Waldemar Peralta Méndez*
En un anterior artículo detallamos los factores y circunstancias atentatorios a los intereses del departamento de Tarija, en lo que concierne a la problemática y disputa por el Megacampo “Margarita”, que se resumían en la falta de legislación del sector, contradicciones en la normativa aplicada para llevar este proceso con la Constitución, la falta de definición de límites claros con Chuquisaca y por sobre todo la impostura ilegal, arbitraria y abusiva del Ministro de Hidrocarburos y del Presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que ya dieron sentencia previa a este conflicto, sin ningún respaldo técnico-legal y con varias actuaciones contrarias a las leyes y a la CPE en este problema.
El gobierno central, pese a los innumerables argumentos expuestos por Tarija a nivel nacional, ha convocado a nuestro departamento para que se haga presente el lunes 12 de diciembre con un equipo técnico para trabajar juntamente con Chuquisaca, un nuevo Reglamento de Unitización, continuando con la tozuda e inconstitucional actitud, de usurparle los recursos naturales que por derecho corresponden a nuestro departamento, encuentro al cual Tarija no debe asistir bajo ningún punto de vista por los siguientes argumentos:
Tarija comenzó a percibir regalías el año 2004 por la explotación del Megacampo Margarita, dentro del marco legal de la Ley de Hidrocarburos Nº 1689 del 30 de abril de 1996, por tanto nuestro departamento adquirió derechos en base a esta norma, posteriormente Chuquisaca comenzó a exigir derechos sobre las regalías petroleras, aduciendo la posibilidad de que dicho megacampo fuese compartido, amparados en la Ley 3058 del 17 de mayo del 2005, luego de que Tarija sujetó sus derechos en base de la Ley vigente, el año que comenzó su explotación que fue el 2004, por tanto el argumento del Gobierno de tomar en cuenta el Art. 45 de la Ley 3058 (Ley de Hidrocarburos),es violar la Constitución porque estaríamos aplicando una Ley retroactiva, por lo que dicho norma debería ser aplicada para los campos descubiertos con posteridad a su entrada en vigencia y bajo ningún motivo en el Mega Campo Margarita.
La nueva CPE constitucionaliza las regalías. La reforma constitucional establece que los departamentos productores percibirán una regalía del 11% de su producción departamental fiscalizada, esto quiere decir simple y llanamente que se pagan las regalías donde se encuentre el pozo, la legislación que quiere aplicar el Gobierno desconoce este principio constitucional y por sobretodo el régimen de recursos naturales vigentes en el país, yo me pregunto, ¿y al país también?
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¿Lo que se produce y se fiscaliza en Tarija podría beneficiar a otros departamentos con sus recursos? ¡Por supuesto que no! Simplemente porque así lo establece nuestra norma superior y toda legislación debería acomodarse a la misma y no contradecirla.
Por otra parte, el Articulo 45 de la Ley de Hidrocarburos como lo dijimos con anterioridad no concuerda con la actual CPE, ya que se refiere a “Titulares” que eran lógicamente las empresas, las cuales han migrado de contratos de explotación ha servicios, por tanto desde esa lógica no existen titulares, los cuales mediante el Decreto de Nacionalización, y por la actual Constitución se consideraría al Estado como titular, sin embargo el Gobierno Nacional trata de utilizar esta normativa inconstitucional, para definir la suerte de los recursos de Tarija, si los titulares son las empresas, entonces la norma es inconstitucional y si el Estado es el titular entonces simplemente no existe norma adecuada a este precepto.
Ahora la cereza en la torta es que Bolivia debe ser el único país del mundo, que insiste en utilizar el reglamento de una Ley derogada para dirimir un problema tan profundo y delicado como el pago de los recursos por renta petrolera a los departamentos productores, esto desde todo punto de vista es inviable e ilegal, y la postura de Tarija debe ser clara e uniforme.
No podemos asistir bajo ningún argumento a la convocatoria, mientras la agenda no sea para definir una nueva Ley de Hidrocarburos, que se adecue al Art. 362 de la Constitución, ya que de lo contrario estaríamos avalando la violación al régimen de recursos naturales de la Carta Magna, la retroactividad de la ley en contra de los derechos de Tarija, aceptando el reglamento de una Ley derogada y permitiendo imposiciones ilegales y abusos de autoridades nacionales del sector en contra de Tarija, que lo único que han hecho es dar un veredicto arbitrario, en base a tres informes que fueron rechazados por su propio Gobierno y que demuestran su parcialidad desde todo punto de vista en contra de nuestro departamento.
Legisladores nacionales de Tarija, denunciaron penalmente algunas de estas ilegalidades y abusos cometidos por autoridades del sector, en un acto de valor y de compromiso con su tierra, sin embargo el mayor de los riesgos es que pese a estos argumentos exista alguna autoridad tarijeña servil, se atreva a desconocer los derechos de su propio pueblo, asistiendo al llamado del Gobierno y que se preste como verdugo a la estafa más grande que quiere terminar de consumarse los próximos días contra Tarija, ya que el gobierno va a continuar con o sin nosotros en esta ilegalidad y abuso desmedido, hasta que se contrate una empresa y en 90 días se distribuya nuestros recursos, violando todo lo expuesto anteriormente y metiéndonos una vez más la mano al bolsillo, yo me pregunto…
¿Qué nos ha hecho Tarija para que la dejemos a esta suerte? ¿Por qué tanta cobardía y sumisión para no defender lo que nos corresponde por derecho? Estamos en momentos históricos, donde me duele decir que no existen autoridades ni hombres valientes que hagan respetar Tarija, nos han amenazado con congelarnos los recursos, al departamento que nos da de comer y progresar a este país y todos amén bajo la mesa, Tarija tiene una cita con la historia donde vamos a definir quienes están a favor de nuestra Tierra y quienes en contra y ojala mañana no sea demasiado tarde.
*Ex vicepresidente del Comité Cívico de Tarija