Bajo la lupa. Indígenas aseguran que los proyectos en el parque son legales y rechazan que se militarice el área natural. El reglamento de protección sigue bajo negociaciones. Los indígenas analizarán la respuesta gubernamental y se pronunciarán hasta el jueves.
El Gobierno prevé realizar inspección en el parque TIPNIS.
Pagina Siete / La Paz – 08/11/2011
Gobierno anuncia inspección al TIPNIS y revisión de licencias
Bajo la lupa. El Viceministerio de Medio Ambiente revisará si en las autorizaciones extendidas a las comunidades indígenas se cumplieron con todos los pasos legales.
La viceministra de Medio Ambiente, Cynthia Silva, anunció ayer que se realizará una inspección al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y se revisarán los documentos para determinar la legalidad de funcionamiento de las empresas de turismo y forestales.
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La funcionaria se refirió a los programas de turismo y de explotación forestal que operan en el TIPNIS. Se verá si cumplen o no con la normativa vigente.
“Se evaluará completamente, se revisarán si están cumpliendo con la normativa; de no estar cumpliendo se revisará en el caso de turismo la licencia ambiental y en el caso forestal será la ABT la que emitirá el dictamen”, sostuvo la autoridad.
En el caso de los proyectos turísticos, Silva informó que se empezó una revisión legal de toda la documentación que acompaña las “licencias ambientales” otorgadas por el mismo Gobierno.
Asimismo, anunció una “inspección de campo” esta semana, con el objetivo de realizar un informe sobre las actividades económicas que se desarrollan en dicho territorio indígena.
Estos anuncios se realizan dos semanas después de que se promulgó la ley corta que protege el TIPNIS de la construcción de carreteras, entre ellas la de Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
El director de la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones (Ademaf) y ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, denunció en pasados días sobre una indiscriminada explotación de recursos naturales, como la madera, el lagarto y otros en el territorio indígena.
“(Son actividades) forestales ilegales, turísticas ilegales y actividades vinculadas a la crianza de saurios y lagartos, pero también hay un margen de legalidad porque así lo han establecido las otras leyes”, denunció.
Sin embargo, Jhenny Suárez, presidenta de la VIII marcha indígena que llegó a La Paz, en descargo, dijo que todas las iniciativas productivas y económicas en el TIPNIS son “legales”.
“El turismo es legal, el plan de manejo de lagartos es legal, el proyecto que tenemos de cacao o chocolate es legal. Se está trabajando bajo un proyecto con las propias comunidades”.
Explicó que el trámite para lograr la autorización de funcionamiento de los proyectos fue largo al igual que la búsqueda de financiamiento de empresarios.
Estas actividades productivas en el TIPNIS generan ingresos económicos para las comunidades que viven en el parque.
Quitar la licencia significaría el cierre de los proyectos.
El Gobierno alega que como la ley corta declara “intangible” al TIPNIS no se debe desarrollar ninguna actividad económica, criterio que no es compartido por los dirigentes indígenas.
Está pendiente aún la aprobación del reglamento de la ley corta. El Gobierno debió entregar sus observaciones al proyecto de los indígenas ayer, pero recién lo hará hoy.
Cuestionan declaraciones en caso TIPNIS
La investigación que lleva adelante la Fiscalía General sobre los sucesos ocurridos durante la marcha indígena por el TIPNIS ha sido cuestionada ayer por abogados de los denunciantes, quienes consideran que el Ministerio Público viene desarrollando una “pantalla de investigación” sobre la intervención policial a los marchistas, en septiembre en Beni, según la agencia ANF. El abogado Luis Ayllón, apoderado de asambleístas de oposición que presentaron una querella por “genocidio” contra el presidente Evo Morales, ministros y varios funcionarios estatales, advirtió que el fiscal, Orlando Riveros, encargado de las investigaciones, no estaría actuando conforme a la norma jurídica en este proceso.
