En 2011, Bolivia se incluyó en la lista GAFI de estados cuya lucha contra el lavado de activos es deficiente. Salir es un desafío. La reunión será en París desde hoy hasta el viernes donde asisten los países miembros.
Bolivia, en la mira por el ‘lavado’
El Gobierno busca quitarle una mancha al país. En 2011, Bolivia se incluyó en la lista GAFI de estados cuya lucha contra el lavado de activos es deficiente. Salir es un desafío.
Lavado. A partir de $us 10.000 en adelante, la UIF exige la declaración de procedencia de ingresos en entidades financieras
Ruy G. D’Alencar, El Deber
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Es una mancha que enferma la salud del sistema financiero nacional, que carcome la imagen del país y que estigmatiza al boliviano. Haber sido inscritos en una ‘lista gris’ por incumplir planes de lucha contra el lavado de dinero del narcotráfico es un triste legado que dejó 2011 para Bolivia y que ahora, durante la plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), entre 16 y 18 de febrero, el Gobierno de Evo Morales buscará borrar explicando 10 medidas legales que ha impulsado desde 2008 a la fecha.
Será en París, Francia. Bolivia asistirá representada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Se analizarán leyes y decretos aplicados para demostrar que Bolivia, según el actual Gobierno, no merece ser señalada con el dedo por tolerar que capitales ‘sucios’ se filtren en su economía para salir limpios después (ver cuadro en la siguiente página). Así lo confirma el equipo técnico del despacho del ministro Luis Arce, por medio de una respuesta escrita.
Hay una lista gris que califica a países que no tienen una lucha efectiva contra el lavado. Y más abajo hay una lista negra GAFI de países perforados por el dinero del narcotráfico y finanzas terroristas. Ahí figuran Irán y Corea del Norte. Ahí es donde el Gobierno de Bolivia no quiere caer.
Control del flujo de divisas, retención e incautación de fondos vinculados al narcotráfico y al terrorismo, compromisos con el GAFI-Sud, una reforma al Código Penal para ampliar el poder de fiscales antinarcóticos y la obligatoriedad del sistema financiero de cooperar con información, han sido algunas de las medidas legales instituidas en esta tarea.
Sin embargo, una y otra vez el GAFI reitera a Bolivia las siguientes observaciones: “Asegurar la adecuada criminalización del lavado de dinero; del financiamiento del terrorismo; establecer y aplicar un marco jurídico adecuado para la identificación y congelación de activos de los terroristas y establecer una Unidad de Inteligencia Financiera eficiente”.
Por eso, hay quien no se entusiasma con la idea de que el estatus de Bolivia cambie y deje la lista gris al lado de Etiopía, Kenia, Myanmar, Sri Lanka, Siria y Turquía; posición que estas naciones ocupan desde octubre de 2011, por no haber cumplido algunas de las 40 recomendaciones de GAFI.
Ernesto Justiniano, ex ‘Zar Antidroga’, dice que, además de medidas legales, se necesita voluntad política y decisiones prácticas: “La DEA debe volver para que la investigación financiera mejore. Bolivia no se basta sola. Veremos si el Gobierno es sensato”.
El presidente Morales ha insistido en que la DEA no debe retornar, a pesar de un acuerdo de cooperación con Brasil y EEUU y del acercamiento diplomático con la embajada estadounidense. La propuesta de Morales en la lucha contra el ‘lavado’ se basa en la idea de eliminar el secreto bancario, aunque este proyecto no maduró como ley; y tampoco hay expectativa de que así sea.
La mirada de Justiniano sobre el problema del ‘blanqueo’ de capitales se enfoca en el desarrollo de un conjunto mayor: el desarrollo del narcotráfico. El ‘lavado’ es parte de este conjunto y, de acuerdo con el exfuncionario, las fuerzas antinarcóticos nacionales, la Fiscalía y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), no tienen la capacidad de discernir sobre la magnitud del lavado de activos.
“Es la UIF la que maneja información sobre el ‘lavado”, se excusa Gonzalo Quezada, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), al reconocer que ignora la dimensión de la actividad. “El Gobierno maneja esa información”, se disculpa un funcionario de la UIF. “No hay datos oficiales”, responden en el Ministerio de Economía.
Mientras eso pasa en Bolivia, en otros países como Perú y Colombia, se ha avanzado en esta lucha a través de la cooperación internacional, incluido el apoyo de EEUU; otra medida: transparentar datos sobre el impacto del ‘lavado’ en cada economía nacional. Un ejemplo, Colombia mueve más de $us 8.000 millones al año por lavado de activos, de acuerdo con la UIF de ese país, según cita el diario El Espectador, del 17 de noviembre de 2011.
