El posible aumento en el precio de los combustible desnuda una vez más las fuertes divisiones entre los sectores sociales afines al Gobierno. Esto, luego de que el presidente del Estado, Evo Morales, anunciara que los convocará, a fin de año, para analizar un posible reajuste, conocido en la memoria popular como ‘gasolinazo’.
Los mineros, campesinos y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu (Conamaq), gremios que siempre apoyaron al oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), fueron los primeros en rechazar la medida. Mientras los trabajadores y cocaleros fueron más cautelosos y están analizando el anuncio, solo la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa está de acuerdo.
Rafael Quispe, dirigente del Conamaq, aseguró que como sector no permitirán el incremento de los carburantes o la nivelación, o como quiera llamarlo el Gobierno, porque considera que existen varios mecanismos para seguir con esta política.
“En los seis años y medio, este Gobierno solo ha hecho política y no invirtió en las plantas separadoras de gas, diésel y de gasolina, pero además está exportando gas a Brasil con todos sus elementos”, manifestó Quispe.
El presidente de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) de Potosí, Richard Alave, adelantó que no apoyarán un aumento del precio de los combustibles, porque incide en el valor de otros productos, en especial los alimentos. “Sé que debemos analizar con las cooperativas para ver qué posición asumir sobre este tema, pero no creo que estemos de acuerdo”, afirmó.
El representante de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (no afín al Gobierno), Rufo Calle, dijo que es una propuesta desatinada porque va en contra de las familias de escasos recursos. “Es un error del Gobierno anunciar una discusión sobre este tema porque los artículos de primera necesidad subirán de precio. No tienen la capacidad de resolver los temas económicos y por ello recurren al bolsillo del pueblo”, señaló.
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En un tono más conciliador, Nicanor Baltasar, secretario de Empleos de la Central Obrera Boliviana, dijo que es un tema muy delicado que se debe analizar con mucho cuidado. “Somos conscientes de que es necesario suspender el subsidio, pero se debe analizar porque afectará al pueblo”, precisó.
En la misma línea, la vicepresidenta de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Juana Ancieta, que aglutina a los productores de hoja de coca, sostuvo que hasta el momento no tienen información sobre el tema, pero que acudirá a la convocatoria del Presidente.
Mientras Julia Ramos, dirigente de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, indicó que los propietarios de vehículos tienen que pagar lo que cuesta la gasolina si quieren andar en sus motorizados. “La forma en que se aplique se definirá en el ampliado que se realizará el 18 y 19 de este mes en Sucre”.
Por su parte, el senador del MAS, David Sánchez, agregó que todos los bolivianos pueden debatir hasta fines de este año la nueva agenda económica. “Surge esta necesidad de analizar con todos los sectores y las instituciones la posibilidad de dejar de subvencionar los hidrocarburos”.
Propiciar un diálogo es una hábil estrategia
Carlos Cordero | Analista político
La idea de propiciar un diálogo es una hábil estrategia del Gobierno, porque a través de los medios estatales mostrará al país que tiene apoyo para aumentar el precio de los combustibles. Se crearía un respaldo ficticio a la decisión gubernamental, porque son sindicatos afines al Poder Ejecutivo.
Es evidente que va a generar rechazo, porque los salarios nunca estarán al nivel para responder al incremento en los precios de los productos de la canasta familiar.
Entonces, me da la impresión de que el aumento será diferenciado; es decir, que los vehículos privados pagarán más que los de transporte público. Da la impresión de que las clases medias, que no se movilizarían, aceptarían la medida, pero tendrán el apoyo del transporte, por lo que conseguirán reducir el déficit fiscal, que ahora tanto les preocupa, a costo de la popularidad del Presidente.
Situación
– Decisión. El 26 de diciembre del año pasado, el Gobierno aprobó una nivelación de precios de combustibles, 73% en la gasolina y 80% para el diésel, lo que encendió, a la par de protestas y descontento populares, una escalada de precios.
– Subsidio. Este año, para la subvención a los combustiblesse destinarán más de $us 600 millones y para 2012 ese presupuesto escalará a $us 700 millones, según el Gobierno.
– Pérdida. De acuerdo a estimaciones de la Fundación Milenio, por cada dólar de disminución en el precio internacional del petróleo, Bolivia deja de recibir por ingresos fiscales por hidrocarburos $us 45 millones.
– Costo fiscal. La subvención al diésel este año será de $us 242 millones, $us 107 milones más que en 2007, cuando fue $us 135 millones.
El Deber