Analistas advierten que los únicos procesados por hechos trágicos son los “señalados por el Gobierno” de Morales, pero las autoridades del Ejecutivo quedan sin asumir sus responsabilidades.
La represión tuvo un plan y nadie asume la autoría
Ruy G. D’Alencar Delgado, El Deber
Protesta. La Policía reprimió a los indígenas de dos frentes. El segundo flanco se abrió dentro de un predio ubicado a 500 mts del campamento originario. Aprehendieron a 300 personas.
Tensión. El reclamo airado de mujeres indígenas y del presidente de la subcentral del Tipnis, Fernando Vargas, no persuadió a los policías de retirarse del predio.
No hay responsables a la vista de la represión policial a la marcha. La violencia le costó la cabeza a Sacha Llorentti, exministro de Gobierno; a su exviceministro de Régimen del Interior; Marcos Farfán y al subcomandante de la Policía Nacional, Óscar Muñoz, pero aun no se identifica al que dio la orden de intervención.
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Los indígenas han dejado claro que el 25 de septiembre la Policía actuó de forma ordenada y siguiendo una planificación; una relación de hechos así lo deja en evidencia.
Esa tarde, la Policía se pertrechó dentro de un predio antes de reprimir la marcha indígena. Eran las 17:00 cuando la guardia indígena, unos 50 hombres provistos de arcos y flechas, corrieron 500 metros hacia Chaparina al percatarse de que 200 policías antimotines, bien equipados, habían abierto un segundo frente adentro de una hacienda próxima al campamento de San Lorenzo de Yucumo. Mientras, otro cordón policial se mantuvo cerca del grueso de la columna de marchistas.
Pronto, los indígenas se vieron rodeados por dos grupos de uniformados, en una disposición táctica que amenazaba con sofocar a los originarios: la intervención era cuestión de minutos, entendieron los marchistas. Parecía una estrategia militar de asalto.
Gráficas reveladoras muestran (ver fotos) cómo el presidente de la subcentral del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), Fernando Vargas, acompañado de la guardia de la marcha, exige a los efectivos de la Policía que se retiren del lugar, pues su presencia representaba una amenaza para el campamento.
Vanos fueron los intentos de persuadir a los uniformados de abandonar el lugar, ellos permanecieron ahí indicando que se asentaron porque fueron retirados del campamento de Chaparina y que solo esperaban órdenes superiores para replegarse; nadie creyó en esa promesa.
Los policías bien equipados de gases lacrimógenos, cascos y escudos, pidieron a Vargas y a la guardia de originarios un plazo de 30 minutos para hacer consultas a sus superiores para desocupar el lugar; sin embargo, la tensión se apoderó del ambiente y la guardia rodeó el segundo frente policial.
Los oficiales dijeron que no tenían vehículos para trasladarse a Yucumo, mientras se acomodaban seis camionetas de la Policía a un costado de la propiedad. Por otro lado, cerca del campamento indígena se vio llegar tres buses desde Yucumo, mismos que se apostaron a un lado del cordón de uniformados.
A las 17:20, una de las movilidades, que había sido identificada en días pasados como vehículo de Inteligencia cruzaba por el predio que ocupó el segundo frente policiaco, una vagoneta Nissan Patrol blanca. Allí se trasladaban cuatro personas vestidas de civil, pero los indígenas los señalaron como hombres de la dirección de Régimen del Interior.
“Ahora, carajo”, fue el grito que se escuchó desde dentro de la propiedad, antes de que comience la reacción de los policías antimotines. La represión fue resistida unos minutos por la guardia indígena, pero rápidamente quedó diezmada. Los policías comenzaron a golpear, maniatar y a cargar en las camionetas a los marchistas que encontraron a su paso. La arremetida fue violenta.