Lo cierto es que el ‘blanqueo’ ya trajo consecuencias: la Comisión de Servicios Financieros de Jersey (Inglaterra), a fines de 2011, pidió a sus filiales, algunos de los principales bancos del mundo, tomar precauciones en transacciones que se hagan hacia países de la lista gris de GAFI, por ser consideradas economías riesgosas. Si Bolivia aspira a desarrollarse debe librarse de este aislamiento.
LAS FRASES
«No hay en agenda legislativa ningún anteproyecto de ley sobre ‘lavado’; quizás después del 12 de febrero»
Martín Choque | Senador del MAS
«Nadie quiere hacer tratos con maleantes; lo mismo pasa con los países: Nadie quiere tratar con ‘blanqueadores’»
Ernesto Justiniano | Ex Zar Antidroga
«Bolivia es un asilo silencioso de todo tipo de personas: desde indocumentados hasta ‘narcos’ y terroristas»
Jessica Echeverría | Diputada CN
“La sanción es moral”
Juan Antonio Morales / Ex presidente BCB
La consecuencia práctica de figurar en la desafortunada lista gris de GAFI es que se dificultan las transacciones internacionales. Los movimientos de capitales de transferencia hacia Bolivia son observados, se vuelven sospechosos y hay más burocracia que ejerce control. Y esto puede afectar a la solicitud de créditos. Desde 2006, Bolivia no trabaja en cooperación con el FMI por voluntad del Gobierno, pero si llegase a solicitar créditos de esta instancia seguro tendría dificultades por esta calificación de riesgo.
El riesgo de estar entre los observados de la lista gris del ‘lavado’ es que se está a un paso de caer en la lista negra, donde se pierde toda credibilidad financiera. La sanción es sobre todo moral, pero tiene consecuencias prácticas: los bolivianos son detenidos en aeropuertos internacionales por el solo hecho de su nacionalidad, son investigados, etc.
Internamente, el blanqueo de capitales puede alterar la economía, alimentar el narcotráfico y arrastrar violencia.
Unidad para hallar plata de narcos
Gonzalo Quezada, comandante nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), se detiene a observar que toda organización criminal descansa su poder de acción sobre la base de su solvencia financiera, que a su vez dependerá de la habilidad que tenga el grupo para camuflar sus recursos.
“Por eso la Felcn desarrolla alguna de las más importantes labores de interdicción en el área financiera”, asegura Quezada, que explica que en muchas ocasiones se identifican organizaciones de ‘narcos’ que operan en Bolivia siguiendo el rastro de sus operaciones financieras.
“Esta es la pata más fuerte del narcotráfico, aunque a veces parece invisible”, sostiene el comandante de la Felcn de Santa Cruz, Fernando Amurrio. En criterio del comandante Amurrio, es importante la cooperación entre la fuerza antinarcóticos, el Ministerio Público y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), dependiente de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), y sus equivalentes en otros países. Se trata de un problema en conjunto que necesita respuesta de conjunto.
Las consecuencias se advierten en las inversiones y los mercados
Una de las consecuencias que debe pagar un país señalado por deficiencias estratégicas en la lucha contra el lavado de dinero es la pérdida de credibilidad del sistema financiero, que a su vez cierra puertas de mercados internacionales, advierte Gary Rodríguez, gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).
“En los últimos 15 años, Bolivia dejó de captar inversión extranjera, pasando de más de $us 2.000 millones a mediados de la década del 90, a menos de $us 1.000 en la actualidad”, sostiene Rodríguez, aclarando que esta calificación de riesgo del sistema financiero es una variable, entre otras tantas, que afecta la relación de empresas extranjeras con el país.
De acuerdo con el IBCE, en los últimos seis años la captación de inversión privada extranjera se redujo hasta por debajo del aporte de las remesas de residentes bolivianos en el extranjero: menos de los 1.050 millones de dólares que se giran desde el exterior hacia Bolivia cada año.
Para los exportadores, la opinión de organismos multilaterales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), suele pesar a la hora de hacer negocios, hecho que puede conducir al aislamiento comercial, de la misma forma que la inestabilidad política y la inseguridad jurídica. “El ‘lavado’ es un ‘espantapájaros’ para los negocios lícitos”, enfatiza Rodríguez.
Medidas
– 20 de agosto 2008: DS Nº 29681, sobre control del flujo de divisas en el país.
– 20 de mayo 2009: DS Nº 138 sobre medidas cautelares para recursos comprometidos con terrorismo o sedición.
