Fallo. José Tarqui, imputado por el sobreseimiento de una colombiana, fue favorecido con medidas sustitutivas. El caso salpicó al exfiscal de distrito de Santa Cruz, Jaime Soliz.
Fiscal queda libre de ir a Palmasola
El caso salpicó al exfiscal de distrito Jaime Soliz. José Tarqui recibió medidas sustitutivas. Se lo acusa de incumplimiento de deberes. Soliz en la mira.
Ref. Fotografia: Audiencia. El fiscal José Heraldo Tarqui Flores ingresó a su audiencia acompañado de sus abogados.
El Día
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La jueza cautelar Valeria Salas determinó aplicar medidas sustitutivas contra el fiscal de materia, José Heraldo Tarqui Flores, imputado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Ley y uso indebido de influencias, entre otros. Tarqui fue aprehendido por una comisión de cinco fiscales antidrogas y anticorrupción el pasado miércoles sindicado de haber favorecido al sobreseimiento del caso de la ciudadana colombiana Katherine Oñoro Santer (24), detenida el 17 de enero de 2008 en el aeropuerto Viru Viru con 100 mil euros ingresando al país.
Entretelones de la audiencia. El fiscal imputado llegó acompañado de sus abogados a las 9.15 sosteniendo una Biblia en la mano. Antes de ingresar a su audiencia dijo tener la conciencia tranquila y que confiaba en la justicia porque actuó de acuerdo a normas procesales. En la audiencia, que se extendió hasta pasado el mediodía de ayer, no se permitió el ingreso de los medios de comunicación al recinto judicial. Sin embargo, cuando la defensa del fiscal Tarqui tomó la palabra, mostró un memorándum de despido contra el fiscal Roberto Carlos Achá Arandia, que integra la comisión investigadora del caso. El documento emitido el pasado 3 diciembre está firmado por el fiscal general, Mario Uribe ,y el jefe nacional de recursos humanos. El abogado del fiscal imputado, Óscar Peña, en la audiencia cautelar cuestionó el accionar de Achá que encabezó las operaciones de allanamiento contra su colega, alegando que su accionar es nulo pues él ya no es fiscal por lo que anunció tomar acciones legales en su contra.
De su lado, el fiscal Roberto Achá, negó tener conocimiento de la existencia de algún memorándum de despido y al contrario afirmó que este accionar demuestra el uso indebido de influencias de su colega Tarqui, que consiguió el supuesto documento de despido sin que el afectado tuviera conocimiento. "He recibido una carta de agradecimiento pero no de despido", alegó Achá aclarando que es un fiscal eventual y no de carrera. El caso salpicó al exfiscal de distrito Jaime Soliz Phiel contra quien pesa una orden de aprehensión por haber firmado el sobreseimiento de la colombiana.
Jueza deja libre a fiscal, pero siguen las pesquisas
Fallo. José Tarqui, imputado por el sobreseimiento de una colombiana, fue favorecido con medidas sustitutivas. Sus abogados calificaron de ilegal y abusiva su aprehensión
Decisión. El fiscal José Tarqui durante la audiencia de ayer ante el jueza que le otorgó medidas sustitutivas. Dijo estar tranquilo y que seguirá ejerciendo funciones
El Deber
Durante una audiencia cautelar que se desarrolló desde las 9:00 hasta las 15:00 de ayer, la jueza Valeria Salas otorgó medidas sustitutivas al fiscal José Heraldo Tarqui, imputado por emitir un fallo en favor de una ciudadana colombiana capturada, en 2008, por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), en poder de 100.000 euros.
Tras hacer una valoración final de los fundamentos de las dos partes, la jueza resolvió dar medidas sustitutivas con fianza de Bs 20.000, arraigo y presentación semanal ante la comisión de fiscales.
Dicha comisión, integrada por Cándido Blanco, Adán Arteaga, Javier Cordero, Gómer Padilla y Roberto Achá, imputó a Tarqui por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y resoluciones contrarias a las leyes.
