Emilio Martínez*
Se trata de una crisis de derechos humanos sólo comparable a la que tuvo lugar en el periodo de las dictaduras militares de los años ´70 y comienzos de los ´80, con la diferencia de que ahora un manto de silencio encubre esta trágica situación.
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), al momento existen 618 bolivianos viviendo asilados en distintos países.
El mayor contingente se encuentra en Brasil, compuesto por exiliados que debieron abandonar el territorio nacional tras la declaratoria del Estado de Sitio en Pando y la posterior militarización de ese departamento.
Un reportaje del diario Los Tiempos indica que habrían sido más de 600 pandinos los que tuvieron que buscar refugio en ciudades como Brasilea y Epitaciolandia, pero el diputado brasileño Zico Bronzeado (Partido de los Trabajadores) estima que el número de refugiados bolivianos en su país llegó a más de 1.000 en el peor momento de crisis.
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Legalmente, 118 personas cuentan con el estatus de asilados en Brasil, concedido en votación unánime por el Consejo Nacional para los Refugiados (Conare) de ese país.
Según el Ministerio de Justicia brasileño, la decisión de otorgarles ese status se tomó en virtud de que existe un “fundado temor” de persecución política, además de una falta de garantías para que se realice un proceso legal imparcial.
El ministro de justicia durante el gobierno de Lula da Silva, Tarso Genro, dijo a los medios que los refugiados “son personas del pueblo, trabajadores, comerciantes”, agregando que “no nos interesa si el conflicto los ha colocado en la izquierda o la derecha”.
El grupo de refugiados incluye a la ex presidenta del Comité Cívico de Pando, Ana Melena, y a 9 periodistas, entre ellos Jairo Vallejos (Unitel), Juan Carlos T., Donald D. y su hermano Dilermando D. (Cadena A), Ernesto Flores (Canal Educativo), René S. Ch. (corresponsal de Panamericana) y el director de la Unidad de Comunicación de la Prefectura de Pando, Hugo Mopi.
Entre los exiliados en Brasil también se encuentran el juez Luis Tapia Pachi, David Sejas, Lorgio Balcázar y Alejandro Brown, perseguidos judicialmente en el marco del denominado “caso Rozsa”. La mayoría de ellos ya cuenta con el estatus de refugiados concedido por el Conare brasileño.
El segundo mayor grupo de exiliados reside en Estados Unidos, incluyendo al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, el ex candidato presidencial y ex prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa; el ex presidente cívico Branko Marinkovic, los ex ministros Carlos Sánchez Berzaín y Guido “Chelelo” Añez, el empresario Humberto Roca y el ex vocero del Conalde Erick Fajardo, entre otros.
En Perú se encuentran 3 ex ministros con estatus de refugiados: Mirtha Quevedo, Jorge Torres Obleas y Javier Torres Goitia; mientras que en Paraguay residen con asilo concedido por el Conare el suspendido gobernador de Tarija, Mario Cossío, y su asesor Rubén Ardaya. En ese país también se encuentra refugiado el ex ministro de gobierno y ex vicepresidente cívico, Guido Náyar Parada.
El gobierno de Evo Morales intenta descalificar a los exiliados acusándolos de ser culpables de delitos comunes, práctica habitual en regímenes como los de Cuba y Venezuela. Pero la amplitud del fenómeno del exilio muestra claramente las dimensiones políticas de la persecución.
*Escritor y analista político
Revista Zumate – Santa Cruz