Javier Paz García
Nada place más a los burócratas que acrecentar su poder. Una forma de hacerlo es creando leyes que regulan todas las áreas de la actividad humana. Por ello el Estado tiene la dañina manía de entrometerse en áreas que no le competen para encontrar ‘soluciones’ a problemas que no existen. Y lo que a menudo sucede es que las soluciones del Estado son las que ocasionan los verdaderos problemas. Curiosamente, los burócratas utilizan los nuevos problemas, creados por ellos mismos, para justificar mayores intervenciones y mayores poderes para el Estado. Esto puede parecer cómico, pero no es falso y ni siquiera exagerado.
Veamos ejemplos. En 2011 hubo en Bolivia un incremento en el precio del azúcar. De no haber intervenido el Estado, el incremento hubiera incentivado a los productores a aumentar sus sembradíos y la sobreproducción en la siguiente temporada habría ocasionado una reducción en el precio. Sin embargo, el Estado intervino prohibiendo las exportaciones y fijando controles de precios. Estas medidas ocasionaron desabastecimiento y contrabando de azúcar. Al final, el mismo Estado se convirtió en acaparador, ahuyentando a los comerciantes, haciendo que la gente tenga que hacer colas eternas en los puestos de venta estatales e incluso subiendo el precio del azúcar (lo cual invalida el propósito de haber intervenido en el mercado). En el trayecto, el Estado causó un daño tremendo a la cadena de producción y distribución del azúcar. Hoy siguen los cupos y los controles de precios, lo que nos permite pronosticar que no serán muchos los nuevos productores que se atrevan a incursionar en el sector, situación que a la larga creará un problema crónico de desabastecimiento y especulación.
En Bolivia circulan muchos autos viejos. La solución del Estado es hacer una inspección técnica anual a todos los vehículos. Lo curioso es que la inspección no saca de circulación a ningún vehículo por más cacharro que sea, pero engrosa los bolsillos de muchos miembros de la Policía y, de paso, ocasiona dolores de cabeza a todo dueño de un vehículo por la pérdida de tiempo que requiere obtener la viñeta. El resultado es que pagamos dinero y perdemos el tiempo para obtener algo que no sirve para nada y que no soluciona nada.
Bolivia exporta el 80% de la soya que produce y no necesita más del 20% para abastecer el mercado interno. Los supermercados están atiborrados de todas las marcas de aceite de soya habidas y por haber, tanto nacionales como extranjeras, por lo tanto el mercado de aceites comestibles es bastante competitivo. Sin embargo, al Gobierno se le antojó imponer cuotas de exportación en dicho sector, obligando a las empresas a peregrinar y rogar para que los burócratas otorguen los permisos correspondientes, y no debe extrañarnos que los permisos se otorguen según preferencias políticas o coimas económicas, creando costos adicionales e innecesarios en la cadena productiva, generando inseguridad jurídica, imposibilitando la proyección de la industria a largo plazo y perjudicando a miles de trabajadores en el país.
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Y, por supuesto, ante cada problema que crean, son veloces para echar a otros la culpa y de paso hacer más leyes incrementándose el poder, a fin de implementar otras soluciones que terminen fregándonos cada día más.
El Deber – Santa Cruz