José Gramunt de Moragas, S.J.
El Estado es la institución de derecho público por excelencia. El cambio de régimen político dentro del mismo Estado, como puede ocurrir al pasar de monarquía a república y de ésta a Estado Plurinacional, no interrumpe la continuidad de los poderes y obligaciones del Estado Nacional. La recta doctrina establece que un Estado se plasma geográficamente en un determinado territorio, asume la representación colectiva de los habitantes, ejerce una determinada autoridad bajo el mandato de la ley fundamental y tiene como obligación irrenunciable la prosecución del bien común.
El cambio de gobierno no desliga los compromisos de Estado. Vaya un ejemplo sencillo: un tratado internacional contraído por el gobierno A, sigue vigente durante el gobierno B, salvo que exista una cláusula especial que ponga un determinado término a ese contrato, o se denuncie el tratado. Mientras esos actos legales no se produzcan, el tratado sigue vigente y los Estados contratantes siguen vinculados por ese instrumento internacional. Lo más importante de lo dicho es que ningún cambio de gobernantes releva al Estado de su primordial obligación de procurar el bien común.
En este punto es donde se complementan el gobierno, por una parte, y la oposición, por la otra. Ahí está el juego (muy serio por cierto) de los pesos y contrapesos. Cuando las decisiones del gobierno se apartan del bien común, los ciudadanos que no aceptan ese
desvío tienen el derecho y la obligación moral de denunciar los errores del gobernante y de proponer otras opciones que se estiman mejores para la nación. He aquí la función de los partidos políticos. Misión que no es exclusiva de esas agrupaciones políticas sino que es
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un derecho que se extiende a lo que llamamos la opinión pública y cuyo medio de expresión es la prensa. También podría ser la calle, y en la actualidad es la calle el medio de expresión más contundente de una opinión pública que repudia muchos de los errores que comete el gobierno.
Entre esos errores quiero destacar el hecho de que el Tribunal Constitucional Plurinacional haya devuelto aproximadamente 300 causas porque no llevan el rótulo de Estado Plurinacional, pese a que fueron presentadas cuando el Estado boliviano llevaba por título el democrático nombre de República. O sea que, según esa nueva y abusiva exigencia del TCP, ningún trámite o documento expedido bajo el rótulo de República de Bolivia tiene validez, y los litigantes están forzados a repetirlo con papel membretado del Estado Plurinacional, etc.
Asimismo, ha ocurrido en las escuelas públicas y en otras entidades estatales donde se ha exigido que los certificados de nacimiento (republicanos) sean sustituidos por otros (plurinacionales), previo pago de 30 Bs.
Ante el caso extravagante de los rótulos oficiales, plantado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, el penalista Arturo Yáñez se pronuncia: “ningún tribunal puede alegar una cuestión de forma para evitar pronunciarse sobre el asunto, y tiene que resolverlo”.
La pregunta que cualquiera se hace es si Bolivia, mundialmente reconocida como República hasta el 2003, pasó a ser otro Estado que deberá inscribirse de nuevo en la Organización de Naciones Unidas. O, si los bolivianos tienen que nacer dos veces: una vez republicanos otra vez plurinacionales, para estar correctamente documentados. Algo más: “¿Tendrán los litigantes del TCP la plata para viajar a Sucre a fin de tramitar el cambio de una palabrita?”, se pregunta el presidente de la Comisión de Justicia Plural, Juan Carlos Cejas.
ANF