Tras la represión policial de septiembre de 2011, el Movimiento Sin Miedo (MSM) presentó una demanda contra autoridades del Órgano Ejecutivo y de la Policía, acusándolas de los delitos de genocidio, privación de libertad, desaparición forzada de personas, vejaciones y torturas y allanamiento de domicilio.
Violenta intervención policial aún sin responsables/ Foto archivo.
"No se puede entender que la brutal intervención contra indígenas pase desapercibida por el gobierno", dijo Fernando Vargas
La Paz, 26 Mar. (ANF).- El presidente de la subcentral del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), Fernando Vargas, expresó este lunes la preocupación del pueblo indígena por la “retardación de la justicia” en el Ministerio Público para sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la violenta intervención policial registrada el 25 de septiembre de 2011 en Chaparina, Beni, por lo que el ampliado de la CIDOB emitirá una resolución exigiendo la aprehensión de los responsables.
Vargas lamentó que mientras el proceso contra 24 personas que apoyaron la octava marcha Indígena en defensa del TIPNIS, que partió en agosto desde Trinidad y llegó en octubre del año pasado a la ciudad de La Paz, avanza en la Fiscalía, “la investigación por la represión contra indígenas en San Lorenzo de Yucumo apenas dio sus primeros pasos”.
“Se tiene en mente sacar una resolución donde se exija la sanción a los responsables materiales e intelectuales de la intervención del 25 de septiembre a la octava marcha, porque no se puede entenderse que la brutal intervención pase desapercibida por el Gobierno, toda vez que hay unas situaciones duras para los pueblos indígenas, creo que no debe quedarse así”, dijo Vargas, al señalar que en esta jornada concluirá la tercera Comisión de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) que se inició ayer, cuyas conclusiones definirán el punto de partida de la novena marcha en defensa del TIPNIS que partirá el 20 de abril próximo.
Tras la represión policial de septiembre de 2011, el Movimiento Sin Miedo (MSM) presentó una demanda contra autoridades del Órgano Ejecutivo y de la Policía, acusándolas de los delitos de genocidio, privación de libertad, desaparición forzada de personas, vejaciones y torturas y allanamiento de domicilio.
Los acusados son el ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti, Oscar Muñoz Colodro (Subcomandante de la Policía), Edwin Foronda Franco (Inspector General de la Policía), Víctor Santos Maldonado Hinojosa (Director General de Inteligencia), Jorge Santisteban Claure (Comandante de la Policía Boliviana).
Hasta la fecha sólo se ordenó detención domiciliaria para el subcomandante de la policía Oscar Muñoz Colodro, en tanto las investigaciones quedaron paralizadas sin establecer a otros responsables de la intervención policial.
El 25 de septiembre del 2011, la violenta intervención policial en San Lorenzo, Yucumo derivo en la detención de los indígenas que protagonizaban la VIII marcha indígena en rechazo a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el medio del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Producto de esta intervención varios indígenas fueron maniatados con cintas masquin.