Por otro lado, el primer grupo de uniformados irrumpió con fuerza en el campamento desprotegido, donde había algunos hombres, varios jóvenes, pero sobre todo mujeres y niños. Se usó gases, palos y cinta adhesiva para capturar a los indígenas. Todo sucedió en presencia de veedores de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y gente de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
La Policía capturó primero a los que se identificó como dirigente. Se llamó a cada uno por sus nombres. Muchos recibieron verdaderas golpizas.
Fernando Vargas y Celso Padilla, presidente la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), entre otros, fueron algunos de los que capturaron primero. Muchas mujeres y niños huyeron despavoridos hacia el monte perdido detrás de las haciendas de San Lorenzo de Yucumo. El operativo duró alrededor de una hora, entre que terminaron de arrestar a más de 300 personas y esperaron la llegada de más buses. En el lugar se pudo ver al director nacional de Régimen Interior, Boris Villegas, que se rehusó a dar explicaciones sobre la intervención. También estuvo Víctor Hugo Maldonado, jefe nacional de Inteligencia.
La refriega tuvo anuncio previo
Fernando Vargas, presidente de la subcentral del Tipnis, estaba seguro de que en unos días más golpearían con fuerza a la marcha indígena. Era el domingo 11 de septiembre. Habían pasado 28 días de caminata y faltaban dos semanas para que sus miedos se confirmen con palos, gases y ataduras. Vargas se acababa de enterar por la radio de que 450 hombres de verde olivo llegaron a Yucumo desde La Paz y Cochabamba; él pensó en voz baja que ellos no habían venido a ‘jugar’.
En el campamento se escuchó decir a algunos indígenas que fueron a San Borja que habían hombres del Régimen del Interior alojados en un cómodo hotel del pueblo. El cielo lloró gotas gruesas de lluvia y la sicosis por la intervención comenzó a asentarse como niebla en la cabeza de los marchistas. Eso duraría 14 días más.
Al día siguiente vino la denuncia: el Gobierno va a intervenir la marcha con policías, dicen los indígenas a todo el país por medio de la prensa. “No se vayan a ir, no sabemos lo que puede llegar a pasar”, dijo ese día Yenny Suárez, cabeza del comité político de la movilización. Lo del 25 de septiembre los indígenas lo vieron venir desde La Embocada.
“Tengo la corazonada de que hoy nos van a arrestar y al Gobierno no le va a pesar usar la fuerza”, es lo primero que dijo Vargas la mañana del 25. Llegó una carta del ministro de Carlos Romero. Era una invitación a dialogar esa noche en La Paz. Nadie confiaba en esa invitación. Cuando el comité político de la marcha se dispusía a discutir la invitación de Romero, la amenaza de intervención se hizo real.
Persiste violencia en “proceso de cambio”
Los únicos procesados por hechos trágicos son los “señalados por el Gobierno”, pero las autoridades del Ejecutivo quedan sin asumir sus responsabilidades, según analista Carlos Cordero.
El Diario
Efectivos policiales reprimen la protesta de indígenas que se oponen a la construcción del segundo tramo de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos ¿Quién dio la orden?
La dilatación en las investigaciones sobre la represión policial a la marcha indígena del pasado 25 de septiembre se suma a los casos producidos en cada departamento de Bolivia donde no se establecen responsables desde el Gobierno central. El denominado “proceso de cambio” en más de cinco años ha dejado violencia y muerte que no es sancionada, pese a las promesas electorales de respetar la vida y el estado de derecho.
Según el analista Carlos Cordero, el régimen de Evo Morales llegó al poder en medio de la expectativa ciudadana y con la promesa de no ejercer violencia estatal como sucedió con gobiernos anteriores y el trágico antecedente de octubre de 2003.
Sin embargo, a partir de los enfrentamientos de sectores mineros de Potosí en 2006 hasta la reciente represión policial a la marcha indígena en Beni, cada departamento tuvo hechos trágicos y los únicos procesados son los “señalados por el Gobierno”, mientras las autoridades del Ejecutivo quedan sin asumir sus responsabilidades. La conformación de una comisión internacional, con intermediación de ministros del gabinete de Evo Morales, para determinar responsabilidades por la represión a los marchistas podría postergar una vez más la ejecución de la justicia en el país.
