibieron la autorización de Palacio de Gobierno.
Los uniformados aseguraron que los preparativos resultaron irregulares porque la orden debió venir del Ministerio de Defensa, que es la instancia que coordina con las FFAA.
Los militares consideran que la renuncia de la entonces ministra de Defensa, María Cecilia Chacón, pudo deberse a que fue sobrepasada en sus funciones y que no le comunicaron nada.
“Existe una orden escrita que tiene el comandante de la FAB, porque él debe autorizar la movilización del personal, y cuando se trata de un vuelo oficial, los gastos corren por el que solicita, en este caso la Presidencia”, explicó una de las fuentes.
En la jornada
En La Paz
Aparece uno de los tres extraviados
Uno de los tres indígenas que desaparecieron el domingo después de la intervención policial a la marcha por el Tipnis está en La Paz. Según un reporte de la Fundacíón Tierra, el hombre, identificado por el apellido de Alanoca viajó en bus. El indígena que marchaba por la Conamaq se reportó telefónicamente desde la ciudad de La Paz.
Según dirigente
Policías anuncian que votarán nulo
Los policías de tropa anunciaron que votarán nulo en las elecciones judiciales de 16 de octubre, en rechazo a la política vengativa del Gobierno contra la institución verde olivo, informó el presidente de la Asociación de exPolicías, Juan Carlos Soraides. La decisión ha sido tomada por un 95% de los efectivos de tropa en protesta contra el Gobierno, dijo.
Declaración
ONU condena la violencia policial
La oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó ayer "el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de la Policía" en la represión a los indígenas defensores del Tipnis. Según la institución, la acción afectó a 1.000 indígenas del Oriente, Chaco y Amazonia, incluyendo a mujeres y niños.
Gobierno
Unasur debe estar en la investigación
La ministra de Transparencia, Nardy Suxo, informó ayer que el Gobierno pretende que representantes de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) participen en la comisión de alto nivel que investigará la violenta intervención policial a la marcha indígena que defiende el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure.
Las frases
«Este es el plan para evitar que la marcha indígena llegue a La Paz. Que lo sepa el pueblo boliviano»
Adolfo Chávez | Cidob
«No van a encontrar documentos que instruyan la represión, porque esa orden no salió del Gobierno»
Álvaro García Linera | Vicepresidente
La orden
– Traslado. El contingente policial del Comando Departamental de Beni ejecutará el traslado de 350 a 400 indígenas marchistas desde la localidad de Yucumo a Trinidad, para luego desplazarlos hasta las localidades de Loreto, Casarabe, San Pedro Nuevo y San Pablo. El traslado se hará en 10 buses de servicio público y con escolta de seguridad de seis camionetas.
– Paradas. En el trayecto desde Yucumo hasta Trinidad se realizarán paradas en el retén de ingreso a San Borja, Estación Biológica, en el puente sobre el río Cuberene, en el retén de ingreso a San Ignacio de Moxos, puente Tijimuchi, río Mamoré y retén de Trinidad. Se viajará a 80 km por hora.
– Seguridad. Se conformaron 20 grupos comandados por un oficial que tenía bajo a su mando a cinco policías. Fueron contratados 10 buses y cada uno tenía su escolta policial.
Postergan interpelación
El vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Álvaro García Linera, confirmó ayer la suspensión de la interpelación a los ministros de la Presidencia, Carlos Romero, y de Obras Públicas, Wálter Delgadillo.
Dijo que la determinación fue adoptada debido a la ausencia de ambas autoridades por la instalación de diálogo con la Asamblea del Pueblo Guaraní, en Camiri.
La sesión debía realizarse hoy y fue convocada para que expliquen las gestiones del Ejecutivo para resolver el conflicto del Tipnis.
Para saber
– Justificación. El diputado masista Luis Alfaro dijo ayer en Tarija que la represión policial contra los indígenas marchistas evitó desgracias mayores, por la posibilidad que había de enfrentamiento entre este sector y los colonizadores y cocaleros.
– Proceso. La organización Human Rights Watch instó ayer a las autoridades bolivianas a una investigación "rápida, exhaustiva e imparcial" de la represión el domingo a la marcha indígena que protestaba contra la construcción de una carretera sobre una reserva forestal.
– Presión. Los indígenas de Riberalta ingresaron en un cuarto intermedio en los bloqueos para centrar la atención en el reinicio de la marcha por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure para llegar a la ciudad de La Paz y plantear al Gobierno la atención al pliego petitorio de 16 puntos.
Reacciones
– Juicio. El Foro Social Pan-Amazónico, colectivo compuesto por más de 50 organizaciones de Sudamérica, repudia vehementemente la violenta, cobarde y brutal agresión de la Policía contra los indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure.
– Constitución. El Movimiento Al Socialismo (MAS), a través de los presidentes del Senado, René Martínez, y de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, interpreta que el derecho a la consulta indígena expresado en la Constitución Política del Estado no contempla una eventual construcción de carretera.
– Oportunismo. El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Pedro Montes, expresó ayer su malestar por la forma cómo algunos grupos opositores al Gobierno pretenden aprovecharse de las movilizaciones de protesta, convocadas por la COB, y los calificó de "politiqueros oportunistas".
– Desmentido. La ministra de Justicia, Nilda Copa, aseguró ayer que no instruyó la represión policial a la marcha indígena y que solo solicitó al Ministerio Público la investigación sobre el ‘secuestro’ del canciller David Choquehuanca, por parte de los movilizados.
– Acusación. La presidenta de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba, Juanita Ancieta, admitió que los colonizadores ocupan las tierras de los parques nacionales para sembrar coca.