La oposición dice que el Gobierno de Evo Morales “criminaliza todo” y defensores de los derechos humanos y analistas expresan preocupación por procesos contra cabecillas de las protestas sociales.
Se quiere castigar a los que marchan y protestan
Paradójicamente un gobierno que emergió de los paros y bloqueos. Análisis: El Defensor del Pueblo pide tener mayor madurez democrática a todos los sectores en conflicto.
El Día
Ref. Fotografia: Protestas. Después del llamado ‘gasolinazo’ del 2010 la gente salió a las calles a protestar en contra del Gobierno del presidente Evo Morales.
El pedido del ministro de Gobierno, Carlos Romero, de identificar y procesar a los cabecillas de las protestas, marchas y bloqueos desató la preocupación de defensores de los derechos humanos, analistas y opositores al régimen del presidente Evo Morales.
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“Pido al Ministerio Público que pueda intervenir. El Ministerio Público está en la obligación de actuar de oficio para recabar la información y ordenar la aprehensión de gente que está afectando otros derechos”, puntualizó el ministro de Gobierno.
Preocupación. La diputada opositora Norma Piérola criticó esa determinación porque generalmente quien hace uso de la protesta callejera lo hace en demanda de algo. Por ejemplo, en El Alto de La Paz han marchado exigiendo seguridad ciudadana y en Tarija y Potosí que se solucione el tema de los límites y en la frontera entre Tarija y Chuquisaca por falta de transparencia en la repartición de regalías del campo Margarita, entre otras.
La legisladora señala que la protesta, la asociación con fines lícitos y la libertad de expresión están contemplados en la Constitución Política del Estado.
Por todo y por nada. Por su parte, la diputada opositora, Jessica Echeverría recordó que el Gobierno “criminaliza todo” y recordó las denuncias sobre el aumento del narcotráfico hechas por el monseñor Tito Solari en Cochabamba y complementadas por el gobernador cruceño Rubén Costas que acabaron en un intento de expulsión del religioso y un proceso por desacato contra la autoridad regional.
También toda la oposición está demandada por desacato por haber denunciado algo. El último caso es el de los diputados Adrián Oliva y Norma Piérola que están en la comisión de Ética de la Asamblea con el riesgo de perder su curul porque fueron a denunciar al Paraguay la persecución política contra los opositores.
También es seguro que terminan procesados quienes denuncian algo, como los indígenas que demandaron justicia luego de ser torturados en Chaparina durante la marcha del Tipnis, pero en contrapartida acabaron procesados por un supuesto secuestro al canciller.
Ni un muerto. El director del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Ángel Paz, dijo que paradójicamente este Gobierno perseguidor olvida que emergió de los paros y bloqueos y que el presidente Evo Morales dijo que renunciaría si ocurría algún muerto durante su mandato, y van más de 50 en varios conflictos.
En contrapartida el diputado masista Edgar Fernández dijo que la oposición debe sacarse ese chip de la persecución. Lo que el Gobierno quiere es que se cumpla la ley y no se cometan excesos porque hay otra gente perjudicada", dijo al justificar el accionar.
El exjefe de la Conamaq, Rafael Quispe, le recomendó al Gobierno frenar los abusos y obedecer a la ONU que le pide eliminar el delito de desacato.
Por su parte, el defensor del Pueblo de Santa Cruz, Hernán Cabrera solicitó mayor tolerancia democrática tanto a los que protestan como a los que gobiernan.
“Solo de esa manera podremos vivir en convivencia pacífica entre bolivianos", dijo.
"Lo que veo aquí es la aplicación de los métodos de Goebels.
El Gobierno del actual régimen está judicializando todo el contenido político".
Franz Michel
Historiador
"Es un abuso procesar a todos los que lo acusan o protestan por algo. Hace tiempo que Evo Morales no escucha ni a su misma gente que lo rodea".
