Investigación. Presentan instrumentos médicos, fotos y videos como pruebas.
En una audiencia realizada la tarde de ayer, la jueza cautelar Ruth López ordenó la detención preventiva en la cárcel de Palmasola de un médico ginecólogo y de un estudiante de cuarto año de Medicina, que ejercía como internista, imputados por la Fiscalía por la práctica de abortos a mujeres de diferentes edades, incluso a adolescentes.
Decisión. El abogado David Orellana consideró injusto el fallo contra sus clientes. Fundamentó que jamás cometieron delito alguno pero que les están dañando su dignidad y la de su familia
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G. Arancibia / C. Peña y Lillo, El Deber
Los imputados son el ginecólogo Juan Pablo Flores Puita y el internista Joel Danis Díaz. Otro joven que inicialmente fue acusado de facilitar remedios a los pacientes fue liberado con medidas sustitutivas, pues las autoridades judiciales consideraron que este colaboró con las investigaciones que permitieron desbaratar esta supuesta red. Según la Fiscalía y la Defensoría de la Niñez, el médico y el internista no solo se dedicaban a la práctica de abortos ilegales, sino que detrás de la actividad que realizaban había proxenetas, que comercializaban y explotaban sexualmente a menores. Durante la audiencia la fiscal Clara Céspedes exhibió ante la jueza videos, fotografías e instrumentos médicos que se utilizaban en la práctica de abortos en el consultorio San Juan ubicado en la zona de La Pampa de la Isla. La Fiscalía presentó a una médica forense que detalló el uso de cada uno de los instrumentos.
La forense señaló la existencia de bandejas que se usan para intervenciones quirúrgicas. En la audiencia también se mostró un fármaco que era suministrado a las mujeres para las prácticas de abortos. Ese medicamento, según la Fiscalía y la Defensoría, tiene una venta restringida y su aplicación es prohibida especialmente para mujeres embarazadas. Una de las pruebas contundentes para la Fiscalía son las jeringas, que fueron recuperadas de un basurero del consultorio y que estaban impregnadas de sangre y otros signos de que fueron usadas en un aborto. La fiscal explicó que el médico y su ayudante fueron detenidos de forma flagrante, cuando atendían a una mujer embarazada que acudió al centro junto con su esposo y pidió una solución a su estado asegurando que estaba de tres meses. De acuerdo con las indagaciones, otro ginecólogo que integraba el grupo se encuentra prófugo. “Esta era una red descarada que buscaba lo económico y consideraba que la vida no vale más que la plata. Este médico con menosprecio llamaba a las personas clientes y no pacientes”, dijo Céspedes.
Asimismo, se entregó documentación que evidencia que el consultorio utilizaba otros inmuebles y hacía circular letreros que decían: “Mujer embarazada te damos la solución”. Asimismo que en el consultorio una de las víctimas llegó para pedir ayuda de su embarazo y le exigieron Bs 350, pero ella respondió que no tenía. Entonces le dijeron que no se haga problemas porque también aceptaban en pago celulares, joyas y otros. Incluso de La Paz venían mujeres en busca de solución. El médico Flores negó el delito y aseguró que atendieron pero a una mujer que llegó sangrando y que ya había abortado. Dijo que atendía emergencias en ginecología y procedimientos para colocar T de cobre y hacer papanicolao. Sus abogados David Orellana y Augusto López argumentaron que sus clientes estaban para salvar vidas no para matar y que se trata de un show mediático para dañar la dignidad. Joel Denis dijo que estudia el cuarto año de Medicina pero que una vez llegó al consultorio una joven y que vio un feto muerto. La Defensoría, bajo la dirección de Rossi Valencia, lleva adelante el proceso junto a la Fiscalía.
