Finalmente, llega el Día “D” para las elecciones judiciales. Día decisivo no sólo para el futuro del Poder Judicial, en unos comicios donde se juega la (des)legitimación del copamiento gubernamental de la justicia, sino para toda la democracia boliviana, en la medida en que un contundente rechazo ciudadano por vía del voto nulo podría convertirse en un freno al abuso autoritario.
La votación se da en el contexto de una oleada de indignación nacional, a raíz del atropello cometido contra los marchistas indígenas en un operativo instruido desde el Órgano Ejecutivo.
De ahí que el sufragio sea también, en cierto modo, un voto castigo a la gestión del presidente Morales, que actualmente muestra su nivel más bajo de aprobación desde que llegó al poder: 35%.
También la desaprobación presidencial llega a su segundo pico histórico con 55%, sólo superado por la alcanzada durante el “gasolinazo”.
Aún peor es la situación del vicepresidente Álvaro García Linera, reprobado por el 59% de los encuestados y con un apoyo de apenas 32%.
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El sondeo de Ipsos también registra una menguada credibilidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE) encargado de organizar los comicios, que ha bajado 27 puntos de respaldo desde las anteriores elecciones (abril de 2010), cayendo al 41%.
Sin duda, síntoma de la desconfianza ciudadana generada por el indudable sesgo del presidente del Órgano Electoral, Wilfredo Ovando, tanto por su actuación en el cargo como por las pruebas sobre su participación en la campaña de reelección de Evo Morales.
Así se llega al Día “D”: sin garantías de transparencia y con una creciente repulsa popular a un régimen caracterizado por la promoción de la violencia política.
En este escenario, la votación se convertirá en una pulseta entre la indignación y el fraude…