El supuesto caso de tráfico de influencias del segundo vicepresidente peruano, Omar Chehade, pone a prueba al gobierno de Ollanta Humala en su primera crisis.
El Congreso y la Fiscalía del Perú investigarán a Chehade, quien fue acusado por un general retirado de la Policía de haber planteado en una reunión con otros oficiales el desalojo de los trabajadores de la empresa azucarera Andahuasi, que administra la policía por orden judicial, en favor del poderoso grupo empresarial Wong.
Mientras que Chehade, quien también es legislador oficialista, niega las acusaciones, el caso pone de relieve la reciente purga en la cúpula policial del país.
El primer ministro, Salomón Lerner, manifestó que el hasta ahora popular gobierno, con 66% de aprobación, ha aceptado la investigación.
Fuente: bbc