Daniel A. Pasquier Rivero
Se derramó sangre para conseguir aprobar la nueva Constitución Política del Estado, promulgada el 7 de febrero de 2009. Desde entonces, poco queda sin haber sido atropellado, desconocido o violado (C. Valverde iba tachando artículo por artículo, cada noche, sobre un ejemplar de la CPE) por acciones del gobierno. Ahora el procedimiento es más fácil, el mismo presidente firma la Ley Corta y de inmediato la niega instigando a su desconocimiento. El acuerdo entre los dirigentes de los pueblos indígenas del TIPNIS y el gobierno no aguantó ni 24 horas; sufrió la “muerte súbita”.
El gobernador de Cochabamba tiene en la ALD y en el Ejecutivo a los cocaleros (cocaineros, productores de materia prima para la producción de cocaína). Sólo esperaron a que el presidente de las 6 Federaciones de Cocaleros les dé luz verde y se lanzaron en tromba contra la Ley y contra los indígenas originarios del TIPNIS. El olfato político de Evo había conseguido “desmovilizar” a los indígenas en La Paz, calmar a medio millón de ciudadanos que como torrente turbulento salió a las calles a manifestar su apoyo a la “marcha indígena”; podía desbocarse y arrasar con todo –incluido el gobierno del MAS-. No había la más mínima intención de aceptar la agenda de los 16 puntos. Se ganó tiempo para que “pinochos y diablillos” conciban el plan para derrotarlos en otro terreno.
Los defensores de la coca se movilizan y amenazan “físicamente” con acabar con los pueblos indígenas. Muchos argumentos falsos y repetitivos pero, uno sí, vale la pena. Esgrimido por un ejecutivo cocalero: “la razón de raza”. Los pelos de punta solo con oír en este siglo expresión con tal carga de racismo, la misma que llevó a una guerra mundial. En el tema TIPNIS hay gente metida con voluntad asesina. No discuten razones técnicas ni económicas sobre el Tramo II. Es “el negocio”; ampliar la siembra de coca no apta para el acullico; consolidar territorio bajo ocupación ilegal extranjera; completar el esquema de tráfico hacia el norte, con infraestructura estratégica. Del centro de producción y acumulación, a las rutas de comercialización. ¿Algo que ver con la defensa a morir que se dio en Honduras a favor del ex presidente Zelaya?
Los indígenas sientan soberanía en el TIPNIS, a pie. El presidente Evo lo sobrevuela en helicóptero, y desde allí pretende definir su futuro. Lo ha adelantado, “tienen que pedir que se haga la carretera” les dice a sus bases, tres bases cocaleras; él, “obedecerá”, “gobernará con el pueblo”. Deliberadamente se omite en los discursos oficiales que nadie, ni indígenas ni mestizos, se opone a la carretera, sino al trazado a través del corazón del parque y hábitat natural de pueblos indígena originarios.
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La “solución indígena” es una salida honrosa para el gobierno, y en especial para Evo, a estas alturas, presidente del Estado Oligonacional, por haber demostrado en estos seis años no importarle el presente ni el destino de las naciones indígenas de tierras bajas que, paradójicamente, fueron el sustento etnocultural para la declaración constitucional de las 36 naciones y pueblos indígena originario. Hoy el gobierno y el presidente están amenazados por una demanda por genocidio a iniciativa de los propios indígenas, en a Yucumo.
La “solución indígena”, salva la dignidad y defiende la soberanía del territorio nacional, que de forma artera pretende ser sometido a la voluntad del narcotráfico. Luchar porque se saque “el acullico” de las lista de estupefacientes es algo muy distinto a convivir o cohabitar voluntaria y conscientemente, es decir, en actitud cómplice, con la producción y tráfico de cientos de toneladas de cocaína y marihuana. El Estado Oligonacional ya es reconocido como un actor principal en el narcotráfico mundial al ser no solamente productor de hojas de coca para el narcotráfico, sino también por haber desarrollado medios materiales, humanos y financieros para participar del negocio global en el tráfico de drogas prohibidas, con apoyo de los carteles más destacados. Para mejor comprensión de la dimensión del problema vale la pena leer una publicación oficial de la ONU, mucho más clara que las alambicadas declaraciones de sus representantes locales comprensibles solo para el tacto diplomático.
El escenario se va complicando al infinito. Tener al presidente, a un gobernador, a muchos funcionarios y, por supuesto, a las huestes cocaleras haciendo campaña para que no se cumpla la Ley Corta, es decir, continuar con el proyecto “intangible” de la carretera diseñada por el Contrato OAS/ABC, es una barbaridad. El Código Penal, en su artículo 123 define con claridad al delito de SEDICIÓN: los que sin desconocer la autoridad del gobierno se alzaren públicamente y en abierta hostilidad para “oponerse al cumplimiento de leyes”. ¿No es ese el delito que están cometiendo, todos? Es más conocido el Art. 121 que tipifica como delito el “Alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado” al “promover enfrentamientos armados con fuerzas regulares o de seguridad pública, o para cometer atentados contra la vida y seguridad de las personas”, algo que ya se ha dado y se está promoviendo se dé aún en mayor escala en el TIPNIS. Pero, por si fuera poco, el Art. 133, tipifica como TERRORISTA al “que formare parte, actuare al servicio o colaborare con una organización armada”, los narcos usan AK 47, con la finalidad de “mantener en estado de zozobra, alarma o pánico colectivo a la población o a un sector de ella”. Clarísimo. Hay delito. ¿Se actuará en consecuencia? Vale la pena recordar que por mucho menos de eso hoy hay gobernadores, políticos y ciudadanos corrientes enfrentando juicios, exiliados o presos sin sentencia. Se impondrá ¿el poder de la raza, o el de la territorialidad? Esta es una evidencia de la pluriculturalidad: hay quienes caminan con el puñal bajo el poncho.