El gobierno boliviano e indígenas amazónicos suspendieron el domingo un diálogo que habían iniciado el sábado sobre una polémica carretera financiada por Brasil y rechazada por los nativos al cruzar un parque ecológico, y se reabrió la posibilidad de que el conflicto crezca.
"El diálogo se suspendió, toda vez que no se sacó humo blanco", dijo por teléfono a la AFP el dirigente de los indígenas Fernando Vargas, desde el poblado de San Borja, a 317 km al noreste de La Paz, donde sostenía unas conversaciones con seis ministros del presidente Evo Morales.
Los indígenas rechazan una carretera de 300 km que cruzará el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), en el centro del país, de 1 millón de hectáreas, rico en flora y fauna y donde habitan varios grupos selvícolas desde tiempos ancestrales.
El gobierno, que defiende el carácter desarrollista de la obra vial, dijo que la suspensión del diálogo fue una decisión sorpresiva de los indígenas, cuando estaba en curso una negociación.
"Nos hemos sorprendido", dijo el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, principal responsable negociador del Ejecutivo, quien explicó que se planteó a los nativos que "presenten alternativas (cambios de ruta) para la construcción del camino: alternativas que sean viables desde el punto de vista ambiental, sociocultural y financiero".
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Su colega de Obras Públicas, Wálter Delgadillo, acotó por su lado que "lo que ha ocurrido ahora es un tácita ruptura del diálogo y se debe claramente a un cálculo político, que se cabalga en una reivindicación social".
Incluso dijo que "ellos (los aborígenes) creen que a partir de todo este proceso pueden construir una alternativa política" al oficialismo y que "están pensando en constituirse en una organización política".
Los nativos habían sido hasta ahora aliados de Morales, el primer aymara en llegar a la presidencia del país desde su fundación en 1825.
El dirigente Vargas replicó, en cambio, que es del gobierno la responsabilidad de elaborar rutas alternativas a la carretera que ahora tiene una extensión de 300 km a un costo de 415 millones de dólares.
La obra ya está en construcción, a cargo de la brasileña OAS, aunque todavía no ha ingresado al Tipnis, mientras el Ejecutivo dice que no hay rutas alternativas.
Al poblado de San Borja, sede de las negociaciones, llegaron el jueves pasado unos 2.000 indígenas de decenas de pueblos de Bolivia, en una marcha que comenzaron el 15 de agosto desde la ciudad de Trinidad, capital del departamento amazónico del Beni, con la intención de caminar 600 km hasta La Paz, como protesta a la vía.
"Estamos en un cuarto intermedio en las movilizaciones, pero el martes estamos reiniciando la marcha", acotó Vargas.
El primer escollo serio de los nativos es el poblado de Yucumo, a 51 km de San Borja, donde unos 100 campesinos leales al presidente Morales mantienen un corte de rutas desde la semana pasada y han anunciado que no permitirán que los indígenas continúen su caminata a La Paz, con un riesgo de enfrentamiento.
Vargas informó que para evitar un eventual conflicto "hemos pedido a los propios ministros que se levante el bloqueo de caminos" y agregó que también requirieron los buenos oficios del Defensor del Pueblo, Rolando Villena, para que se suspenda esta protesta.
De reanudar el martes la marcha, los indígenas estarían el jueves en Yucumo y entre 20 y 23 días más, si no hay incidentes, ante la sede de gobierno.
Los nativos, para frenar la obra, han recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), mientras el poder Ejecutivo ha acusado a los dirigentes de estar apoyados por Estados Unidos, empresas madereras, ONG ambientalistas, la derecha criolla y medios masivos de difusión críticos.
AFP