José Gramunt de Moragas
Los informes del defensor del pueblo, Rolando Villena, sobre la represión de los marchistas del TIPNIS no pueden eludir la pregunta sobre quiénes conocían la orden que decidió el operativo de Yucumo. Como todos recordarán, el pasado 25 de setiembre se produjo un ataque brutal de la policía contra los marchistas del parque Isiboro-Sécure. Cuando se trató de saber quién decidió reprimir a los indígenas originarios, nadie sabía quien dio la orden. El defensor del pueblo, cumpliendo con su oficio, se puso a investigar y descubrió que la orden fue dada por el entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti y otros altos funcionarios, policías y civiles, que fueron destituidos. Pero dejó en un estado nebuloso la actitud del Sr. Presidente. ¿Sabía o no sabía lo que estaba pasando en el parque ecológico? Aquí se embarrancó la investigación del defensor.
Entonces se armó el escándalo. El ministro de Gobierno Wilfredo Chávez señaló que las recomendaciones del defensor del pueblo “no serán atendidas”, porque “el informe determina poco menos que una sentencia judicial”. La ministra de Transparencia y Contra la Corrupción, Nardi Suxo, se sumó a la crítica y pidió al defensor que “rectifique” su informe porque no había incluido el “secuestro” (¡!) del canciller, ni había investigado otros hechos menores. Por su parte, el ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti acusó al defensor de “usurpar funciones a la justicia”, y calificó el informe de “inaceptable, inadmisible”. Es decir, que tres altos personajes del partido de gobierno, en solidario, justifican los hechos de violencia en Chaparina (Beni) contra los indefensos marchistas del TIPNIS. Resulta entonces que el Sr. Presidente está blindado. Entre otras cosas, porque, dada la dependencia del sistema judicial, de la vigilancia activa del gobierno, no puede esperarse que el fiscal haga otra cosa que obedecer. A pesar de la actitud recalcitrante del gobierno, los movimientos campesinos del TIPNIS; CONAMAQ y CIDOB, retrucaron pidiendo un referéndum revocatorio del Presidente y del Vicepresidente.
En otras palabras, Villena, con su informe, le resultó al gobierno, la “sirvienta respondona”. Y Villena se topó con el gobierno que, al desautorizar formal y solidariamente su investigación, demuestra que no necesita la defensoría del pueblo. Ignoro si el Sr. Villena pensará lo mismo que muchos ciudadanos de a pie: y, en tal caso, si estaría dispuesto a presentar una honorable renuncia. Él sabrá.
Hecha esta breve reseña de los hechos en curso, y aunque este caso no sea igual, sin embargo, me recuerda de lejos al escándalo de Watergate que terminó con el “impeachment” o juicio político, y subsiguiente dimisión de presidente Richard Nixon. Otro juicio que planteó el parlamento norteamericano fue contra Bill Clinton, recurso que no fue aprobado por las cámaras. La razón del “impeachement” contra Nixon fue de otra naturaleza, muy distinta de la de Clinton. Fueron los pinchazos telefónicos y el asalto a las oficinas del partido demócrata y el robo de documentos que los agentes de Nixon (republicano) llevaron a cabo para espiar las actividades del partido opositor. Estos hechos fueron puestos a luz pública por los periodistas Carl Berstein y Bob Woodsward, del influyente rotativo Washington Post. Ambos periodistas contaron con una ayuda de la llamada “garganta profunda”, hasta entonces anónima, que les pasaba pistas y datos para que ellos siguieran la investigación. Por este trabajo excepcional, fueron galardonados con el premio Pulitzer.
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Conclusión: la historia nunca se repite de la misma manera. Pero, son frecuentes, algunas coincidencias.