Cayo Salinas
La forma como se construye Estado e institucionalidad varía en función de idiosincrasia, formación, educación, etcétera. Por ejemplo, en Bolivia, no se acostumbra sancionar a quien recurre a la vía pública para hacer sus necesidades o a quien echa papeles o cáscara de fruta mientras conduce su vehículo. En Singapur, sí, donde además está completamente prohibido generar actos que alteren la tranquilidad y paz pública bajo pena de cárcel, azotes e incluso la muerte. En Singapur, a nadie se le ocurriría entorpecer el normal tránsito de personas y vehículos en la zona que compone su gran Centro Financiero; en Bolivia, si tuviéramos uno, con seguridad que sería blanco de innumerables ataques y escenario de riñas entre manifestantes y policías, y destrucción de propiedad pública y privada. En países como el nuestro, muchas veces confundimos libertad con libertinaje, y sea cual fuere el Gobierno de turno, acostumbramos a llevar el derecho a manifestación, a reclamar mejores condiciones de vida y a optar por reivindicaciones —algunas justas, otras no— lesionando derechos constitucionales de terceros.
Se ha vuelto una práctica común acudir al bloqueo de carreteras y calles para presionar en procura de obtener un beneficio. Los canales institucionales que forman parte del Estado de derecho ya no sirven. Los mecanismos que prevé, menos. Resulta mejor, ya sea por la efectividad y contundencia del bloqueador o por la inoperancia e ineficacia del funcionario público, acudir a la presión en procura de alcanzar un objetivo, sea éste un bono, la apertura de un camino o el incremento de la base salarial.
Ni a bloqueadores ni funcionarios públicos se les pasa por la mente si con la acción de unos y la omisión de otros se altera la vida de las personas, se vulnera sus derechos y si se afecta la economía nacional. Nadie repara en el hecho de que bloquear una carretera dos o tres días importa que las mercaderías que se transportan sufran una demora en su entrega; que contratos privados sean incumplidos; que empresas bolivianas sean objeto de multas al amparo de dichos contratos y alguna vez, como me pasó, que mis clientes hayan perdido la carga porque, gracias al bloqueo, ¡se pudrió!
En Singapur, nadie se atrevería a pintarrajear la escultura de un león edificado en alguna plaza —símbolo nacional— y menos a impedir la libre transitabilidad de personas y motorizados. En Bolivia, sí, y no una, sino varias veces. Me dirá usted que las diferencias de tamaño en economía entre la República de Singapur y Bolivia son abismales y que los niveles de pobreza que existen en nuestro país y no en aquél de alguna manera dan cabida a que se recurra a este tipo de expedientes. Es cierto. Sin embargo, Bolivia cuenta con bolsones de pobreza insoslayables, por lo que recurrir al bloqueo de caminos no hace otra cosa que agravar la situación y dejar patente la debilidad institucional del Estado cuando toca tratar este tema.
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La Prensa – La Paz