Rolando Antelo*
Bolivia vive las peores horas de su existencia como Estado independiente.
Participa y no dejes que el narcotráfico siga paseándose orondo en nuestras calles, con abierta complicidad del Estado.
Nuestro futuro como sociedad no puede ni debe ser la consolidación de un narco-Estado que contamina y mata, no sólo fronteras adentro, sino también fronteras afuera.
En Bolivia, varios personajes públicos en las principales ciudades creen que se puede convivir con la violencia visible casi a diario, como en la ciudad de La Paz, donde llegan de 3 a 4 cadáveres NN cada día; Santa Cruz con una situación similar, Cochabamba sin datos y otros lugares del país.
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Esta equivocada certeza de la convivencia con la delincuencia alcanza inclusive a los empresarios privados de nuestro país, que en recientes declaraciones de su Presidente, Sr. Sánchez, elogió abiertamente supuestos resultados de estabilidad que sólo alcanzan a los grupos que están vinculados directa o indirectamente al poder, pero que no toma en cuenta ninguno de los elementos evidentes, comprobables, que a diario se pueden ver en diarios y canales de televisión.
Los índices de violencia en nuestro país treparon en ascensor luego de la expansión ilimitada de las hectáreas de coca, amparada por una política asistencialista a esa actividad promovida desde el presidente de las 6 federaciones de productores de hoja de coca, Evo Morales.
Su trabajo en favor de los cocaleros que preside ha dado ya resultados concretos:
Nuestro país ha sido excluido del Tratado de Viena por decisión de Evo Morales.
La DEA ha sido expulsada.
Una senadora que denunció con pruebas irrefutables actos de corrupción que involucraban a narcotraficantes fue detenida ilegalmente a simple denuncia de ilegal gobernador puesto a dedo por Evo Morales. La grave noticia sólo mereció una página interior en 1 de los 5 diarios que se publican en Santa Cruz y absoluto "silencio" en los otros 4.
Otro senador, que recibió pruebas que involucraban a empresarios, políticos, militares y policías bolivianos con el narcotráfico, ante la segura posibilidad de sufrir represalias que terminen con su vida o la de sus familiares, entregó públicamente las pruebas a Evo Morales, mismas que a casi un año no tuvieron un solo comentario.
El apresamiento por la DEA en Panamá del entonces zar antidroga en una operación conjunta chileno-norteamericana, el narco-general Sanabria, sólo sirvió para que el Departamento de Estado norteamericano siente a Bolivia y firme un "Tratado de restablecimiento de relaciones", que pasa por alto la desaparición completa de la independencia de poderes, ya que todos los jueces y fiscales en ejercicio son parte del gobierno al haber sido elegidos por listas enviadas desde el Palacio Quemado a un parlamento dócil, donde Evo Morales tiene la mayoría necesaria para hacer lo que quiera.
¿Para qué abundar con las cifras de múltiples violaciones a los DDHH, a las leyes, a la paz social, a la razón?
La aplicación de una verdadera política represiva contra los ciudadanos en general y los del oriente en particular es públicamente comprobada a diario.
El clímax de esta represión del Estado cocalero contra los ciudadanos se dio en dos hechos que traspasaron las fronteras:
a) La "Masacre de Yucumo".
Represión indiscriminada el 25 de setiembre de 2010 contra los indígenas de 34 naciones del oriente boliviano, ordenada desde el gobierno que preside el cocalero Evo Morales.
En ella participaron militares, policías y civiles, mismos que torturaron, maniataron con cinta masking, secuestraron e intentaron confinar con aviones de la Fuerza Aérea Boliviana a los indígenas en marcha, constituyendo estos actos un crimen de lesa humanidad.
b) La "Masacre de Yapacaní".
Asesinato de 3 ciudadanos en una ciudad del oriente boliviano, donde más de 500 policías, 700 según otros reportes periodísticos, con órdenes de jueces y fiscales que responden al gobierno, reprimieron salvajemente a cientos de pobladores que manifestaban pacíficamente impidiendo la asunción de un alcalde destituido por el Concejo Municipal y restablecido por instrucción judicial.
Luego de la represión y de las muertes (hay varios heridos más, pero los reportes no se conocen), policías obligaron con violencia a 5 muchachos detenidos con anterioridad a los crímenes en la ciudad de Montero a disparar armas de fuego, para proceder luego peritos especializados a realizarles la prueba del guantelete, que dio, lógicamente, positivo.
¡El gobierno quería acusar a estos detenidos de los 3 muertos!
La comisión de este hecho delictivo que salió a la luz pública, donde están involucradas las máximas instancias del Poder Ejecutivo, miembros del Poder Judicial y la Policía Nacional Boliviana, se encuadra directamente en actos señalados en la jurisprudencia internacional como "Terrorismo de Estado".
El mismo Ministro de la Presidencia salió a "validar" estas ilegales pruebas, vanagloriándose de haber "identificado a los responsables de los asesinatos", pidiendo desde el Palacio del Quemado, en el colmo de un cinismo criminal, la pena de 30 años de prisión contra unos chicos inocentes.
De no haber sido por el reportaje realizado a un fiscal, donde el mismo desmintió la falsa prueba del Poder Ejecutivo manifestando que el día de los hechos criminales, hacía ya 5 días que estos muchachos estaban presos, el poder político, judicial y coercitivo los hubieran utilizado como "cabeza de turco" del gobierno cocalero.
Existen puntuales hechos que muestran un accionar delictivo desde el Estado boliviano contra sus ciudadanos.
No vacilan en la comisión de delitos de lesa humanidad, o aún delitos comunes desde el estado mismo.