Violencia gubernamental continúa sin responsables
Represión de Yucumo podría ser un caso más. Acciones represivas y violencia política caracterizan al “proceso de cambio”.
Desde 2006, cada departamento de Bolivia sufrió hechos de confrontación y sangre que no han sido penalizados en esferas del Gobierno.
Los gases lacrimógenos aun causan efecto en el campamento indígena. Las lágrimas corren en los ojos de los niños al tiempo que sus rostros revelan el terror y la incertidumbre al estar separados de sus madres mientras los efectivos policiales los terminan de acomodar en una camioneta. Los buses que pronto partirán con rumbo desconocido están ocupados por mujeres y hombres indígenas custodiados por policías. Otro grupo huyó hacia los montes en medio de las últimas horas del día.
Entre ocho y diez uniformados rodean al presidente de los comunarios del TIPNIS, Fernando Vargas, efectivos policiales lo lanzan contra el piso, le pizan la cabeza para ser maniatado y luego lo amordazan con cinta masquin. Otros miembros de la dirigencia indígena corren la misma suerte. Las mujeres tampoco son libres de este atropello ya que al igual que los varones son incluso arrastradas en el piso.
Muchas conjeturas se han generado desde entonces acerca de quien dio la orden en esta brutal y violenta intervención el pasado domingo 25 de septiembre por parte de miembros de la Policía Nacional en contra de la marcha indígena que aún se moviliza en defensa del TIPNIS. Hasta el momento no existen responsables y el Gobierno se empeña en formar comisiones de investigación que no inician su trabajo ni dan resultados.
Si bien es cierto que los uniformados de la institución verde olivo sólo cumplen órdenes, la interrogante sigue en el aire. ¿Quién dio la orden?
La violenta intervención policial a la marcha del TIPNIS dejó más de 150 heridos, cuatro graves que se recuperan con recursos propios y el aporte de sus organizaciones; un anciano corre el riesgo de quedar parapléjico. Según el defensor del Pueblo, Rolando Villena, el Gobierno no brindó ningún tipo de ayuda a los agredidos.
Lo evidente es que el Gobierno del mandatario Evo Morales ha demostrado que durante su gestión en los conflictos suscitados nunca se ha llegado a conocer a los verdaderos responsables de hechos donde corrió sangre.
Para el analista Carlos Cordero, el Gobierno de Evo Morales despertó la esperanza en Bolivia cuando ganó las elecciones del 2005 y esta esperanza estaba cifrada en que iban a cambiar muchas cosas y una de ellas era la violencia estatal.
“Debería cambiar la violencia del Estado, la injusticia, estas cosas están unidas. Lamentablemente, una de las famosas frases del Presidente fue ‘si hay un solo muerto en mi Gobierno me voy’ y ya se han contabilizado varios muertos desde los hechos de Huanuni hasta el presente y varios hechos de violencia”, explicó.
Corderó añadió: “No hay procesos que concluyan ni culpables que se identifiquen, excepto los que son acusados por el Gobierno, todos los que son acusados por el dedo del Gobierno o están en la cárcel, o están en el exilio o tienen un juicio de por medio. Pero los responsables del Estado están impunes u ocupando cargos en el exterior como embajadores. Entonces sigue vigente una especie de doble moral con respecto a la justicia. Esa esperanza ha cambiado en la gente y nada ha cambiado”.
Ninguna autoridad o legislador consultado por EL DIARIO quiso responder por este planteamiento, sin embargo, los conflictos sociales son asumidos por el Ejecutivo como “tensiones dinámicas” y contradicciones necesarias en un proceso de revolución y cambio de modelo de Estado.
