José Gramunt de Moragas
El jueves pasado, Brasil desplazó a su frontera con Bolivia un verdadero ejército de tierra, mar y aire, la mayor operación militar de los últimos tiempos, formada por 6.500 efectivos dotados del correspondiente material bélico. El objetivo de la operación es prevenir, disuadir y combatir al narcotráfico que se cuela por ahí y hace fortuna por todas partes. La movilización militar brasileña no son unas simples maniobras militares, o “juegos de guerra”, como los que todos los ejércitos practican para su propio entrenamiento. Tampoco es la clásica amenaza de las “cañoneras”, anteriores a las dos últimas guerras mundiales, que amenazaban desde el mar a los gobiernos que no se sometían a la potencia dominante. Pero sí es un toque de alerta que hace sonar el Brasil para que Bolivia cumpla con sus compromisos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en lugar de quedarse inoperante frente a estos males que van ganando terrenos en todo el mundo.
Convengamos pues en que no es admisible que el gobierno boliviano se dé por satisfecho con “una suerte de verbalismo” -afirma el excanciller Armando Loaiza- en sus confusas relaciones internacionales con los países amigos. Si continúa con esta pasividad, disfrazada de orgullo soberano, precisamente en el momento en que nuestro país vecino se toma muy en serio el control de sus fronteras, Brasil podría revisar sus programas de cooperación. Téngase en cuenta que Brasil ha mostrado su interés en concertar un acuerdo tripartito que incluye a los Estados Unidos.
No es la primera vez que la cancillería adopta la peculiar e “inédita” práctica diplomática del “sí, pero no”. Se asumen compromisos internacionales, y luego se buscan excusas para no cumplirlos. Así ocurre con las intenciones –meras intenciones– de establecer unos nuevos parámetros en las relaciones con los Estados Unidos, después de haber las baladronadas contra la injerencia de la DEA y expulsado al embajador Goldberg. Lo mismo sucede con la supuesta creación de unos acuerdos tripartitos con Brasil y los EEUU, meras intenciones que nunca se hacen realidad. Pero la inercia de Bolivia puede hacer pensar que, cuando se trata del los problemas de la droga, los inquilinos de la Plaza Murillo se ven condicionados por sus compromisos con los cultivadores de la coca. Así lo sugiere el ex ministro de Gobierno, Raúl Lara.
Esta previsión se refuerza a la vista de los conflictos que se van sucediendo y complicando con motivo de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Téngase en cuenta que, en la construcción de la carretera, interviene la empresa constructora brasileña OAS, apoyada financieramente por el Banco de Desenvolvimento del país vecino. En qué quedamos: ¿se construye la carretera y, como consecuencia, se amplía lo frontera de los cultivos de coca, o se busca otra opción menos perjudicial para la conservación del Parque Isiboro-Sécure? Sería un sarcasmo lamentable que, por un lado se tratara de concertar un plan de cooperación tripartita – Bolivia-Brasil-USA – y, por la otra se apoyara, sin querer queriendo, a los cocaleros invasores. ¿O habrá que enviar tanques al TIPNIS para acabar con la invasión de los cocaleros?
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ANF