Investigación por supuesto ‘financiamiento’. Dirigente cívico y de Derechos Humanos denunciaron que sigue el amedrentamiento a autonomistas. Aerolínea. No habría cobrado pasajes al supuesto grupo de Rózsa.
Foto: DESAFÍO. El gobernador Rubén Costas dio un paseo ayer por las calles de la ciudad de La Paz, invitado por un canal de televisión.
El Día
Citan a más cruceños por el caso Rózsa
El fiscal Harry Suaznábar anunció ayer la ampliación del llamado caso Rózsa II, relacionado al financiamiento de una supuesta célula subversiva desarticulada en Santa Cruz, contra cuatro personas que al parecer serán citadas a declarar hoy.
Se trata de Tatiana Marinkovic, su abogado Nenad Matkovic, Pedro Yovío, del Banco Económico, y "un personero" de la compañía aérea AeroSur.
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En declaraciones a las redes Gigavisión y ATB, el representante del Ministerio Público explicó que todos serán investigados por el presunto financiamiento a la supuesta célula subversiva de Eduardo Rózsa.
Rózsa y dos compañeros, Michael Dwyer y Árpád Magyarosi, fueron victimados en un operativo policial en el hotel Las Américas el 16 de abril del 2009 y el hecho dio paso a dos investigaciones: una por terrorismo y separatismo y otra por el supuesto financiamiento.
Es persecución. Sobre el tema, el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Alberto Áñez condenó el hecho y señaló que se trata de un acto de persecución política a dirigentes cruceños que hicieron campaña por la autonomía departamental y que se opusieron al régimen dictatorial que impulsa el Gobierno del presidente Evo Morales.
"No ha terminado ni el primer caso (Rózsa 1) cuando ya se inventan este otro y empiezan a perseguir. Su intención es seguir amedrentando porque no van a probar nada en los estrados judiciales", dijo Áñez.
Por su parte, el abogado defensor de uno de los 39 imputados en el caso Rózsa I, Gary Prado, observó que no tiene razón de ser que citen por segunda vez a Pedro Yovío e involucren de nuevo a la empresa AeroSur y amplíen las investigaciones contra personas por ser parientes de exdirigentes cívicos cruceños que apuntalaron la autonomía departamental, en un caso, y en otro por asumir su defensa, como lo haría cualquier abogado porque es su oficio.
Recolección de firmas. Por su parte, el presidente de la Asamblea Boliviana de Derechos Humanos, Víctor Hugo Velasco, anunció que esa entidad comenzó un proceso de recolección de firmas para pedir la intervención de la comunidad internacional en el proceso judicial del denominado “caso Rózsa”.
“Las violaciones a los derechos humanos cometidas en ese proceso ameritan la intervención de organismos internacionales”, dijo.
Velasco cuestionó el hecho de que el caso haya sido basado en las declaraciones de un testigo, Ignacio Villa Vargas, alias “El Viejo”, que luego confesó haber sido sobornado por funcionarios gubernamentales.
Además recordó la serie de irregularidades como el sembrado de pruebas, allanamientos ilegales, asesinato sospechoso de los presuntos cabecillas, declaratoria de inocencia de sobornadores a pesar de haber videos que se agregan al caso del fiscal Suaznábar que lleva el caso sorprendido cenando en un hotel paceño con agentes del Ministerio de Gobierno.
"El caso Rózsa no tiene pies ni cabeza. No entiendo la lógica de citar a personas por segunda vez y a otras extrañas a la investigación. El fin es amedrentar’.
Gary Prado
Abogado defensor
"Ni siquiera cierran un caso cuando abren otro. El fin es perseguir a los líderes cruceños y sus familiares por el solo hecho de haber defendido la autonomía’.
Luis A. Áñez
Vicepresidente del Comité Cívico
DESACATO
Costas fue a La Paz, paseó y dijo que no volverá por juicio
EN EL PRADO. En pleno corazón paceño apareció ayer el gobernador cruceño, Rubén Costas, quien ayer aceptó ser invitado del programa de televisión de la Red PAT dirigido por Casimira Lema.
PROCESO. La primera autoridad departamental de Santa Cruz expresó que mantiene su posición de no declarar el 5 de diciembre en La Paz por un tema de principios. “Incurrí en el delito de desacato porque dije que en Bolivia se estaban incrustando las mafias internacionales; sin embargo, hoy el presidente reconoce que las mafias están en Bolivia", dijo.
Suaznábar investiga el papel de AeroSur en el caso Terrorismo II
Aerolínea. No habría cobrado pasajes al supuesto grupo de Rózsa.
La Razón – Ernesto Calizaya
El fiscal Harry Suaznábar, quien dirige las pesquisas para dar con los “financiadores” del presunto grupo terrorista de Eduardo Rózsa, indaga a AeroSur, porque habría transportado a los integrantes de la célula con boletos de viaje por los que no cobró.
Investigador. El fiscal Harry Suaznábar, que tiene a su cargo el caso Terrorismo II, declara a reporteros.
"Se tomó conocimiento de que el grupo irregular llegó a territorio nacional vía esta línea aérea y, aparentemente, no se habría cobrado por estos viajes, por estos boletos, por lo que se está analizando la posibilidad de ampliar la investigación en contra de los responsables, de quienes resulten responsables en AeroSur”, dijo.
Suaznábar reveló que el Ministerio Público hizo algunos requerimientos a la citada línea aérea, para que proporcione información referida a los boletos de avión que habrían usado los miembros del presunto grupo Rózsa, las facturas y los nombres de quienes compraron y vendieron esos pases, al igual que el lugar donde fueron adquiridos.
Indicios “Se colecta indicios para responsabilizar a quien corresponda (…) AeroSur no ha respondido hasta ahora con la información que se le ha solicitado”, manifestó el fiscal.
El abogado Jorge Valda, quien representa al presidente de la aerolínea AeroSur, Humberto Roca, dijo que no fueron notificados sobre una ampliación de investigación en su contra. “Únicamente los requerimientos que han llegado a la empresa refieren a boletos aéreos y la compra de pasajes, pero en realidad en ninguno se notifica la ampliación de investigación en contra de mi cliente”, añadió el jurista en una entrevista con este diario.
Las pesquisas también se extendieron a Tatiana Marinkovic, hermana del excívico cruceño Branko Marinkovic. La investigación se amplió por la presunta comisión de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, terrorismo y otros, según datos del cuaderno de investigaciones, donde también figuran los nombres de accionistas de entidades financieras, entre otras personas. La fiscal Mery Gutiérrez, quien fue designada al inicio para conducir las indagaciones sobre los “financiadores” de Rózsa, presentó en julio una lista de 35 personas implicadas.
Judicialización de la política
El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, afirmó ayer en la ciudad de La Paz que los procesos contra él y su familia son parte de la judicialización que el Gobierno le da a la política, en torno a la lucha que encabezó por las autonomías y por su postulación a la gobernación.
“Mi familia es perseguida. Mi hermano se ha autoexiliado y tengo a mi hermana con un proceso que no tiene ni pies ni cabeza. Obviamente, es parte de la judicialización de la política”, declaró la autoridad regional.
Señaló que su hermano Pablo Costas, quien se fue a España para evitar ser detenido por el caso Terrorismo, estuvo siempre a su lado. Añadió que con su reelección como gobernador, Pablo sabía que su familia iba a ser atacada y corrida del país.
Aseguró que, pese a ello, tiene el apoyo de sus hermanos para seguir adelante en la lucha por la democracia. “Si tenemos que pagar el precio por defender a nuestra patria, a nuestro país, nosotros vamos a poner la cara”, manifestó.