Francisco Méndez
Vidriero
"Es una pena que persiga así a los ciudadanos. Muchos de los que se fueron generaban trabajo y entonces hemos terminado perdiendo la gente pobre".
Ciro Rosales
Peluquero
"En la oposición tienen el estigma de la persecución a ellos. Es falso eso de la judicialización de la política, lo que el Gobierno quiere es que se cumpla la ley".
Edgar Fernández
Diputado del MAS
"Que se puede esperar de una justicia servil usada por el Gobierno. Que confunde libros con libras de coca y que seguramente ante ellos vamos ir a parar".
Norma Piérola
Diputada de la Oposición
"La falta de madurez democrática puede llevar al Gobierno a cometer excesos. Y los opositores no deben tildar de traidores a los que no comulgan con ellos’.
Hernán Cabrera
Defensor del Pueblo, Santa Cruz
Análisis:
La CPE garantiza a disentir y no ser torturado
CPE. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte. (art 15).
Es responsabilidad del estado. En todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias. En los casos de electricidad, gas domiciliario y telecomunicaciones se podrá prestar el servicio mediante contratos con la empresa privada. La provisión de servicios debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; con participación y control social.
El acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos, no son objeto de concesión ni privatización y están sujetos a régimen de licencias y registros, conforme a ley. (Art 20).
Libertades. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación, en forma pública y privada, con fines lícitos. A expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva. (art. 21, inciso 4 y 5 de la CPE).
Debido proceso. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal solo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales.
Detención. Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley. La ejecución del mandamiento requerirá que este emane de autoridad competente y que sea emitido por escrito (art. 23).
Derechos. A elegir y ser elegidos, al trabajo, a la vivienda digna, a la negociación colectiva, a la sindicalización, a la familia, a la mujer a una vida digna.
Los casos más polémicos
Denuncia de narcotrafico. El gobernador de Santa Cruz Rubén Costas denunció en el 2010 que el narcotráfico estaba minando los cimientos de Bolivia como antes lo había dicho el monseñor de Cochabamba, Tito Solari. Costas fue demandado por desacato y a Solari hasta quisieron expulsarlo de Bolivia. Poco después el Gobierno admitió el problema.
Denuncia de presunta corrupción. Varios diputados entre ellos Jessica Echeverría, Róger Pinto, Luis Felipe Dorado, entre otros fueron denunciados por desacato tras denunciar la supuesta existencia de un árbol de la corrupción en el gobierno de Evo Morales. Pero la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, le siguió un proceso penal por desacato.
Denuncia de persecución política. Los diputados opositores, Norma Piérola y Adrián Oliva, se trasladaron al Paraguay a denunciar la persecución política de varios dirigentes opositores y luego al volver a Bolivia fueron pasados al Comité de Ética de la Asamblea Legislativa Plurinacional en donde en un proceso, en el que si salen culpables, pueden perder su curul.
De reprimidos a denunciados. Los indígenas de tierras bajas fueron reprimidos durante la octava marcha hacia La Paz en la localidad de Chaparina. Sin embargo, el proceso no prosperó y por el contrario, 26 indígenas son enjuiciados por el supuesto secuestro del canciller David Choquehuanca.
Juicio contra marchas callejeras. El ministro de Gobierno pidió que la Fiscalía del Estado identifique a los cabecillas de algunas marchas de protesta en El Alto o en Cochabamba, Chuquisaca y Potosí ya sea por demandas relacionadas con la inseguridad, por problemas limítrofes o por exigir programas de desarrollo.
Perseguidos. Los exprefectos de la “medialuna” ampliada del 2008 están “mal parados”. Leopoldo Fernández de Pando está preso, el tarijeño Mario Cossío con exilio en el Paraguay, el cochabambino Manfred Reyes autoexiliado en EEUU, José Luis Paredes de La Paz exiliado y Savina Cuéllar de Sucre, procesada y el beniano Ernesto Suárez afuera.