El Gobierno audita las concesiones del TIPNIS
El reglamento de protección sigue bajo negociaciones. Los indígenas analizarán la respuesta gubernamental y se pronunciarán hasta el jueves.
FISCALIZACIÓN. Cinthya Silva, viceministra de Medio Ambiente.
La Prensa – 8/11/2011
El Gobierno inició auditorías de campo y en despacho sobre los contratos y concesiones de algunas empresas madereras, turísticas y de crianza de lagartos dentro del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), informó la viceministra de Medio Ambiente, Cinthya Silva.
Después de la firma del acuerdo entre el Gobierno y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), el 24 de octubre, comenzó un debate sobre la intangibilidad del TIPNIS y si corresponde que los habitantes de la región desarrollen actividades económicas como el ecoturismo o la crianza de lagartos.
La octava marcha indígena partió el 15 de agosto desde Trinidad y llegó a la ciudad de La Paz el 19 de octubre en demanda de que no se abra una carretera por el medio del área protegida.
“Es importante decir que estamos revisando las tarjetas de operaciones de las empresas de turismo, aunque esté todo legal, debemos ver si cumplen con los requisitos. Por eso hacemos la revisión, para ver si hay errores”, dijo Silva.
También explicó que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) comenzó una tarea similar de revisión de las concesiones de explotación de madera en el parque nacional y que se verifica si la crianza de lagartos cumple todas las licencias o son clandestinas, como denunció otro sector de indígenas del TIPNIS.
La autoridad anticipó que el informe sobre la legalidad de estas actividades económicas será presentado el próximo lunes al Presidente para completar el concepto sobre la intangibilidad de la reserva natural.
Respuesta. Silva sostuvo que la respuesta sobre las primeras cinco propuestas de los indígenas de tierras bajas fue entregada anoche a los representantes de la mesa de negociación y que se espera una nueva contestación de forma inmediata para avanzar la reglamentación de la Ley de Protección del TIPNIS.
En la propuesta que fue entregada a las autoridades se destaca que los indígenas tendrán la responsabilidad de determinar el uso del territorio en sus diferentes aspectos, principalmente en el rubro económico.
16 comunidades son parte del proyecto de ecoturismo y de la crianza de lagartos en el TIPNIS desde 2008.
Los indígenas rechazan que se militarice el área natural
Los indígenas de tierras bajas rechazaron ayer una eventual militarización del TIPNIS después de que el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, no descartó la instalación de un cuartel en el TIPNIS, pero ayer ese despacho ministerial aclaró que la autoridad dijo que “la Constitución Política del Estado establece que las Fuerzas Armadas tienen la misión fundamental de brindar seguridad y defensa al Estado y para ello se crean puestos militares en distintos puntos del territorio”.
El dirigente de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), Lázaro Tacoo, rechazó una militarización bajo el argumento de frenar la ilegalidad en ese territorio indígena.
“No necesitamos presencia militar puesto que la norma es clara y si quieren poner a los militares ahí, lo único que van a conseguir es asustar a los indígenas, puesto que nosotros no estamos acostumbrados a que estén junto a nosotros”, señaló Tacoo.
La respuesta surge después de que el ministro de Defensa dijo el domingo ante la consulta específica de un periodista de que si se podría instalar un puesto militar esa área natural: “por supuesto, el Parque Nacional Isiboro Sécure no tiene por qué ser la excepción, es parte de la labor de las FFAA realizar esa actividad de seguridad y defensa en el territorio del país y fundamentalmente de las fronteras”.
La viceministra de Medio Ambiente, Cynthia Silva, se inclinó por realizar una acción “compartida” para el control del TIPNIS.
“En nuestra opinión, se debe hacer un sistema de control compartido junto con los indígenas, el SERNAP y otras fuerzas que nos ayuden a controlar aspectos que no tienen que ver con el tema ambiental, por ejemplo el tema narcotráfico”, dijo la autoridad. Página Siete.