Marcelo Ostria Trigo
El 23 de marzo del año pasado, el presidente Evo Morales anunció que demandará a Chile ante un tribunal internacional para lograr una salida de Bolivia al Pacífico. También dijo que, no obstante esta decisión de recurrir a la justicia, no abandonará el diálogo con La Moneda y que continuará con la agenda de 13 puntos –uno de ellos se refiere a la mediterraneidad– que se concertó con la presidenta chilena, Michelle Bachelet. Seguir el diálogo y el pleito simultáneamente no deja de ser curioso.
Luego, de tiempo en tiempo, se informaba de avances en la tarea de acumular antecedentes históricos sobre la pérdida del Litoral y preparar la argumentación jurídica y política en la que se fundaría la demanda de reivindicación marítima.
En este proceso fueron convocados ex – presidentes y ex – cancilleres para recibir iniciativas e ideas para la presentación del caso boliviano. No se dieron a conocer los consejos de los convocados.
Recientemente se reveló la contratación de abogados extranjeros para las tareas de preparación de la demanda. Los expertos son los españoles Antonio Remiro Brotons, Jorge Cardona Llorens y Rosa Riquelme (el controvertido juez Baltasar Garzón se había excusado, como corresponde a un miembro de una judicatura) y los argentinos Marcelo Kohen y Osvaldo Guglielmino.
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Por lo visto, todo está definido. Habrá demanda. Los abogados contratados y los funcionarios, en pleno trabajo. Ahora es cuestión de tiempo, según el canciller Choquehuanca, que hizo sus cálculos, de mucho tiempo…
Los tribunales, cuando fallan, reconocen los derechos de una de las partes. En este caso, los de uno de los dos países, lo que indica que por nuestra voluntad vamos a llegar a una definición que zanjará la controversia definitivamente, para bien o mal de nuestro interés.
No todos piensan que este es un buen camino. Ni siquiera se tiene la convicción de que los argumentos a esgrimirse son suficientemente sólidos para una demanda cuyo objetivo sea lograr la nulidad del Tratado de 1904. Es que no hay precedentes de una acción judicial de esta clase. Es más: muchos de los límites nacionales han sido fijados luego de guerras –todas injustas, no las hay buenas. Pero, por ahora, parece difícil que se abra la caja de
Pandora y hacer que resurjan las disputas territoriales.
Por otra parte, no es que los tratados sean totalmente intangibles como se afirma con machacona insistencia en Chile, pues siempre las partes, de común acuerdo y en ejercicio de su voluntad soberana, pueden alterar, modificar y aun anular un tratado. Pero de lo que se trata ahora es de un pleito que –como saben los abogados– no es posible asegurar quién va a ganarlo. En el estado del avance del derecho internacional es muy difícil que prospere una demanda para anular un tratado que fija límites y que ha sido aplicado por más de una centuria.
Este 23 de marzo se reiteró que se buscará una definición por la vía judicial. Esto puede sepultar la posibilidad de retorno de Bolivia al Pacífico. En el caso –no deseado– de un fracaso en el pleito, Chile habrá reafirmado judicialmente la soberanía que ejerce sobre el territorio del Litoral que fue boliviano.
¿Esto significa que, siendo improbable lograr la nulidad del Tratado de 1904 por la vía judicial, se debe abandonar la causa de retorno al mar? De ninguna manera.
Pero habría sido más prudente escoger la vía de la persuasión, de la búsqueda conjunta de una solución que muestre que siempre habrá una fórmula para que ganen ambos países.
El Deber – Santa Cruz