Crisis. Seis concejales de la alianza de Percy Fernández y una del MAS corren el riesgo de quedar detenidos por el juicio que les inició el alcalde.
Gestiones. El concejal Óscar Vargas tramitó ayer su certificado de antecedentes penales para certificar sus datos ante el juez
El Deber
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El fiscal Anticorrupción Carlos Candia presentó ayer una imputación formal por incumplimiento de deberes en contra de siete concejales, seis del oficialismo y uno de la oposición, que el 28 de febrero se abstuvieron de pronunciarse sobre el informe de los estados financieros de la Alcaldía en el plazo establecido por ley, lo que provocó la inhabilitación temporal de las cuentas municipales.
La imputación fue enviada al Juzgado Octavo de Instrucción Cautelar, a la cabeza de Valeria Salas, por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, previstos y sancionados por el artículo 154 en el Código Penal.
Según el fiscal, los ediles disidentes Óscar Vargas, Carlos Manuel Saavedra, Yanine Parada, Sibele Ortiz, Leonardo Roca, Enrique Landívar y la masista Arminda Velásquez han retardado un acto propio de sus funciones al no aprobar los estados financieros en el tiempo previsto, por lo que en mérito a los antecedentes y como consecuencia de la imputación, el fiscal solicita la detención preventiva de los imputados.
El representante del Ministerio Público señala que procede la detención preventiva, en vista de que la sanción por el delito que se les imputa son mayores a tres años y porque considera que los ediles pueden influir negativamente sobre los funcionarios subalternos, pueden obstaculizar la investigación y porque no han acreditado documentalmente contar con un domicilio conocido ni familia constituida, lo cual se convierte en riesgo de fuga.
Los concejales todavía no han sido notificados con la imputación, ya que la misma se presentó ayer por la mañana y la jueza determinará la audiencia de acuerdo con su agenda. En el Juzgado señalaron que tienen agenda copada hasta el mes de mayo, pero que la notificación en este caso dependerá del espacio que la jueza Salas determine, aunque los imputados también tienen a su alcance la presentación de algunos recursos que se deberán resolver antes de señalar fecha.
Al respecto, la concejala Arminda Velásquez, del MAS, lamentó la actuación del fiscal porque sospecha que está actuando con celeridad bajo alguna influencia. También señaló que presentará toda la documentación necesaria para acreditar que cuenta con familia constituida y domicilio conocido; además demostrará que no pretende obstaculizar la investigación, por el contrario, está en un proceso de fiscalización denunciando todas las irregularidades que observa.
Adelantó que viajará a La Paz para hacer conocer la actuación del fiscal y para informar en instancias nacionales de su partido que sus colegas, José Quiroz y Saúl Ávalos, tienen acuerdo con el ejecutivo y que no están actuando de acuerdo con sus estatutos.
Mientras tanto, el concejal Óscar Vargas al conocer la imputación en su contra tramitó su certificado de antecedentes penales. Dijo que están recabando toda la información necesaria para enfrentar el juicio y presume que el Ministerio Público, presionado por el MAS, “esté pidiendo cárcel para nosotros”, dijo.
Instó a los concejales del MAS y a Desirée Bravo que hagan un acuerdo de frente al pueblo con el alcalde. “Estar escondidos, tratando de sacarse del medio a siete concejales para mandarlos a la cárcel, me parece una vergüenza para la democracia”, indicó.
Otros procesos
– Declaraciones. La presidenta suspendida del Concejo Municipal, Desirée Bravo, se presentó ayer ante el Ministerio Público para declarar en el marco de la denuncia de tres dirigentes gremialistas realizada en octubre de 2011. “Tenemos que venir y cumplir con lo que dice la ley; no tengo ningún problema en venir las veces que me requieran”, sostuvo Bravo.
– Involucrados. Los concejales denunciados en este mismo proceso, junto a Desirée Bravo, son Leonardo Roca, Carlos Manuel Saavedra, Yanine Parada, Enrique Landívar y Sibele Ortiz. Los dirigentes gremiales Jesús Cahuana, Griselda Muñoz y Róger Labardens los denunciaron por resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes por aprobar una reglamento de concesión de mercados
– Por la suspensión. Los seis concejales disidentes de Percy y la concejala masista Arminda Velásquez, que aprobaron la resolución de suspensión de Desirée Bravo, fueron denunciados por esta. Los ediles serán citados a declarar la próxima semana. Sibele Ortiz enfrenta otro proceso de ejercicio ilegal de la profesión de arquitecta.
Justificaciones
– Hechos. El alcalde, a través de sus representantes legales, presentó ante la Fiscalía el memorial el 6 de marzo de 2012, formalizando la denuncia contra los siete concejales.
– El 27 de febrero de 2012 se instaló la sesión del Concejo Municipal para tratar el informe sobre los estados financieros remitidos por el ejecutivo municipal en fecha 16 de febrero de 2012, pero después de una larga sesión se decretó un cuarto intermedio hasta las 8:00 del día siguiente, a efectos de continuar sesionando, para la aprobación de los estados financieros de la comuna.
– El 28 de febrero de 2012 se hicieron presentes los concejales Desirée Bravo, Freddy Soruco, Saúl Ávalos y José Quiroz, y no así los otros siete ediles, pese a encontrarse en las instalaciones del Concejo Municipal, en sus respectivas oficinas, por lo que se tuvo que dar por concluida la sesión por falta de cuórum, habiéndose consumado de esta manera el presunto ilícito penal de incumplimiento de deberes de los concejales ahora imputados.
– En sus declaraciones ante el Ministerio Público, los concejales imputados señalaron que no se constituyeron en el salón de sesiones bajo el argumento de que no había llegado la información complementaria requerida, situación que el fiscal considera por demás de incongruente, porque los ediles debieron hacerse presentes para aprobar o rechazar los estados financieros de la gestión 2011.