La ley otorga poder al fiscal para suspender a una autoridad electa. Hasta ahora, dos gobernadores fueron suspendidos y sus reemplazantes son afines al MAS. Yoriko Yasukawa, Coordinadora residente de las Naciones Unidas en Bolivia: “Pedimos imparcialidad en juicios a gobernadores”.
Todas las figuras de oposición afrontan procesos judiciales
RECUENTO. Hasta ahora, dos gobernadores (Ernesto Suárez y Mario Cossío) fueron suspendidos y sus reemplazantes son afines al MAS. Oposición pide modificar la ley.
Página Siete / La Paz – 21/12/2011
Todas las figuras visibles de la oposición afrontan procesos judiciales por presuntos hechos de corrupción y, según la oposición, el objetivo es descabezar a las autoridades que no responden a la línea política del MAS.
Un relevamiento de las autoridades que afrontan procesos judiciales da cuenta de que sólo los de oposición tienen denuncias instauradas en la Fiscalía o están en investigación.
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El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, es el último de las autoridades departamentales electas por voto popular que puede perder su mandato por una acusación de un fiscal.
Sus colegas Ernesto Suárez, ex gobernador de Beni, y Mario Cossío, ex gobernador de Tarija, fueron suspendidos con esta modalidad y sus cargos fueron tomados por aliados del MAS, como Haisen Ribera, el gobernador interino de Beni, o Lino Condori, asambleísta departamental del MAS en Tarija.
En cuanto a alcaldes electos, Luis Revilla, burgomaestre de La Paz, afronta procesos que se ventilan en la Fiscalía y en cualquier momento podrían derivar en una acusación formal y eso implicaría una suspensión hasta que se investigue este hecho.
Los alcaldes opositores de Trinidad, Moisés Shriqui, y Óscar Montes, de Tarija, también tienen investigaciones abiertas.
René Joaquino, ex alcalde de Potosí, fue suspendido de su cargo con la misma metodología y en su lugar está gobernando otro militante de AS.
En el caso de Sucre, el ex alcalde Jaime Barrón, quien fuera electo mediante voto popular en las elecciones de abril de 2010, fue suspendido y reemplazado por una alcaldesa del MAS.
Éste renunció y, según la ley, se debe convocar a elecciones en caso de renuncia; por eso, el pasado domingo se realizaron los comicios donde nuevamente la oposición se impuso con la elección de Moisés Torres Chivé.
Según la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), que también está en manos del MAS, son al menos los 12 municipios donde se presentaron conflictos como consecuencia de la suspensión de alcaldes por acusaciones de la Fiscalía.
Esta metodología de echar autoridades electas con acusación de un fiscal es cuestionada por la oposición, pues el fiscal tiene más autoridad que la cantidad de electores para suspender a una autoridad.
Además, la Constitución Política del Estado establece que las autoridades electas no deben tener sentencias ejecutoriadas; por lo tanto, mientras una denuncia se encuentra en la etapa de investigación no se podría suspender a una autoridad electa.
El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, expresó su temor de que el Gobierno busque tomar todas las gobernaciones, pues le faltaría solamente la de Santa Cruz, para realizar modificaciones a los estatutos autonómicos que fueron aprobados en referendos en 2008.
“Pedimos imparcialidad en juicios a gobernadores”
Yoriko Yasukawa | Coordinadora residente de las Naciones Unidas en Bolivia.
Reclamo. La representante de la ONU demandó que se fortalezca el diálogo
Carlos Morales Peña, El Deber
La representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Bolivia, Yoriko Yasukawa, reclamó que los procesos judiciales contra los gobernadores Rubén Costas, de Santa Cruz, y Ernesto Suárez, de Beni, se sustenten en la imparcialidad, independencia y transparencia.
– ¿Qué opinión le merece la suspensión de Ernesto Suárez como gobernador de Beni y el proceso contra Rubén Costas en Santa Cruz?
– Como Sistema de Naciones Unidas no podemos comentar sobre casos específicos. Sin embargo, como siempre lo hemos hecho, hacemos un llamado a que los casos de los dos gobernadores, así como todos los procesos legales en curso, sean sustentados y manejados con imparcialidad, independencia y transparencia, garantizando el debido proceso y la presunción de inocencia. Esto es particularmente importante en casos que involucran a personalidades y autoridades electas como los dos gobernadores, pues la gente está más atenta a lo que se hace, y por tanto su manejo debería ser impecable.
Es particularmente llamativa la cantidad de casos que se refieren a la figura de desacato. En su informe sobre Bolivia de 2009 la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos ha opinado, en base a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se debería “eliminar la persecución penal por esta figura pues afecta a la plena realización de la libertad de expresión y de prensa”. Obviamente, cada país es soberano de seguir tales sugerencias, pero se esperaría mucha prudencia y mesura cuando se recurre a esta figura. En general, la acumulación de casos que involucran a personalidades políticas, particularmente opositores, y las polémicas que producen, nos preocupan pues debilitan el espíritu de pluralismo, de respeto a las diferencias y de convivencia que es parte esencial de la democracia.
– ¿Qué acciones adoptará la ONU en este sentido?
– El Sistema de Naciones Unidas mantiene un diálogo cercano y a la vez respetuoso con las autoridades bolivianas desde un deseo de apoyar a que el proceso de cambio se impulse de tal manera que fortalezca la democracia y el respeto a los derechos humanos, y que incida positivamente en el bienestar, especialmente de los grupos más vulnerables y excluidos. Hemos conversado varias veces sobre la necesidad de fortalecer el sistema judicial y la importancia del cumplimiento en la justicia de los principios que he mencionado.
Al mismo tiempo, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha venido realizando un acompañamiento de algunos de los casos judiciales que se consideran emblemáticos en términos del cumplimento o no de los derechos humanos. Sin embargo, son finalmente las instituciones nacionales las que tienen la responsabilidad de tratar y resolver estas situaciones.
Defensa de Rubén Costas apela orden de detención
Página Siete / La Paz – 21/12/2011
Richard Cardozo, abogado defensor del gobernador de Santa Cruz Rubén Costas, presentó el martes un recurso de nulidad “por defecto absoluto”, en rechazo a la competencia del juez séptimo de Instrucción en lo Penal, Orlando Rojas, para anular la declaratoria de rebeldía por el caso desacato.
El juez séptimo de Instrucción en lo Penal, Orlando Rojas, declaró el pasado lunes rebelde al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, por no asistir a la audiencia conclusiva de ese proceso que le sigue el fiscal Marcelo Soza y por no haber presentado una justificación.
“El recurso lo tiene que resolver el propio juez, revertir su decisión, analizar sobre su decisión y decir que deja sin efecto la resolución de rebeldía”, explicó el abogado defensor del gobernador de Santa Cruz, según registra la gubernamental ABI.
Advirtió que en caso de que el juez Rojas se mantenga en su postura, apelará ante la Corte Superior de Justicia.
“En caso de que el juez se mantenga en su postura, que es lo que creemos que probablemente va a pasar, lo que tenemos nosotros es el recurso de apelación ante la Corte Superior”, anunció.
El juez Rojas debe emitir su resolución en 10 días, después de una notificación a las dos partes. Esta autoridad, en declaraciones a la red PAT, dijo que el recurso presentado por la defensa del opositor no frenará el mandamiento de aprehensión.
La denuncia en contra de Costas fue formulada el 13 de julio de 2010 por los delitos de calumnia y difamación. Soza, quien dirige la investigaciones del supuesto caso de “terrorismo”, fue calificado por Rubén Costas como “bufón del Gobierno”.