El local fue clausurado ayer por la mañana por funcionarios del Servicio Departamental de Salud (Sedes), que al enterarse de que en el lugar se estaban realizando intervenciones penadas por la ley, como son los abortos, revisaron la documentación del centro y evidenciaron que no tenía su licencia de funcionamiento vigente, además de que lo sucedido allí era argumento suficiente para clausurar el sitio. Miguel García, encargado de esta repartición de la Gobernación, lamentó que algunos malos médicos, aprovechando la licencia de funcionamiento con la que cuentan, expandan sus atenciones a servicios para los que no están autorizados. Finalmente pidió el apoyo de la población para que denuncie a los que hacen un ejercicio ilegal de su profesión y recordó que al mes reciben un promedio de diez acusaciones de este tipo, aunque calificó esta cantidad como mínima.
Necesitan más inspectores
La repartición que regula y autoriza la apertura de los centros asistenciales en nuestra capital necesita de más personal para efectuar un mejor control de estos lugares, puesto que se pueden estar dando casos en los que siendo autorizados para hacer un tipo de trabajo ejerzan otro de manera clandestina.
Fue precisamente esto lo que sucedía con el consultorio médico San Juan (ubicado en la carretera a Cotoca, zona de la Pampa de la Isla), que fue clausurado ayer de manera definitiva por el Servicio Departamental de Salud (Sedes).
Las autoridades indicaron que este lugar estaba autorizado solo para hacer consultas externas y no así tener camas para que se realice otro tipo de intervenciones. Además, se había vencido la vigencia de su permiso para atender a los pacientes.
Miguel García, responsable de la repartición que realiza estos controles en el Sedes, reconoció que su unidad necesita de al menos un par de médicos más y cuatro nuevos inspectores, puesto que trabajan solo con cinco funcionarios para hacer un seguimiento e inspección de más de 270 locales médicos que hay en la ciudad.
“Tenemos planificado un rastrillaje para hacer una verificación de estos centros para mañana (hoy). A pesar de que somos escasos en cuanto a recursos humanos, vamos a tener el apoyo de otras áreas”, anunció García.
Al día hay 20 mujeres con serias complicaciones
A la maternidad Percy Boland llegan a diario 20 mujeres que deben ser atendidas por complicaciones de un aborto provocado. De acuerdo con el director de este hospital, Raúl Hevia, de estos 20 casos, un 95% son de féminas que tienen abortos inducidos y solo un 5% son mujeres cuyo aborto fue espontáneo.
A decir del médico, la mayoría de las pacientes que son vistas en la maternidad utilizaron un fármaco para acabar con la vida que llevan en su vientre, aunque este medicamento se comercializa en las farmacias bajo receta y los establecimientos que lo hacen están bajo el control de la Gobernación.
Esta realidad, en criterio del doctor Hevia, no ha cambiado en los últimos años. En cuanto a las edades de estas pacientes, asegura que oscilan entre 20 y 30 años. Sin embargo, también hay casos de adolescentes, ellas representan la tercera parte.
La mayoría de las pacientes, al llegar al centro asistencial, cuentan que tomaron fármacos o que se realizaron los abortos en centros clandestinos, como el que fue descubierto por la Policía la noche del miércoles.
Hevia indicó que hasta el momento no se han registrado casos de mujeres que hubieran muerto por la complicación de un aborto en la maternidad y recordó que muchas veces las féminas llegan con cuadros de septicemia (infección general) y deben internarse en terapia intensiva. “Lo que he visto en la televisión (sobre el caso ocurrido en la Pampa de la Isla) no es un aborto, es un asesinato”, afirmó Hevia, que recomienda el uso de métodos anticonceptivos para evitar embarazos no deseados y pide que las adolescentes que confíen en sus padres si quedan encintas.
Datos de un estudio realizado en Santa Cruz, El Alto, Sucre, Cochabamba y La Paz a finales de 2010 por Marie Stopes International y el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer, indican que al menos una de cada diez mujeres tuvo un aborto.
La realidad
100 abortos
Clandestinos al día
Esta cifra fue divulgada por el Plan Estratégico Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, en 2009, que el Ministerio de Salud maneja a base de estudios particulares
9,1% de muertes
Por complicaciones
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las complicaciones por un aborto inseguro son responsables del 9,1% de las muertes maternas en Bolivia.