Conflicto. Hay 2 nuevas demandas contra parlamentarios. Una causa la plantea el fiscal Marcelo Soza y la otra el senador Gerard Ortiz.
La palabra “desacato” suena a insomnio, preocupación, canas, gastos judiciales y trajines, y en fin, a una especie de delirio de persecución para los parlamentarios opositores Germán Antelo, Róger Pinto y Carmen Eva Gonzales.
Se trata de un tipo delictivo contemplado en el artículo 162 del Código Penal, que establece penas de 6 meses a dos años, contra quienes “calumniaren o injuriaren a un funcionario público”.
Senador vs senador. A la decena de procesos que existen, ayer se conocieron otros dos más y el senador de Convergencia Nacional, el cruceño Germán Antelo, lo experimentó en carne propia cuando ayer concurrió a prestar una declaración informativa a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de La Paz, ante una demanda instaurada por su mismo colega, Gerard Ortiz, también de Convergencia. Compareció ante el fiscal José Ponce y se acogió al derecho constitucional de guardar silencio.
Luego contratacó. “A veces las denuncias vienen directamente del MAS y a veces vienen de personas allegadas al MAS que intentan devolverle favores”, dijo Antelo aludiendo a su denunciante.
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Gerard Ortiz, de Chuquisaca y por dos años jefe de bancada en Senadores, negó ser funcional al oficialista Movimiento Al Socialismo y, por el contrario, acusó a Antelo de “haber negociado con el MAS, la jefatura de la bancada opositora a cambio de volver a entregar por segunda vez la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz.
Ortiz indicó que la denuncia por desacato es porque Antelo lo acusó de vinculaciones con el narcotráfico. Antelo negó la sindicación y también ser funcional al MAS.
Soza contra dos senadores. En el segundo caso, el denunciante es el fiscal del caso Rózsa, Marcelo Soza contra los senadores opositores Róger Pinto y Carmen Eva Gonzales porque estos presentaron una cinta de audio en la que se escucharía al fiscal Soza; la abogada de las víctimas de El Porvenir, Mary Carrasco y un funcionario del Ministerio de Gobierno.
El abogado Moisés Ponce de León, defensor de Soza, señaló que ambos no pudieron probar esa situación y por eso ahora tienen la demanda en los estrados judiciales.
"La oposición ya no puede hacer su trabajo de fiscalización y de remitir denuncias ante las instancias pertinentes, yo no sé, pero sin embargo, estas acciones vienen dirigidas desde el Gobierno y están direccionadas a la oposición", acusó la senadora Carmen Eva Gonzales.
La parlamentaria pandina sabe a qué huele el desacato pues el 26 de enero pasado estuvo detenida por 6 horas por otra denuncia.
2 años
Es la pena máxima por el delito de desacato y no procede la detención preventiva de los acusados.
‘Esto es palomas contra las escopetas’
La senadora Gonzales indicó que como el caso del videosoborno, en vez de investigar a los implicados, solo prospera el proceso contra los denunciantes del hecho.
Ref. Fotografia: Ilustración: David Diez Canseco
Santa Cruz, El Día