La prensa nacional poco o nada puede hacer en un panorama de completo oscurantismo institucional, además de la reciente denuncia de los periodistas de la ciudad de La Paz, que denunciaron decenas de casos de violaciones a los DDHH y al ejercicio de un periodismo libre, cometidos en su mayoría por el gobierno de Evo Morales o sus grupos afines.
Lamentablemente, con honradas y puntuales excepciones nacionales, la casi totalidad de diputados y senadores de la región más castigada con presos, torturados y exiliados, Santa Cruz, están comprometidos directa o indirectamente con el gobierno o con sus serviles del gobierno departamental a cargo de Rubén Costas, o con el municipal a cargo del Alcalde Percy Fernández.
Su labor de fiscalización de los centralizados poderes del Estado es nula, como nula es su acción internacional ante instancias puntuales que contribuyan a cambiar esta situación de real orfandad política en que vivimos los bolivianos.
Algunos de ellos inclusive están en comisiones de la Cámara de Diputados o Senadores como si en nuestro país existiera la democracia, la libertad, el Estado de derecho, la independencia de poderes, el respeto a la Constitución, el respeto a la ley.
Ni diputados ni senadores, institucionalmente hablando, hacen nada por la recuperación de la democracia perdida, pues las presidencias de ambas cámaras están en manos de partidarios de Evo Morales.
Este parlamento "ninguneado" hace rato viene sobrando en el esquema cocalero, pues el presidente hace lo que quiere, cuando quiere y diputados y senadores evistas y de oposición, con excepciones bien determinadas y contadas con los dedos de una mano, miran a otro lado.
Lo más grave, es el efecto destructivo de las instituciones en los Estados a los que incursiona el narcotráfico, que denomino ETAPON (Efecto de "Expansión Territorial Activa, Permanente y Organizada del Narcotráfico" desde Bolivia).
ETAPON en Brasil
El reciente inicio de la "Guerra contra las Drogas" en las favelas de Río de Janeiro, Brasil, sumado a la no declarada pero iniciada "Guerra contra el Narcotráfico proveniente de Bolivia", que llevó al gobierno de Dilma Roussef a militarizar con más de 8.000 efectivos de élite, por agua, tierra y aire, toda su frontera con Bolivia.
¿Qué pasaría, por ejemplo, si el Estado mexicano pone a fuerzas militares de élite, barcos en los límites territoriales de sus aguas fronterizas y aviones sobrevolando las fronteras con los EEUU? Quienes tienen memoria, saben que un acto similar de Chávez ocasiono un movimiento de tropas del entonces presidente Uribe, donde debieron intervenir varios presidentes a fin de apaciguar las cosas.
ETAPON en Argentina
La situación es más que crítica en todo el norte argentino. Y parece que en el gobierno nacional.
Un juez recibió una cabeza humana decapitada en una caja. Un funcionario judicial ascendido a Juez no asume, pues fue objeto de golpizas y amenazas de muerte.
Se apresan grupos de 12 personas involucradas en narcotráfico, pero lo peor es que son personas armadas por el Estado argentino para custodiar las fronteras: son gendarmes.
Y lo más grave aun, algo que espero sirva para que cada de ustedes que alcanzó a leer hasta aquí, se involucre de verdad en el combate permanente a tiranías y mafias de narcotraficantes en América, que se asocian para destruir la vida sana que está siendo atacada por seres humanos sin corazón ni Dios: ¡periodistas denuncian que una ciudad de Salta, Orán, está tomada por el narcotráfico!
Este hecho criminal atroz sólo pudo darse desde la toma del poder de un país en América Latina, por un grupo de sindicalistas vinculados a la producción de materia prima para el narcotráfico y el hecho que los EEUU, con anuencia e informes positivos de la DEA, NSA y Departamento de Estado, pretendan restablecer relaciones diplomáticas como si nada pasara en Bolivia, en marco de extrañas frases de halagos y respetos mutuos luego del apresamiento del narco-general Sanabria, deportado a los EEUU.
Esto deja en claro que será la sociedad civil, sin la ayuda de gobiernos ni ONG’s ni padrinazgo alguno, la que deberá luchar para desterrar esta desigual guerra del crimen armado, organizado y protegido por quienes debieran proteger a los ciudadanos.
Si usted, que puede difundir la verdad desde su muro, su radio, su televisión, su diario, su cátedra, su círculo intimo, calla, a usted su conciencia.
A usted, que sin tener hijos o teniéndolos, valora los propios y extraños como únicos, amados e inocentes seres humanos, merecedores de una sociedad mejor, que aun sin ser perfecta (pues en todos lados se cuecen habas), debe tender a mejorar en sus valores y vida en común y no a dejar que mafias empoderadas destruyan, atacando a la familia, la sociedad, sus valores, las instituciones, los Estados, le pido con todo respeto que difunda allí donde le sea posible, la importancia de denunciar en todos los ámbitos lo que está ocurriendo en Bolivia, desde Bolivia, con un presidente que no respeta la duración finita de su vida, la de nuestros hijos, la de nuestras jóvenes sociedades adolescentes y se presta a actos abominables contra la misma, no desde fuera de la ley, sino, aunque parezca increíble, desde dentro de ella, pues su carácter de "Jefe de Estado" le da por ahora protección política, mediática y jurídica.
¡Es necesario comenzar a poner fin a esta situación!
¡No deje usted que le callen la conciencia, la razón, la palabra! ¡Hable y denuncie! Pronúnciese.
¡No deje que el criminal narcotráfico y sus coyunturales aliados nos quiten el futuro!
*Presidente de la Asamblea Boliviana Democrática Internacional