Pese a la violenta represión, que conllevó vejámenes, torturas y agresiones innecesarias contra la marcha indígena, según el informe del Defensor del Pueblo y DDHH, el Gobierno se lava las manos y arremete contra los medios de comunicación.
El Ministro de la Presidencia, Carlos Romero.
"Los únicos genocidas y masacradores en el conflicto del TIPNIS son algunos medios de comunicación que se inventaron muertos y se prestaron al juego de los políticos de oposición que quisieron pescar en río revuelto", manifestó el domingo el ministro de la Presidencia, Carlos Romero.
Entrevistado en el programa "El Pueblo es Noticia" que se difunde en los medios estatales, Romero lamentó la actitud que asumieron algunos periodistas y medios de prensa que mintieron a la población al actuar sin ética para informar sobre esos hechos.
"Los medios de comunicación deben informar la verdad y coadyuvar a que los bolivianos se encuentren en escenarios de diálogo y no de confrontación, lo que no sucedió en este problema tras el inicio de la marcha de pueblos indígenas del oriente el pasado 15 de agosto", anotó.
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El Ministro se refirió a los informes que circularon en algunos medios de prensa, radiales y televisivos que especularon con informes sobre la violencia desatada en la intervención de la marcha indígena el pasado domingo.
Anotó que esos medios "con grandes titulares y coberturas mataron a la gente, inclusive a un bebé, mintiendo al pueblo y provocando hasta un movimiento de repulsa al Gobierno".
"Tras conocerse la verdad, de que no habían muertos, ni siquiera se dieron a la tarea de desmentir sus propias informaciones en el mismo lugar y extensión en el que publicaron", dijo.
Agregó que esos medios prestaron más atención a los pocos problemas y no se interesaron por los acuerdos los pasados días con la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG).
"Llegaron a decir que los guaraníes que estaban apostados en una huelga en la plaza 24 de Septiembre de Santa Cruz de la Sierra se retiraron de esa medida para plegarse a la marcha indígena que retomó su camino a La Paz desde Quiquibey", indicó.
"La verdad es que esos ciudadanos guaraníes se retiraron de la huelga por instrucción de los dirigentes de la APG por los acuerdos y coordinación logrados con el Gobierno sobre sus reivindicaciones", aseveró Romero.
Lamentó que esos medios hayan sido utilizados por algunos políticos de oposición, como Juan del Granado y Samuel Doria Medina, jefes del Movimiento sin Miedo (MSM) y de Unidad Nacional (UN), respectivamente, quienes hoy se rasgan las vestiduras y dicen defender a los pueblos indígenas.
Puntualizó que lo mismo sucede con otros políticos de Convergencia Nacional (CN), cuyo historial de vida siempre ha estado ligada al latifundio y a la explotación de los pueblos indígenas.
"A ese grupo hay que sumar a los cívicos de Santa Cruz, quienes se declaran hoy defensores del medio ambiente, cuando muchos de sus dirigentes acumularon jugosas ganancias con la acumulación y explotación de tierras en el oriente, además de tener un espíritu racista", enfatizó.
"Lo que se ve es que esos grupos no conocen de la ética en la política y solamente ingresan a ese escenario para defender sus propios intereses, antes que los del pueblo", indicó.
Romero dijo que hasta en la guerra hay ética, lo que no se ve en los partidos de oposición que se juntan a algunos medios de comunicación en el intento de sobrevivir tras haber perdido el apoyo del pueblo en reiteradas consultas electorales desde 2005.
Torturas y Vejámenes
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDBH) y Defensor del Pueblo confirman que durante la intervención policial del pasado domingo a los indígenas, se verificaron torturas y vejámenes a los marchistas del TIPNIS, por lo cual exigieron el inicio de investigaciones para dar con los autores materiales del hecho.
La presidente de la APDHB, Yolanda Herrera, aseguró que se cometieron excesos de parte de los funcionarios policiales porque muchos dirigentes de los indígenas del TIPNIS estuvieron más de seis horas amarrados, sin agua ni comida y sangrando por los golpes propinados sin consideración alguna.
Un despacho de la red Unitel, da cuenta que tuvo contacto con el fiscal Orlando Rivero encargado de investigar los hechos y hasta el momento existiría más de 70 personas que recibieron fuertes golpes que están en proceso de evaluación del médico forense para acumular al proceso de investigación.
La documentación será presentada como prueba de cargo que el Ministerio Público a la hora de justificar una eventual acusación contra los autores de los daños físicos perpetrados a niños indígenas, mujeres y hombres indígenas que descansaban en Chaparina cuando intervenidos violentamente por los policías.
Cochabamba / opinion.com.bo (Fuente: Abi y Agencias) 02/10/2011 |