Exigen indemnización para marchistas torturados y heridos


Los pueblos indígenas agredidos protestan también porque los niños, madres y ancianos que sufrieron la arremetida policial, quedaron con traumas sicológicos que igualmente deberían ser motivo de una justa atención e indemnización por parte del Gobierno de Evo Morales.

En vísperas de su internación en una clínica en la ciudad de Santa Cruz, desde su reposo obligado en el hospital de Rurrenabaque, el líder indígena Celso Padilla, presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), exigió al Gobierno atención para más de un centenar de marchistas indígenas damnificados físicamente, como él, por la violenta agresión sufrida el domingo 25 de septiembre en poder de tropas policiales.

Padilla denunció que existen indígenas que se hallan inhábiles para desempeñar actividades físicas rutinarias debido a golpes y pateaduras infringidos por los uniformados que pretendían obligarlos a retornar a sus comunidades “cargándolos” en buses y aviones. “Fuimos prácticamente torturados y tenemos nuestros cuerpos llenos de magulladuras, rotura de huesos e incluso heridas internas”, informó, exigiendo que el Gobierno asuma todos los costos de curación como corresponde. “No podemos seguir con aspirinas para calmar los fuertes dolores que tenemos por las heridas; y en varios casos se requiere atención médica especializada e internación”, reclamó.



En su caso, Celso Padilla dijo que fue atado de pies y manos; “me patearon la espalda, el estómago, los brazos, las costillas, las piernas y el cuello”, reclamó. A causa de ello presenta hematomas en las piernas y cabeza, está impedido de caminar, y los calmantes que se le suministró no mitigaron los dolores en su cuerpo siendo internado de emergencia en Rurrenabaque, donde los médicos recomendaron trasladarlo a un centro especializado en Trinidad o Santa Cruz.

Los pueblos indígenas agredidos protestan también porque los niños, madres y ancianos que sufrieron la arremetida policial, quedaron con traumas sicológicos que igualmente deberían ser motivo de una justa atención e indemnización por parte del Gobierno del presidente Evo Morales.

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