Los cinco ex comandantes cumplen presidio por más de diez años. El abogado Germán Quiroz informó que el pedido de los sentenciados se sustenta legalmente en el artículo 172 de la Constitución que da facultad al Presidente.
Roberto Claros Flores
Página Siete / La Paz – 01/11/2011
Los cinco comandantes que fueron sentenciados el pasado 30 de agosto por los hechos de octubre 2003 pedirán ser indultados por el presidente Evo Morales, informó Germán Quiroz, abogado del ex comandante del Ejército Juan Veliz Herrera.
“Es un trámite indudablemente largo porque tiene que haber un convencimiento político de que están injustamente presos, y que esta situación amerita un resarcimiento de los daños por el lado del perdón presidencial”, sostuvo Quiroz.
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El abogado dijo que los ex comandantes tienen previsto enviar una misiva al presidente Morales donde le darán cuenta de la “infamia” cometida con el veredicto, ya que –sostiene- con el proceso judicial contra los militares y posterior sentencia “se criminalizó al soldado profesional” que sólo cumplió una misión constitucional durante los hechos de octubre negro.
“Como ellos han sido ordenados a salir a las calles el año 2003 por un Capitán General, y habiéndose cometido una injusticia, creemos que también es un Capitán General el que debe ordenar el que estos militares puedan ser liberados”, agregó.
El pasado 30 de agosto, los generales Roberto Claros, Juan Véliz Herrera, Osvaldo Quiroga, Luis Aranda Granados y Gonzalo Rocabado fueron sentenciados a entre diez y 15 años de cárcel indistintamente, junto a dos ex ministros de Gonzalo Sánchez de Lozada, Adalberto Kuajara y Eric Reyes Villa, cuya pena alcanza a tres años.
Cuando se determinó la sentencia, ésta fue recibida por los familiares de las víctimas con celebración pese a que les pareció “poco”. Mientras que por el lado de las Fuerzas Armadas, tres generales en retiro -Alvin Anaya, Víctor Jemio y Marcelo Antezana- advirtieron que el dictamen contra sus camaradas afectaría a la obediencia de esa institución hacia el poder político.
Ahora, el general Anaya sostiene que el indulto “es lo menos” que puede hacer el presidente Morales. Además de pedir disculpas públicamente a las FFAA por el “trato” que se ha dado a sus ex comandantes.
Caso dirigentes
Tras la caída de Sánchez de Lozada, Carlos Mesa a través del decreto 27734 liberó de eventuales procesos a los dirigentes de varios sectores que protagonizaron las protestas de octubre. De esa forma no fueron procesados De la Cruz, entonces dirigente de la Central Obrera Regional; Abel Mamani, presidente de la Federación de Juntas Vecinales del El Alto; Felipe Quispe, entonces líder de la Confederacion Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia.
Quiroz asegura que si hubo amnistía por decreto para los dirigentes, “¿por qué no puede haber indulto a quienes por mandato constitucional defendieron el orden público?”.
El procedimiento
El abogado Quiroz aseguró que los generales tramitarán el indulto en 2012 en la Asamblea, ya que éste requiere trámite en esa instancia, además que en ese afán también recurrirán a instancias internacionales.
“El indulto no es un procedimiento ya judicial, sino que se trata de un procedimiento legislativo que tiene más matices de orden político”, comentó.
El inciso 14 del artículo 172 de la Constitución establece que entre las atribuciones del Presidente está: “Decretar amnistía o indulto, con la aprobación de la Asamblea Legislativa”.
Sentencia generó distintas reacciones
Sentencia El pasado 30 de agosto, cinco ex comandante de las Fuerzas Armadas, que estaban en servicio durante los hechos de octubre de 2003, fueron sentenciados a entre diez y quince años de presidio.
Precedente Generales en retiro de las Fuerzas Armadas consideraron que la sentencia contra sus camaradas iba a minar la obediencia de esa institución castrense hacia el factor político.
Democracia Rogelio Mayta, abogado de las víctimas, considera que la sentencia contribuirá a la “construcción democrática”, para que no haya violaciones a los DDHH.
Poco A los familiares de la víctimas de octubre 2003 la sentencia contra los generales y los ex ministros de Goni les supo a poco. El dirigente Roberto de la Cruz incluso llegó a calificarla como “cariñosa”. Ellos pedían 30 años de presidio.
Exjefes militares de Octubre solicitarán indulto
Cinco sentenciados por hechos del 2003 pedirán el perdón presidencial.
La Razón – Yubert Donoso
Los cinco exjefes militares que fueron sentenciados a entre 10 y 15 años de prisión por el caso Octubre demandan indulto presidencial y un trato similar al que obtuvieron sindicalistas el 2003, porque consideran injusta la condena, ya que sus actos estuvieron enmarcados en la Carta Magna.
A fines de agosto, la Suprema dictó la sentencia contra los generales (r) Juan Véliz Herrera, Gonzalo Rocabado, Luis Alberto Aranda, Roberto Claros y Gonzalo Quiroga por los hechos de septiembre y octubre del 2003, donde fallecieron más de 60 personas.
“Vamos a comenzar a gestionar el indulto presidencial. En octubre del 2003 se perdonó a quienes hicieron daño y a quienes agredieron a la Constitución Política del Estado; hoy creemos que el indulto, el perdón, también tiene que ser para los comandantes que sin responsabilidad penal están purgando una pena”, expresó Germán Quiroz, abogado de Véliz.
El jurista recordó que, a través de un decreto emitido por el entonces presidente Carlos Mesa, un grupo de dirigentes sociales que promovió “actitudes vandálicas, delincuenciales y anticonstitucionales”, recibió el perdón.
Argumentó que en esa gestión, un grupo de dirigentes sindicales que movilizó a sus bases, ocasionó todos los daños, incluyendo a las víctimas, porque se enfrentaron contra las fuerzas del orden.
Anunció que la próxima semana, los cinco militares sentenciados enviarán una carta abierta al presidente y capitán general de las Fuerzas Armadas, Evo Morales, pidiéndole el indulto. Además, adelantó que le harán conocer sobre la “infamia jurídica” que se ha cometido en contra de ellos.
Quiroz dijo que después de entregarle la carta al Presidente, se remitirá una copia a la Asamblea Legislativa, para que esa instancia comience a trabajar en el indulto para que en su momento llegue a manos del Jefe del Estado.