A diciembre, había más de 1.450.135 rentistas en todo Bolivia. El Gobierno tenía como meta la jubilación de 30.000 personas, pero llegó al 33% de sus expectativas.
BENEFICIO. Un trabajador cobra su renta de jubilación
Por Gabriela Imaña – La Prensa – 27/02/2012
Entre enero y noviembre del año pasado, 9.173 personas se jubilaron bajo los lineamientos de la nueva Ley de Pensiones. Esa cantidad duplica el número de rentistas que se acogían a este beneficio en pasadas gestiones, según un informe de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones y Seguros (APS).
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Según datos estadísticos de la fiscalizadora, la Evolución Anual de Pagos por Jubilación muestra que entre 2005 y 2010 (con excepción de 2008) se generó un incremento promedio de 4.500 personas por año, pero en la gestión 2011, desde enero hasta noviembre, la cifra se elevó a 9.173 personas.
El informe señala que hasta el 31 de enero de este año, los beneficiarios de la Renta Dignidad ascienden a 901.348.
En una entrevista concedida en enero a diferentes medios, el viceministro de Pensiones, Mario Guillén, dijo que el sostenido crecimiento del universo de nuevos jubilados obedece a los beneficios que otorga la Ley 065, entre los que se encuentra el Fondo Solidario, que mejora las rentas de los trabajadores, en especial de aquellos con bajas pensiones.
La recaudación. Datos de la APS señalan que entre enero y diciembre de 2011, las recaudaciones mensuales por aportes a la seguridad social de largo plazo incrementaron en aproximadamente un 30 por ciento.
En enero, el monto mensual recaudado fue de 310,93 millones de bolivianos, mientras que en diciembre se alcanzó los 548.023 millones de bolivianos. La norma respectiva prevé que todos estos recursos sean administrados por la nueva gestora pública de seguridad social de largo plazo a través de un régimen administrativo específico.
Sin embargo, hay retraso en el proceso de traspaso de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a tuición del Estado.
El 20 de enero pasado, Guillén manifestó que la transferencia informática de los datos de los aportantes es la que genera la demora. “Es un tema complicado, son más de un millón de registros que tienen que ser transferidos, y no es fácil, no es agarrar y pasar los datos y que la gente pierda aportes (…). Debemos tener mucho cuidado”, sostuvo.
15 años de vigencia tuvo el pasado sistema de pensiones aprobado por el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
La mayor cantidad de jubilaciones debía registrarse este año debido al número de casos acumulados que no se atendieron durante los 15 años de vigencia de la anterior Ley.