Los fiscales aseguraron que el 18 de marzo de 2008, Tarqui dictó una resolución de sobreseimiento para la colombiana Katherine Oñoro Samper, siendo que el dinero que tenía en su poder era de dudosa procedencia.
Además, hicieron notar que el sobreseimiento fue confirmado por el entonces fiscal de Distrito Jaime Soliz, a quien también se abrió una investigación por los mismos delitos; sin embargo, la exautoridad no aparece y más bien se cree que está fuera del país.
Los fiscales Cándido Blanco, Javier Cordero y Adán Arteaga pidieron la detención de Tarqui en la cárcel al fundamentar que si bien este tiene una familia constituida y trabajo, no acreditó domicilio.
Del mismo modo dijeron que tratándose de un fiscal antiguo tiene amistad con policías y que estando libre puede obstruir la indagación. Los fiscales presentaron documentación sobre otras denuncias contra Tarqui.
A su turno, los abogados del imputado, Alberto Morales y Óscar Peña, calificaron la aprehensión de su cliente de abusiva, pues se atropelló sus derechos.
Morales dijo que su cliente acudió a todas las declaraciones desde hace seis meses y que jamás entorpeció las investigaciones. También señaló que jamás había escuchado que ser un trabajador antiguo era negativo o un delito.
Respecto a la resolución de sobreseimiento a favor de la ciudadana colombiana, la defensa aseguró que Tarqui no incurrió en ningún acto ilegal y que la instancia superior, como es el fiscal de Distrito, la confirmó. Además cuestionó a la comisión de fiscales por haber actuado de forma ilegal al dictar la aprehensión, teniendo en cuenta que ellos fueron recusados del caso y estaban inhabilitados.
En la audiencia también se mostró documentación consistente en un instructivo del 13 de diciembre de la Fiscalía General, que cesa de sus funciones al fiscal Roberto Achá, miembro de la comisión de investigadores. La defensa entregó certificaciones haciendo notar que Tarqui padece de cáncer desde 2004 y que vive en la casa de sus suegros por el barrio la Morita.
Al final José Tarqui hizo uso de la palabra y manifestó que siempre cooperó en la investigación que se abrió en su contra.
Luego de escuchar a ambas partes, la jueza ordenó que el imputado se defienda en libertad. Sin embargo, los fiscales apelaron el fallo al igual que los defensores de Tarqui. Estos últimos consideran alta la suma a ser pagada por el imputado.
Por otro lado, en un contacto telefónico con este medio, el exfiscal de Distrito Jaime Soliz afirmó que él nunca actuó al margen de la ley y que la decisión asumida en el caso de la colombiana fue legal. “Esto es una persecución política en mi contra, todo empezó cuando me pronuncié públicamente en contra de las elecciones judiciales”, dijo la exautoridad, que no quiso revelar el lugar donde se encontraba y afirmó que cuando existan garantías se presentará.
Para Soliz, los allanamientos en sus oficinas y domicilios son ilegales.
Fiscal despedido no fue notificado
El fiscal Roberto Achá, integrante de la comisión, dijo desconocer la resolución de la Fiscalía General que lo cesa de sus funciones. Señaló que no fue notificado con ningún documento y por lo tanto sigue ejerciendo funciones. Calificó su despido como una estrategia para alejarlo de los casos.
Los abogados Alberto Morales y Óscar Peña entregaron a la jueza un instructivo del 13 de diciembre firmado por el fiscal general Mario Uribe, que eleva al fiscal de Distrito, Isabelino Gómez. El documento hace conocer que Achá y la fiscal Nitza Decormis Chávez fueron cesados de sus funciones y ya no deben percibir sueldos. Asimismo, se mostró el memorando dirigido a Achá en el que se le instruye que al habérsele agradecido sus servicios ya no podrá tramitar nuevas causas ni llevar adelante investigaciones.
El memorando también está firmado por Mario Uribe y Marcos Julio Gironda, director nacional de Recursos Humanos de la Fiscalía General. Los abogados dijeron que los actos de Achá son nulos y que presentarán denuncia por uso indebido de influencias.