Asambleístas representantes del departamento de Tarija se declararon en emergencia y rechazaron hoy los resultados del primer informe de los estudios de la empresa Gaffney, Cline & Associates sobre los campos gasíferos de Huacaya y Margarita.El diputado de Convergencia Nacional, Adrian Oliva, rechazó este informe indicando que este constituye sólo un estudio de consultoría que no recogió la información idónea ni adecuada para poder llevar adelante una conclusión.“Este informe carece de respaldo legal, no tiene una norma legal que lo sustente, además porque vulnera la Constitución Política del Estado al pretender que el mismo se constituya en un dictamen para determinar el pago de regalías departamentales”, acotó.A juicio del legislador, este sería el primer caso en Bolivia que se pretenda pagar regalías por las reservas de gas y no por la producción que se genera, cuando la CPE de manera expresa establece que el pago de regalías se realiza por la producción, por aquello que se encuentra en el territorio en determinado departamento.Oliva responsabilizó al gobierno del presidente Evo Morales y al Movimiento al Socialismo (MAS) de las consecuencias que se puedan generar a partir del intento de vulnerar las leyes y de afectar los recursos departamentales de Tarija al margen del marco que está vigente.“Quiero responsabilizar al presidente Morales y su gobierno porque lo que pueda suceder el día de mañana por este conflicto que con seguridad se agravará. Aquí existe un actor central, un responsable de todo este proceso, que al margen de la ley y de la CPE, está llevando adelante y que pretende afectar las rentas departamentales sin tener el sustento debido”, afirmó.Por su parte el asambleísta departamental de la bancada Camino al Cambio, Alan Echart, al rechazar este informe anunció que en el departamento de Tarija se realizarán movilizaciones e iniciarán acciones legales ante instancias internacionales para hacer valer la ley.