Analistas observan que son entes de represión y persecución; el MAS asegura que la Unidad de Investigación Financiera es una forma de luchar contra la corrupción en el país.
Dudas sobre órganos de investigación oficiales
Diputado oficialista asegura que la Unidad de Investigación Financiera es una forma de luchar contra la corrupción en el país.
En los últimos seis años, muchos compatriotas nacionales tanto cívicos, empresarios y políticos, se vieron obligados de autoexiliarse del país.
La decisión de estas personas, según analistas, opositores y cívicos, fue debido a que desde el inicio del gobierno de Evo Morales, empezó la persecución a personajes conocidos de la sociedad boliviana y en especial la cruceña.
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El gobierno del MAS, incluso dentro de sus políticas que califican de lucha contra la corrupción, fortaleció la Unidad de Investigación Financiera (UIF), dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Esta institución, encargada de fiscalizar e investigar fortunas tanto a funcionarios públicos como privados, deja en duda su transparencia, según el análisis de José Luis Santistevan, Humberto Vacaflor y Pablo Deheza.
Viola derecho a la privacidad. El abogado constitucionalista, José Luis Santistevan, indicó que la UIF viola el derecho de la privacidad y confidencialidad de los ciudadanos investigados. Dijo que estas indagaciones son violatorias a la Constitución Política del Estado (CPE), porque se utilizan criterios políticos y no técnicos.
“La información puede ser utilizada en muchos casos para encontrar hasta responsabilidad penal contra personas que sean acusadas con intencionalidad manifiesta como es el caso Rózsa”, cuestionó.
Es por ello que la UIF debe ser manejada de forma independiente sin injerencia del Movimiento Al Socialismo (MAS), según el experto.
Investigar a extranjeros. El analista económico, Humberto Vacaflor, comentó que en lugar de perseguir a empresarios nacionales, la gestión del masismo debe comenzar investigando los recursos de venezolanos y cubanos. Indicó que a vista y paciencia del ejecutivo nacional, estos extranjeros están comprando a Bolivia.
Vacaflor puntualizó que este organismo de investigación de fortunas, debería estar manejado con participación de las Naciones Unidas y de organismos internacionales, para recomendar las políticas que se tengan que utilizar.
Aplicar justicia para todos. El politólogo Pablo Javier Deheza, comentó que cuando hay preferencias o parcialidad sobre unos contra otros, cualquier herramienta fiscalizadora se convierte en un instrumento de la represión.
Es por ello, que institutos como la UIF deben aplicar justicia para todos, como son los postulados constitucionales. Indicó que estas investigaciones deben ser manejadas dentro de los marcos legales y cuando hay una evidencia sobre la acumulación de riquezas de forma ilícita. Similar criterio lo comparte también el primer vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Nicolás Ribera.
Cocaleros con trato preferencial.La senadora de Convergencia Nacional, María Elba Pinckert, resaltó que la Unidad de Investigación Financiera es un pretexto para investigar a personajes de trayectoria del país que no comulgan con la doctrina masista.
La parlamentaria dijo que si ese instituto de investigación fuera serio, los personeros de Gobierno estarían en el Chapare, tras esas personas que hace 6 años no tenían dinero y ahora poseen vehículos y viviendas lujosas.
Pinckert manifestó que es una clara muestra del trato preferencial de los cocaleros, por el privilegio de que su mandante es el jefe de Estado.
La intención es causar zozobra. En esa misma línea, el también diputado de Convergencia Nacional, Tomás Monasterio, dijo que la intención del Gobierno es causar zozobra en empresarios y sectores económicos del país.
El parlamentario cruceño dijo que la UIF es uno de los mecanismos de reflejar el rostro violento y hegemónico de la gestión del primer mandatario.
Aclaró que es loable luchar contra la corrupción, pero es detestable la creación de mecanismos de represión en contra de inocentes.
‘El que nada debe nada teme’. Por su parte, el diputado oficialista Edwin Tupa, afirmó que “el que nada debe nada teme”. Dijo que la intención de conformar la UIF es una forma para luchar contra la corrupción, el narcotráfico, el enriquecimiento ilícito, trata de personas y dinero mal habido.
Tupa aseveró que más bien el Gobierno de Morales tiene muy buenas relaciones y respeto por la clase empresarial que tiene una trayectoria limpia, “ahora los que se combate son los sospechosos de actividades ilícitas”.
