Con un conflicto activo y cuatro pasivos comienza el mes del diálogo propuesto por el presidente Evo Morales. El conflicto presupuestario entre la UMSA y la UPEA, el diferendo limítrofe entre Oruro y Potosí, el bloqueo que entró en cuatro intermedio en Yapacaní y la disputa entre Chuquisaca y Tarija por el campo gasífero Margarita, son parte de la lista de conflictos.
Efectivo policías intentan levantar los bloqueos en El Alto. APG.
Mientras el conflicto social del TIPNIS aún no se ha resuelto del todo, el gobierno de Morales tiene ante sí un escenario de tensión.
UPEA vs UMSA
Uno de los conflictos sociales activos se concentró en las ciudades de El Alto y La Paz. La disputa por la coparticipación tributaria equitativa entre la Universidad Pública de El Alto (UPEA) y la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) provocó el distanciamiento entre ambas casas de estudios superiores. La primera pide el incremento de su presupuesto mediante el recorte de la segunda, ésta lo rechaza.
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En El Alto, los estudiantes de la UPEA se enfrentaron a la Policía que actuó con gases lacrimógenos. 58 detenidos y 20 efectivos heridos, fue el saldo. En La Paz, los universitarios de la UMSA salieron a bloquear calles en defensa. Ambas partes anunciaron una fuerte resistencia para defender sus derechos los próximos días.
“Esta es la respuesta que nos está dando el gobierno, por eso la Universidad Pública de El Alto no tiene miedo pero si el Gobierno quiere que nos enfrentemos a los hermanos policías, vamos a hacerlo”, dijo el rector de la UPEA, Dámaso Quispe, con las lágrimas en los ojos y en una notoria situación de impotencia.
“La Universidad Mayor de San Andrés no acepta la reducción de la coparticipación tributaria por eso se ha declaró en emergencia permanente hasta que este conflicto no se solucione manteniendo las medidas de presión del caso. Estamos de acuerdo a que se dé todo el dinero que necesite la UPEA, pero no a costa de la UMSA, éste es un problema que sólo lo puede solucionar el Gobierno”, explicó la rectora de la UMSA, Teresa Rescala, en declaraciones al diario digital Oxígeno.
Diferendo limítrofe
Otro de los conflictos pendiente de solución es el diferendo limítrofe entre Oruro y Potosí. Los líderes de ambas regiones comprometieron la conformación de una comisión técnico jurídica para evaluar cuál de las partes se beneficia con la extensión territorial y esperan retomar el diálogo este viernes.
Tanto las localidades fronterizas como la orureña Quillacas pretenden solucionar el conflicto mediante usos y costumbres; mientras que la potosina Coroma está decidida a la toma de los mojones que delimitan la frontera. El miércoles pasado, el minsitro de la Presidencia, Carlos Romero, opinó que de no solucionarse este diferendo se avecinarían conflictos “muy peligrosos” para el país.
Transporte pesado
Asimismo, durante la jornada de este martes, el sector del transporte pesado bloqueaba las carreteras del eje troncal del país exigiendo la nacionalización de las “chatas” impidiendo el tránsito al oriente boliviano. En horas de la noche, las autoridades del área lograron consensuar con el sector desactivando una de las protestas que cobraba contundencia.
La legalización de remolques y semirremolques empezará la segunda quincena de diciembre en el marco de la Ley 133 de Regularización de Vehículos Indocumentados, promulgada en junio de 2010,informa un comunicado del Ministerio de Economía.
“Hemos firmado un acuerdo, celebramos el espíritu que ellos (los dirigentes del transporte pesado) han tenido para intercambiar algunos criterios (…) y se ha mantenido la tabla propuesta por el Viceministerio de Política Tributaria”, informó La viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos
Yapacaní
La protesta de pobladores de Yapacaní cumplió hoy el noveno día por la renuncia del alcalde David Carvajal y la designación de un interino. Ante la presión por los perjuicios del conflicto, el Concejo Municipal determinó una sesión especial para tratar el tema este miércoles, lo que posibilitó un cuarto intermedio a las movilizaciones.
“Soy la autoridad electa y no puedo renunciar y no voy a renunciar a pedido de algunas organizaciones”, dijo el burgomaestre cuestionado en su gestión en un tono tajante.
Campo Margarita
El otro conflicto de baja intensidad es la disputa entre Chuquisaca y Tarija por el megacampo de gas Margarita. Los chuquisaqueños proponen que una empresa realice un estudio para definir qué parte le pertenece y cuál no.
Por ello, enviaron una carta al presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Carlos Villegas, exigiendo una respuesta concreta hasta este viernes de lo contrario darían inicios a medidas de presión.
“Estamos pidiendo que nos responsa de manera oficial y escrita el pedido chuquisaqueño que consiste en la contratación directa de una empresa que haga el estudio agotando otros espacios de diálogo”, informó el presidente del comité cívico de Chuquisaca, Miltón Barón.
Ante ello, el Gobierno busca durante un mes de diálogo con los movimientos más representativos del país el elaborar una agenda que le permita una estabilidad política durante los tres años antes de las elecciones del 2014, sobre todo, para fortalecer el denominado proceso de cambio.
OPINIÓN