Se inicia el diálogo entre los discapacitados y la comisión legislativa con la mediación de DDHH


Desde el mediodía de este martes, una delegación de la vigilia de discapacitados y una delegación legislativa del Senado comenzaron una reunión a puertas cerradas para lograr un consenso sobre la aprobación de la una ley de trato preferente y un bono anual de entre 1.000 y 5.000 bolivianos. Después de cinco días de vigilia en inmediaciones de la plaza Murillo, la dirigencia de la caravana que discapacitados- que fue reprimida por un contingente policial- logró aceptar la mediación de la Asamblea de Derechos Humanos para comenzar un nuevo diálogo con los senadores.

Este lunes, el pleno del Senado con mayoría de representantes del partido gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS) aprobó en grande y detalle la ley general de trato preferente para las personas con capacidades diferentes. Ello, pese al descontento de la protesta a una cuadra de Km 0, donde algunos discapacitados procedieron a crucificarse y hasta sacarse sangre para escribir carteles de protesta. La reunión entre discapacitados y senadores continúa esta tarde, por lo que funcionarios de la Asamblea de Derechos Humanos procedieron a tapar los orificios y ventanas de las puertas de ingreso de la institución para evitar interrupciones.

El dirigente de los discapacitados Camilo Bianchi dijo minutos antes de comenzar la reunión que “ojalá” se pueda dar consensos a partir de la mediación. La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera, explicó que la intención de esta institución es generar una solución pacífica entre el Gobierno y el sector en protesta para evitar acciones radicales de los discapacitados que podría afectar su salud.



Mientras la dirigencia de las personas con capacidades diferentes se reúne, la vigilia continúa en inmediaciones de la calle Ingavi, donde esta mañana algunos cristianos se dieron cita al sector para bridar de apoyo moral a las decenas de personas que esperan conseguir un bono anual de al menos 5.000 bolivianos y no así uno de 1.000 como propone el Gobierno.

Fuente: Red Uno.

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