Destacados en Yucumo temen ir presos y plantean que cumplieron órdenes superiores. Evo no se responsabiliza y el exministro LLorenti dice que se va ‘con la conciencia tranquila’.
Los policías dicen que fueron abandonados en Yucumo. Temen un juicio, como pasó con los militares
Ruy D’Alencar. San Borja, El Deber
Los policías rechazan cargar con la culpa
Destacados en Yucumo temen ir presos y plantean que cumplieron órdenes.
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Eran unas fieras el domingo y ahora son como leones dormidos, con ganas de volver a La Paz y a Cochabamba. Los policías de la UTOP y de Umopar que actuaron en la represión a la marcha indígena han comenzado a abandonar Yucumo en buses y expresos, algunos con sus propios recursos, dicen, preocupados porque son señalados como responsables del hecho.
A los mandos medios del operativo no les hace gracia que el presidente Evo Morales los hubiese señalado, basándose en imágenes difundidas por la televisión, como los únicos autores de la intervención del campamento de San Lorenzo.
“Lo que puedo decir es que la presencia de funcionarios de Régimen Interior (que depende del Ministerio de Gobierno) explica muchas cosas”, sostiene un comandante que el domingo dirigió a uno de los grupos policiales, que accedió a hablar bajo el compromiso de guardar su nombre.
El oficial se refiere a la participación del ahora exviceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, y del director nacional de Régimen Interior, Boris Villegas, que estuvieron en el lugar de los hechos durante esa tarde y esa noche.
Farfán negó en su carta de renuncia haber sido él quien dio esa instrucción, pese a que el exministro Sacha Llorentti lo había responsabilizado.
Una semana y media antes del operativo, ambos funcionarios del Ministerio de Gobierno fueron vistos entre San Borja y Yucumo haciendo seguimiento a la evolución de la marcha indígena, en coordinación con la Policía. No quisieron hablar con la prensa entonces, cuando se les consultó sobre la posibilidad de una intervención. Tampoco se pudo establecer contacto con la Dirección de Comunicación del Ministerio de Gobierno, pues, según explicaron en ese despacho, hay un ambiente de reserva por la transición de autoridades.
Los policías que todavía están en Yucumo tienen miedo que los juzguen en tribunales, porque dicen que ellos solo fueron como los ‘músculos’ del operativo que tenía un ‘cerebro’ en La Paz. Algunos hablan de las consecuencias del juicio por la masacre de octubre de 2003, donde se dio 15 años de cárcel para los mandos militares que reprimieron en El Alto mientras que se dictó pena de tres años para dos exministros que autorizaron el uso de la fuerza.
Oficiales se reúnen de emergencia en La Paz
Al menos 30 oficiales de la Policía, que participaron de la represión a la marcha indígena del domingo 25, se reunieron ayer de emergencia en la nueva estación policial La Merced, ubicada en la zona Villa Fátima de la ciudad de La Paz.
Erbol constató que la reunión reservada entre los policías vestidos de civil se realizó entre las 15:00 y 16:00, después de que el contingente policial que participó del violento operativo recibió una severa llamada de atención desde el Ministerio de Gobierno por retornar a La Paz, desde San Lorenzo, Beni, sin orden superior.
“Nos amenazaron con echarnos (de la institución)”, dijo uno de los participantes de la reunión, que no quiso dar detalles de los puntos que trataron. Otro de los oficiales afirmó que buscan que sus superiores reconozcan los días de trabajo que llevaron adelante en Yucumo y zonas aledañas durante las jornadas en las que se encontraban en medio de los bloqueadores y marchistas.
Denuncian que tres personas no aparecen
La comisión política de la marcha indígena ha confirmado que tres hombres están extraviados después de la refriega policial del domingo.
Antonio Barroso, de 21 años, de la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonia de Pando (Cipoap), Esteban Alanoca, de 27, del Consejo Nacional de Ayllus y Marqas del Qullasuyu (Conamaq) y Silverio Condo, de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cepilap) son los nombre de las personas que se han identificado como extraviadas, según el reporte leído por el secretario de la comisión política, Miguel Charupá.
De acuerdo con Charupá, la ausencia de los tres hombres se ha constatado por el cruce de listas entre los marchistas llevados a Rurrenabaque y los que se quedaron en San Borja. No se ha confirmado el extravío de ningún menor de edad, sin embargo hay niños que todavía están separados de sus madres.
Las frases
«La presencia de funcionarios de Régimen Interior explica muchas cosas»
Oficial de la Policía |
«Los policías fuimos el músculo de un operativo que tuvo su cerebro en La Paz»
Oficial de la Policía
En la jornada
– Caso. La senadora Amalia Antonio (MAS) informó ayer de que se conformará una comisión mixta de la Asamblea Legislativa para que investigue la violenta represión policial a los pueblos del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
– Ironía. El diputado Wilman Cardozo, de Alianza Social, dijo ayer que el Gobierno sabría "fácilmente" quién ordenó la intervención policial a los indígenas si hubiera empleado los "pinchazos telefónicos", como hace con los opositores.
– Cambio. Sacha Llorenti entregó ayer el despacho del Ministerio de Gobierno a la nueva autoridad, Wilfredo Chávez, señalando que deja el Gobierno "con la conciencia tranquila y el espíritu intacto".
– Novatos. Un jefe policial informó ayer de que la mayoría de los ‘clases’ que actuaron sobre la marcha indígena no pasan de los 23 años y esta experiencia ha sido su primera represión.
