Medida. Los propietarios de los autos indocumentados protestan en varias regiones
La Aduana Nacional de Bolivia (ANB) no bajará los costos de la nacionalización de los vehículos ilegales, ni devolverá a sus dueños los carros decomisados que ingresaron al país tras de la promulgación de la Ley 133, si no muestran documentación legal.
Así lo anunció ayer la presidenta de la ANB, Marlene Ardaya, quien descartó la posibilidad de una rebaja debido a que el 95% de los propietarios de los 61 mil vehículos ilegales (chutos) que se acogieron al Programa de Saneamiento Legal pagaron hasta ayer los aranceles y multas al contado y sólo el 5% solicitó hacerlo en pagos.
“No tiene nada que ver con la Aduana porque estas multas han sido propuestas por la Asamblea Legislativa Plurinacional y sólo el Ejecutivo está cumpliendo esta norma, lo mismo con el arancel”, afirmó la autoridad aduanera.
Desde el jueves, los transportistas afiliados a la Federación de Choferes 1ro de Mayo, en el Beni, iniciaron un bloqueo indefinido de la carretera Beni-Santa Cruz pidiendo a la ANB la rebaja en los aranceles y multas para la nacionalización de los chutos.
“Nosotros queremos nacionalizar nuestras movilidades con arancel cero, pero que sean sin multas para que nosotros podamos pagar”, señaló Miguel Roca, dirigente de la Federación de Choferes 1ro de Mayo.
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Además, alrededor de 100 personas que forman parte de la Asociación de Propietarios de Vehículos Indocumentados (APVI) que se registraron en el Programa de Regularización Vehicular protagonizaron ayer una marcha por el centro de la ciudad de La Paz demandando al Gobierno la devolución de 33 motorizados que habían sido decomisados por la ANB con el argumento de que ingresaron al país después de la promulgación de la Ley 133.
También pidieron la rebaja de los aranceles y multas para la nacionalización de los chutos, que en algunos casos sobrepasan el 100% del valor del vehículo.
El representante de APVI, Juan Choque, explicó que un camión de marca Volvo que tiene un valor de $us 30 mil, “para nacionalizar cuesta $us 40 mil y creo que es absurdo, porque debería beneficiar a la gente pobre”.
Por su parte, el presidente en ejercicio Álvaro García Linera ratificó la posición de la Aduana y dijo que los dueños de los carros indocumentados deben pagar los aranceles y las multas establecidas, porque “de aquí para el futuro las sanciones van a ser fuertes”.
La “enseñanza de esta legalización es, señores ‘chuteros’ (…) que no les conviene comprar carros ilegales porque al final van a estar pagando el doble o el triple de lo que les costaría pagar si lo hacen por la vía normal, es una gran lección, eso antes no se la hizo”, dijo.
El jueves 27, un centenar de propietarios de vehículos indocumentados protestaron por los “cobros excesivos” que realiza la ANB. También en Uyuni, Potosí, un propietario de los carros ilegales denunció que no sólo se cobran aranceles y multas elevadas para el proceso de nacionalización, sino que además “se robaron partes de los vehículos”.
Según el artículo 3 de la Ley 133, los dueños de estos motorizados que se acogieron al programa deberán realizar el pago de tributos aduaneros aplicables a su importación, sobre las tablas de valores y depreciaciones que apruebe la ANB. Los vehículos a gasolina deben pagar una multa del 50% del tributo aplicable, a Gas Natural Vehicular (GNV) 25% y los a diésel 100%.
Decomiso. La presidenta de la ANB indicó que los propietarios de los 33 vehículos que fueron decomisados en Challapata, Oruro, deben presentar la documentación legal para que se realice su devolución.
Ardaya indicó que según la base de datos proporcionada por la Aduana chilena, 6.173 vehículos fueron certificados en Iquique al momento de la promulgación de la Ley 133. Según la autoridad, los 33 carros decomisados habrían ingresado al país desde Iquique, después de la publicación de la Ley del Programa de Saneamiento Legal de Vehículos 133.
Por su parte, el dirigente de la APHI, Plácido Castillo, anunció que a partir del lunes se iniciará “el bloqueo de caminos a nivel nacional” de forma indefinida, hasta que sean atendidos en su demanda por el Gobierno.
Una mujer muere al internar chutos
Una mujer de 38 años identificada como Rosario V. C. murió en una confusa balacera la madrugada del jueves 27, cuando junto a otras cinco personas intentaba internar al país dos vehículos indocumentados (chutos) por la frontera con Chile, informó ayer a radio Pío XII el fiscal de Llallagua, Eugenio Marca.
El hecho se produjo aproximadamente a las 02.00 en el sector denominado Palaya, según información que habrían proporcionado a Marca dos sobrinos de la víctima, quienes fueron testigos del incidente mortal.
El cadáver de Rosario V. C, oriunda del centro minero de Catavi, fue trasladado en una ambulancia hasta Llallagua, junto a sus dos sobrinos, Joel y Jhenny, la noche del jueves. Según informó la emisora, parte de la red Erbol, Marca atendió el caso en un principio, pero por tratarse de un hecho de contrabando posteriormente remitió las declaraciones y todas las pruebas recabadas al fiscal de frontera de Potosí, Daniel Ticona.
En sus declaraciones ante el fiscal de Llallagua, Joel indicó que los disparos salieron de una camioneta blanca similar a las que usan los militares bolivianos para patrullar en la frontera. A su turno, Jhenny dijo que vio a una persona que vestía ropa camuflada, quien presuntamente habría efectuado los disparos en medio de la oscuridad.
“Pero tampoco se descarta que se trate de otro tipo de personas, hasta de gente civil que se podría dedicar a realizar atracos a mano armada”, afirmó el representante del Ministerio Público.
Ambos testigos indicaron que la muerte se produjo durante un tiroteo que se desató cuando, al ser descubiertos, los “chuteros” intentaron huir con los vehículos.
Fuente: La Razón