– 27 de julio de 2009: Ley Nº 4072 de ratificación del “Memorándum de entendimiento” de constitución del GAFISUD.
– 31 de marzo de 2010: Ley 004, que mejora la tipificación del delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas.
– 18 de mayo de 2010: Ley 007 de modificaciones al sistema normativo penal.
– 17 de febrero de 2011: Resolución ASFI 141/2011 que regula a las empresas transportadoras de dinero.
– 15 de junio de 2011: DS Nº 910, Reglamento de infracciones y sanciones administrativas para las entidades financieras.
– 9 de septiembre de 2011: Ley 170 de tipificación del financiamiento del terrorismo.
Cifras
27
Delitos sobre ganancias ilícitas tipificados en la Ley Anticorrupción, de solo 16 que habían antes.
3.500
Millones de dólares al año es lo que estima la UIF de Perú que mueve el ‘lavado’ en ese país.
10.000
Dólares en depósitos bancarios o cantidades superiores deben ser declarados en un formulario de UIF
Bolivia presenta avances de lucha contra lavado al GAFI
Gráfica que denota la investigación proveniente del lavado de dinero. | iprofesional.com – Agencias
Los Tiempos – 13/02/2012
Bolivia tiene una nueva oportunidad esta semana para salir de la “lista negra” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de naciones cuestionadas por sus deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Desde hoy hasta el viernes, la plenaria del GAFI se reunirá en París, Francia, para analizar los avances y fallas de sus países miembros.
Otros tres países sudamericanos, Paraguay, Argentina y Ecuador, esperan en esta oportunidad mejorar su calificación para salir de otra lista, la gris, a la que ingresaron por tener deficiencias aunque en camino de resolverlas.
Bolivia debe exponer qué medidas ha tomado en los últimos cuatro meses para endurecer las normas con el objetivo de una mayor prevención, detección, control y reporte de transacciones, presuntamente vinculadas con la legitimación de ganancias ilícitas o lavado y el financiamiento de terrorismo.
Recientemente, el Gobierno aprobó una normativa, a través de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), para controlar las transacciones en las casas de cambio.
Desde el 31 de enero pasado, todas las personas que utilizan el servicio de esas empresas deben llenar un formulario y no sólo presentar su cédula de identidad como antes. El documento contempla los nombres y apellidos, la fecha de nacimiento, nacionalidad, número y extensión del documento de identidad o pasaporte, estado civil, domicilio particular, profesión, actividad económica u ocupación principal, etc.; para personas jurídicas se exige la razón social, la actividad, el número de identificación tributaria, domicilio de la oficina principal y sucursales y teléfonos.
Los Tiempos consultó al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas qué autoridades conforman la delegación boliviana que expondrá ante el GAFI en París, pero en el departamento de Comunicación indicaron que no tenían información al respecto.
Evaluación
La última evaluación del GAFI sobre la situación de Bolivia fue en octubre del año pasado, cuando el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, no logró convencer en París de que el país había tomado medidas para cumplir sus compromisos en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
El GAFI indicó que Bolivia, si bien ha dado pasos para mejorar en su estrategia contra el “blanqueo” con la aprobación de una ley que modifica el Código Penal, no ha hecho suficientes progresos para hacer frente a sus deficiencias.
Por lo tanto, el país se mantuvo en una “lista negra” de países cuestionados en la que comparte desde entonces puesto con Etiopía, Kenia, Myanmar, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Sri Lanka, Siria, Turquía y Cuba que es un caso especial debido a que no se somete a las normas del GAFI. Por debajo sólo se encuentran Irán y Corea del Norte.
Las políticas de varios países fueron revisadas en 1996 y reformuladas sustancialmente en 2003 para reflejar los cambios en las tendencias del lavado de dinero y anticipar futuras amenazas contra la democracia y la economía.
Algunas tareas pendientes
El organismo internacional dijo que Bolivia aún debía: asegurar la adecuada criminalización del lavado de dinero; del financiamiento del terrorismo; establecer y aplicar un marco jurídico adecuado para la identificación y congelación de activos de los terroristas y establecer una Unidad de Inteligencia Financiera eficiente.
A fines de diciembre, Bolivia estuvo presente, a través de del viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén, y de la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Mariela Sánchez, en la reunión del Gafisud —filial sudamericana del GAFI, encuentro preparatorio para la plenaria del GAFI en París esta semana.
El GAFI es un organismo intergubernamental cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas, en los niveles nacional e internacional, para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Fue establecido en 1989 por el G7, y en abril de 1990 dio a conocer sus Cuarenta Recomendaciones, que proveen un diseño de la acción necesaria para luchar contra el lavado de dinero.