– Enroques. El senador del gobiernista Movimiento Al Socialismo (MAS) Eugenio Rojas dijo ayer que no hay una rotación de ministros dentro del Gobierno, sino que la designación de Wilfredo Chávez y de Rubén Saavedra, en las carteras de Gobierno y de Defensa, respectivamente, se debe a que son personas con experiencia que conocen cargos ejecutivos.
– Proceso. El jefe de bancada de CN en Diputados, Osney Martínez, observó la designación de la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo, en la comisión que investigará la intervención policial que sufrieron los pueblos del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure.
Revelan malestar policial por anuncios de procesos
El ministro Llorenti renunció al cargo a consecuencia de los hechos de violencia contra los marchistas, que desató una ola de críticas y cuestionamientos en el país.
Uniformados. Fueron llevados desde La Paz para retener una marcha.
La Razón – A. Melgarejo – Cochabamba
El Comité Ejecutivo Departamental de Asociaciones Policiales (Cedeapol) informó que existe malestar en la institución policial por la decisión del Gobierno de sancionar y procesar a los efectivos que participaron de la represión a indígenas en Yucumo. Lamentaron lo sucedido, pero aclaran que sólo cumplen órdenes.
El secretario general de la institución, suboficial mayor Teófilo Guarachi, salió en defensa del contingente de 500 uniformados que intervinieron con violencia la marcha de los indígenas en Yucumo, Beni.
“El artículo 101 de la Constitución Política del Estado indica que los camaradas activos no tienen voz, los policías son subalternos, deben obedecer órdenes de la superioridad y por esos problemas, miren lo que ocurrió”, insistió Guarachi, quien reveló la existencia de malestar en filas policiales por lo que pasa.
En La Paz, medios de comunicación como Unitel reportaron que parte del contigente policial desplazado a Yucumo retornó a la sede de gobierno con sus propios medios y que se reunieron para fijar una posición sobre los anuncios del Gobierno.
El ministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, informó que identificarán a los uniformados que ejercieron violencia sobre los marchistas en el operativo del domingo. Su antecesor, Sacha Llorenti, explicó que las responsabilidades son personales.
Guarachi, a nombre de sus camaradas, pidió disculpas a los indígenas. “Queremos pedir perdón a los indígenas que marchan por el TIPNIS. Si bien es indignante la represión implementada, nuestros camaradas han utilizado la fuerza necesaria, es posible que con un poco de excesos pero en cumplimiento del deber, respetando la disciplina institución vertical”, sostuvo el policía.
Anunció que analizarán la situación de sus camaradas para analizar futuras acciones. “Es hora de que exista respeto a la institución policial y estos días vamos a decidir acciones de acuerdo a lo que ocurra”, afirmó.
El comandante de la Policía de Cochabamba, coronel Óscar Alvis, evitó fijar una posición sobre la investigación anunciada en contra de los uniformados que intervinieron la marcha en Yucumo. Los marchistas, por su parte, exigieron una investigación que establezca responsabilidades y sanciones contra los autores de la violencia.
Demanda planteada
El jefe del MSM, Juan del Granado, presentó una demanda penal contra del exministro de Gobierno Sacha Llorenti, el exviceministro de Gobierno Marcos Farfán, el comandante de la Policía, general Jorge Renato Santiesteban; el subcomandante, general Óscar Núñez; el general Edwin Foronda, inspector general; y el jefe de Inteligencia, coronel Víctor Santos, por los hechos de violencia contra los indígenas. Entre los delitos están genocidio y desaparición forzada.
‘Me voy con la conciencia tranquila’
Llorenti aseguró que no hay contradicciones con Farfán sobre el operativo.
La Razón – Carlos Corz
Sacha Llorenti, exministro de Gobierno, afirmó ayer que deja el cargo con la “conciencia tranquila”, y que no entró en contradicciones con el exviceministro de Gobierno Marcos Farfán, sobre el operativo de intervención contra la marcha indígena.
“Me voy con la conciencia tranquila, con el espíritu intacto y el compromiso también intacto… hay una sensación de que hemos cumplido algunas de nuestras metas”, afirmó poco después de entregar su despacho a su sucesor, Wilfredo Chávez.
Llorenti renunció el martes a raíz de los hechos de violencia del domingo contra los indígenas. Poco después fue posesionado en el cargo Chávez, hasta entonces viceministro de Coordinación Gubernamental. El exministro informó un día antes que Farfán estuvo a cargo de la acción policial y que renunció para asumir su defensa.
El acusado, en su carta de renuncia, explicó que la intervención respondió a una decisión operativa, y no suya.
Llorenti afirmó que no hay contradicción en las versiones sobre el hecho. “De ningún modo es una contradicción, él dijo que no se dio la instrucción de la forma en que se procedió”, afirmó la exautoridad, quien dijo que conversó con Farfán.
El exencargado de la seguridad interna afirmó insistentemente, entre el lunes y martes, que la acción policial contó con el requerimiento fiscal correspondiente, sin embargo el propio fiscal general, Mario Uribe, afirmó que no instruyeron ninguna intervención a la marcha.
Un contingente de al menos 500 uniformados irrumpió el domingo en el campamento de los marchistas, instalado cerca a Yucumo. Sometieron a golpes a los indígenas, y les taparon la boca y maniataron con cinta adhesiva. Las mujeres y niños no se salvaron de la violencia ejercida en el operativo.