Rodolfo Eróstegui
El Ministro de Gobierno, en forma paradójica, retomó el discurso de anteriores ministros de los gobiernos denominados neoliberales, al afirmar que los derechos de las movilizaciones sectoriales no pueden subordinar a aquellos que la población tiene, fundamentalmente el derecho al libre tránsito. Es más, pidió la intervención de oficio del Ministerio Público.
Se afirma, con base en registros estadísticos, que el periodo que atravesamos es más conflictivo que los vividos durante los gobiernos de Hernán Siles y Carlos Mesa. Al parecer, la diferencia entre estos conflictos es que los anteriores tenían una finalidad política y algunos observadores los denominaban subversivos; en cambio, los actuales son fundamentalmente de reivindicación: No a la carretera, no a las ocho horas, etcétera.
Si bien todos los gobiernos que se sucedieron durante los últimos 40 años registraron cifras abultadas de conflictos, nosotros tomaremos únicamente a tres que los observadores coinciden en señalar como los más conflictivos.
En un estudio del CERES se afirma que durante el Gobierno del Dr. Siles (11 de octubre a 4 de agosto de 1985), se registraban 54 conflictos nuevos cada mes. Siete de cada 10 eventos se producían en los principales centros urbanos del país, pero también se aprecia en ese periodo una alta proporción de conflictos de alcance nacional o que movilizaron a todo un departamento.
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En este mismo estudio se dice que el número de conflictos durante el Gobierno de Carlos D. Mesa sobrepasó los 52,4 eventos nuevos por mes. El 66% de los conflictos se desarrolló en los centros urbanos y el 29,4% en las áreas rurales. Un 3% involucró a todo el país o a un departamento en su integridad. Durante 2011, la Fundación UNIR afirma que se observaron 1.406 conflictos sociales. Esto significa que el año pasado se produjeron 117 conflictos por mes. Abril y agosto fueron los más tensos de todo el año. Los problemas tienen su raíz en la identidad y valores, reconocimiento del otro y la falta de diálogo.
El investigador Kimberly Inksater, en un documento preparado para la Cooperación Canadiense, después de realizar una amplia revisión histórica de los conflictos en el país, concluye que la política, las diferencias ideológicas, el Estado monocultural que es incapaz de comprender o gobernar en una realidad plural y la fragmentación de la sociedad civil son, entre otras, las principales causas que desatan los conflictos en el país. En los últimos días, los residentes en La Paz, obligados a concurrir al centro de esta urbe, se encontraron con verdaderos embotellamientos de manifestaciones y de vehículos: Una marcha circulaba de norte a sur, mientras que otras lo hacían de sur a norte. Además, existían puntos de bloqueo en el este y el oeste.
Los ciudadanos consultados por los medios de comunicación, además de protestar contra estos eventos, no estaban enterados de qué es lo que reclamaban los manifestantes. Por ello, nos atrevemos a decir que las movilizaciones sociales perdieron la legitimidad con la que contaban en el pasado. Éstas no tienden a explicar o sensibilizar a la sociedad respecto de sus demandas, sino únicamente a presionar, sin importar a quién perjudican, para lograr sus objetivos. De esta manera, un instrumento democrático, como es la protesta, se convierte en algo antipático, antidemocrático porque no respeta el derecho de las mayorías. Por ello, las declaraciones del Ministro son correctas, pero debía haberlas hecho también hace ocho años.
La Prensa – La Paz