¿Cómo afronta el Gobierno del MAS la conflictividad? Conflicto por TIPNIS muestra en el Gobierno una “pésima” resolución de los problemas y una lectura errada de su naturaleza.
La marcha de indígenas en defensa del TIPNIS se inició el 15 de agosto. Archivo Página siete
La Paz, Página Siete
La resolución de conflictos es una “pata coja” en el Ejecutivo
GESTIÓN. El senador Eduardo Maldonado considera que el Gobierno no repara en la naturaleza “reivindicativa” de los conflictos recientes que tienen lugar en el país.
El conflicto por la defensa del TIPNIS muestra en el Gobierno una “pésima” resolución de los conflictos y, más aún, una lectura errada de su naturaleza. De esa forma piensan el senador del MAS Eduardo Maldonado y la socióloga María Teresa Zegada.
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Maldonado explica que en la primera gestión del Gobierno (2006-2009) éste se enfrentó a una “naturaleza de la conflictividad enmarcada en una perspectiva conspirativa y sediciosa”, debido a que estaba en disputa el poder. De ese escenario, el Ejecutivo salió airoso.
Sin embargo, desde su segundo mandato (2010 adelante), dentro del marco de la construcción del Estado plurinacional, “ese equipo de gestión de la conflictividad sigue aplicando los mismos parámetros para resolver los conflictos”, pese a que la naturaleza de la conflictividad ahora es de carácter “reivindicativa”, acorde con los nuevos actores (territoriales y sociales) que puso en escena el mismo proceso.
“No es casual que ante los conflictos de la CIDOB, de Caranavi, Potosí, el gasolinazo y ahora el TIPNIS la estrategia de gestión de conflicto acabe repitiendo errores, pues se pretende invalidar al interlocutor, deslegitimarlo y hasta afanosamente encontrar algún vínculo con la derecha o con EEUU”.
Zegada opina que, en el caso del TIPNIS, el Gobierno muestra una “posición muy ambigua” respecto a la resolución del conflicto, ya que no se responsabilizó “claramente a quienes propiciaron estos hechos de violencia” en la intervención policial del pasado 25 y porque existe “una visión muy clara respecto de la solución” del mismo.
El Presidente invitó a un gran debate nacional y consulta sobre la definición de la carretera, “lo cual resulta -según Zegada- insuficiente en un momento en que el país está expectante de que el Presidente dé una solución más clara al conflicto ”, lo cual denota que estamos ante “una gran incertidumbre con respecto a ausencia de respuestas efectivas.
Maldonado ve que, como ningún otro conflicto, en éste se puso “en entredicho la médula del proceso de cambio: la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de los derechos de la Madre Tierra”. Por eso cree que se requiere una “reconducción” del proceso sobre la base de autocrítica y debate interno y externo.
Punto de vista
María Teresa Zegada. Socióloga y analista. Este conflicto generó un quiebre de confianza entre el Gobierno con los movimientos indígenas, que son parte importante de su base social y que le dieron la identidad indígena, que al parecer está anclada en el ámbito discursivo pero muy poco en la realidad. Dentro de este escenario, el Ejecutivo tuvo una pésima administración del conflicto, debido a cómo derivó con la intervención, que dejó en segundo plano al TIPNIS, y se puso en discusión la vocación democrática del Gobierno.
Ante eso, se está tratando de blindar la figura del presidente, lo cual no es algo inédito. La renuncia de los ministros, el constituir una comisión de investigación son señales que tienden a descomprimir un poco la conflictividad y a establecer responsables que no sean los altos mandos, como el Presidente o el Vicepresidente.
Punto de vista
Luís Caballero. Ex comandante FELCN. Éste es un problema político, no es un fenómeno jurídico. En ese sentido, la Policía es la institución que está al servicio del Estado, pero está bajo dependencia del Ejecutivo. Normalmente el Ejecutivo dispondrá de la Policía para evitar diferentes problemas, o que aquellos crezcan más. Esto con la finalidad de dar tranquilidad y paz a la población. Los policías no actúan de por sí; dependen constitucionalmente del Presidente por intermedio del ministro de Gobierno. En situaciones políticas y fenómenos políticos, necesariamente tienen que recibir órdenes del factor político para poder actuar. Ahora, cuando se trata de un problema de carácter delictivo, como un delito flagrante, entonces la Policía sí puede actuar de forma directa, porque ésa es su misión. Pero en este caso el problema es eminentemente político.