Violencia política en ocho departamentos
Durante las dos gestiones del régimen de Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo (MAS) se vivieron enfrentamientos y violencia política en ocho de los nueve departamentos de Bolivia por disputas de poder y tensiones sociales que no fueron solucionadas a tiempo.
POTOSI
Por lo menos doce muertos y unos 56 heridos sería el resultado preliminar de los enfrentamientos entre trabajadores sindicalizados y los cooperativistas en la población de Huanuni a consecuencia de la disputa de campos de trabajo en el cerro Posokoni en octubre del 2006. Los mineros responsabilizaron a la ex ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, por haber actuado tarde y no impedir que la violencia se incremente. Muñoz renunció y pasó a ejercer funciones diplomáticas fuera del país.
SUCRE
En la capital constitucional del Estado se registraron en noviembre de 2007 hechos violentos y una represión policial que dejó como saldo tres muertes y cientos de heridos en la zona de La Calancha.
Juan Carlos Serrudo Murillo, José Luis Cardozo Lazcano y Gonzalo Durán Carazani fueron las tres víctimas fallecidas en los enfrentamientos de noviembre de 2007, cuando activistas sucrenses pedían capitalidad plena a la Asamblea Constituyente que se encontraba trabajando en la nueva Carta Magna.
COCHABAMBA
El 8 de enero de 2007 una movilización de campesinos afines al MAS concluyó en agresiones hacia la prefectura de Cochabamba, entonces a la cabeza de Manfred Reyes Villa. La población reaccionó y se dieron enfrentamientos entre “oficialistas” y “opositores”.
El campesino José Ticacolque y el universitario Cristian Urresti fallecieron tras la convulsión social. Una persona relacionada a la Prefectura fue condenada a cárcel por la muerte del campesino, mientras no existe ningún proceso contra los dirigentes del sector “masista” en el caso de la muerte del universitario.
TARIJA
Desmanes de cívicos de Tarija contra instituciones estatales causó una seria represión que incluso pudo generar muertes, tal es el caso de la violencia de opositores al MAS que dañaron instalacioens de empresas como YPFB. Desde entonces, el Gobierno central afirma que en 2008 hubo un intento de “golpe de Estado cívico prefectural”.
PANDO
Los enfrentamientos en Porvenir producidos el 11 de septiembre de 2008 dieron como resultado once personas fallecidas entre campesinos y civiles afines a la entonces Prefectura. El Gobierno culpó al ex prefecto Leopoldo Fernández, mientras la oposición asegura que fue un enfrentamiento planificado desde el Ministerio de la Presidencia y su titular Juan Ramón Quintana. Fernández está en detención desde hace tres años sin sentencia.
SANTA CRUZ
En la capital oriental se estructuró una célula irregular conformada por milicianos extranjeros y bolivianos al mando de Eduardo Rosza. El 16 de abril de 2009, una intervención de grupos especiales de la Policía abatió a Rozsa y otros dos sujetos. Después de esa noche, cívicos y políticos de Santa Cruz y la denominada “media luna” opositora al régimen fueron acusados y apresados, por presuntos vínculos con esta célula acusada de terrorista.
Un video soborno fue hecho público en 2011 mostrando como uno de los implicados e informantes, Ignacio Villa Vargas recibía dinero de un alto asesor del Ejecutivo. Sólo “el viejo” fue detenido y procesado.
LA PAZ
Una represión policial ante un bloqueo en el norte de La Paz dio como trágico resultado a dos jóvenes muertos por impactos de bala.
En mayo de 2010, estos dos jóvenes fueron víctimas de la Policía, cuando se intentaba desbloquear la ruta a Caranavi, bloqueada por peticiones sectoriales. El ex general Oscar Nina y el entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, fueron acusados por los dirigentes de la región de ser autores intelectuales de los hechos.
BENI
El 25 de septiembre de 2011 será recordado por el día en que el gobierno del primer presidente “indígena” reprimió con violencia extrema a una marcha de originarios de Tierras Bajas.