Consolidar el poder hegemónico. Mientras que el secretario de Gobierno de la Gobernación cruceña, Vladimir Peña, aseveró que el ejecutivo nacional está en pleno proceso de consolidar el poder hegemónico.
Peña indicó que para lograr esos propósitos oscuros, en los 6 años de gestión del MAS, hubieron decenas de persecuciones a los opositores a través de mecanismos represores.
Tomó como ejemplo al gobernador Rubén Costas, quien tiene 18 juicios. Al igual que Ernesto Suárez, suspendido el 16 de diciembre pasado y la primera autoridad de Tarija, Mario Cossío, aislado en Paraguay. Remarcó que otras víctimas del MAS son los alcaldes de Buenavista, Bladimir Chávez; de San Ignacio, Erwin Méndez y de La Guardia, Jorge Morales.
Ley propone Consejo Anticorrupción
Conformado por el Ministerio de Transparencia, Ministerio de Gobierno y Ministerio Público. Es la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, en su artículo 6.
Procesados por el poder central
1 Manfred Reyes Villa. Tiene nueve procesos en su contra. La última demanda es junto con su esposa Patricia del Villar, por legitimación de ganancias ilícitas. Actualmente se encuentra refugiado en los Estados Unidos.
2 Rubén Costas. Tiene 18 demandas en su contra. La última es por el delito de desacato presentada por el asambleísta del MAS, Edwin Muñoz. El gobernador cruceño es el último opositor que queda en el país.
3 Ernesto Suárez. Suspendido del cargo de gobernador de Beni, acusado por malversación de fondos, en la reparación de un motor de luz para el municipio de San Borja. Su audiencia es el próximo 17 de febrero.
4 Mario Cossío. Suspendido en diciembre de 2010. Su último proceso es por enriquecimiento ilícito presentado por la viceministra de Lucha contra la Corrupción, Gabriela Bellido. Está asilado en Paraguay desde el 2010.
5 José Luis Paredes. La Contraloría General le sigue un proceso por la presunta malversación de Bs 8 millones, provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Está refugiado en los EEUU desde el 2010.
"Es una falta de seriedad que causa zozobra en muchos empresarios y sectores económicos. Estas investigaciones producen falsos procesos para perseguir y amedrentar’.
Tomás Monasterio
Diputado de Convergencia Nacional (CN)
"El Gobierno está en pleno proceso de consolidar el poder hegemónico, es por ello que persigue a los líderes opositores. Por ejemplo, el gobernador Costas tiene 17 juicios’.
Vladimir Peña
Secretario Departamental de Gobierno
"Lo que no tendría que pasar con esta Unidad de Investigación, es que sea una instancia destinada a ejercer presión política contra los que no son afines al Gobierno’.
Pablo Javier Deheza
Analista Político
"El conformar la Unidad de Investigación Financiera (UIF), es con el objetivo de intensificar la lucha contra la corrupción, narcotráfico, trata de personas y el dinero mal habido’.
Edwin Tupa
Diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS)
Punto de vista
Nicolás Ribera
Vicepresidente del Comité Cívico
"Es una vendetta de persecución contra los opositores del Gobierno"
“Estos espacios públicos habría que mirarlo como una materialización y una intencionalidad que pudiera indicarnos un camino en busca de eficiencia y eficacia de la administra ción pública, eso es lo que debería expresar.
Lamentablemente en esta instrumentalización salvaje y despótica, nos muestran estas unidades como parte de los aparatos y mecanismos de represión política para combatir a los adversarios del MAS.
La mayoría de los espacios públicos tanto anteriores como los nuevos, están sirviendo para la vendetta para la persecución de los opositores.
Eso obviamente desmerece la posibilidad de que haya transparencia y sea efectiva la búsqueda del manejo institucional del Estado para las generación de espacios de bien común.
Siempre expreso en mis puntos de vistas que guarden relación con la búsqueda permanente del bien común, a partir de esa perspectiva, evaluó los resultados del ejercicio. Es por eso que sostengo que esta Unidad de Investigación Financiera (UIF), ni la nueva Aduana, ni la estructura policial para convertir el crimen organizado y menos el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, dan muestra de buscar el funcionamiento de los espacios públicos que sean precisamente para garantizar transparencia, idoneidad y eficiencia”.