Represión. Medio año después de la refriega de Yucumo, la investigación fiscal no avanza. Si no hay acusaciones en este plazo, la ley prevé el cierre del caso. NNUU monitorea el proceso.
Vence plazo investigativo del caso Tipnis y no hay culpables
Plan. Juan Carlos Moreno, tendido en una camilla, luego de la golpiza de los uniformados que lo confundieron con el presidente de la Cidob, Adolfo Chávez
El Deber
La paliza fue hace medio año, la investigación comenzó dos días después. La violenta represión policial a la marcha indígena aún no muestra a todos sus autores, aquellos que ordenaron y planificaron la intervención del 25 de septiembre de 2011, en Yucumo (Beni). La parte querellante, con el Código Penal en mano, advierte de que el plazo para la investigación fiscal acabará esta semana, pues la etapa preparatoria del proceso penal dura seis meses (art. 134) y, por el momento, no hay ninguna acusación formal.
Las víctimas se quejan porque temen que el abuso policial quede impune. La gente se olvidó del episodio violento. El Gobierno calla y la Fiscalía traslada la responsabilidad por el retraso al juzgado noveno de La Paz, que es el que lleva la causa. El tiempo pisa y a los abogados querellantes, Aida Camacho y Waldo Albarracín, la boca se les hace amarga porque hablan de que este retraso solo favorece a la impunidad.
“De cumplirse los plazos, sin acusados, el caso puede cerrarse; eso dependerá del juez que lleva la causa. Nuestra siguiente chance son tribunales de justicia internacional”, denuncia, molesto, Albarracín, que cree que el retraso es intencional, pues considera que se busca proteger a las autoridades políticas involucradas.
El Gobierno no se pronuncia. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, no contesta su teléfono. Una funcionaria de esa cartera advierte que Romero no está atendiendo a la prensa por el caso Tipnis.
“No voy a desistir, mi hija fue herida en Yucumo y como padre no me trago la impunidad”, dice Rafael Quispe, exmallku de Conamaq, que protesta porque la investigación no avanza desde diciembre. Quispe opina que la Fiscalía se puso de lado del Gobierno, al que ve como el agresor de la marcha.
Las denuncias habían apuntado al presidente Evo Morales, al vicepresidente Álvaro García Linera, al exministro de Gobierno Sacha Llorenti, al exviceministro Marcos Farfán, al director de Régimen del Interior Boris Villegas y al comandante de la Policía, Jorge Santiesteban.
Los cargos: delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, privación de libertad, vejaciones y torturas en desmedro de los marchistas que caminaron a La Paz, entre septiembre y octubre de 2011, en defensa del Tipnis.
En este tiempo, la investigación sobre la refriega contra los indígenas solo consiguió la imputación contra el exsubjefe de la Policía Óscar Muñoz.
Llorenti aún no declara. Pese a eso, el exministro criticó el informe del Defensor del Pueblo porque lo responsabiliza por la represión sin haber escuchado su versión.
Por estos días los fiscales paceños José Ponce y Patricia Santos son inaccesibles. A ellos se les asignó la investigación por la represión y por la supuesta tentativa de homicidio contra el canciller David Choquehuanca. No se dejan abordar por la prensa. “Aguardamos el pronunciamiento del juzgado noveno hasta la fecha y nada”, se excusa Santos.
Santos habla del fallo que se pidió en diciembre al juzgado noveno para unificar en un solo caso las causas de la represión de Yucumo y de la supuesta tentativa de homicidio de Choquehuanca, ambos ocurridos durante la marcha.
Ponce no contesta: “Está en otras investigaciones”, lo disculpa su asistente.
Mario Uribe, fiscal general, excluyó al presidente Morales y al vicepresidente del juicio de responsabilidades.
Albarracín cree que eso obedece a presiones políticas.
A todo esto, los juristas advierten que este será un mal antecedente para la justicia boliviana. “La ley dice que la etapa preparatoria debe finalizar en seis meses; si la demora es mayor, la causa se extingue”, asegura William Herrera, exfiscal de Distrito de Santa Cruz y docente de Derecho Penal.
Las citaciones de testigos y sospechosos, la formulación de acusaciones hacen la etapa preparatoria de un juicio.
Ahí quedó la investigación desde diciembre, a medio camino. Hoy, cuando el plazo ya se acaba, cuando la novena marcha está en puerta, no hay acusados.
Albarracín aclara que, desde el punto de vista legal, la investigación y el fallo del juzgado son procesos independientes, así que la ‘excusa’ de los fiscales es una “aberración”.
De acuerdo con Camacho, la abogada que representa al MSM en esta querella, la unificación de las causas, de la represión y la supuesta tentativa de homicidio del canciller, solo ha servido para convertir a las víctimas de la refriega en acusados. De este modo, según ella, se generan contradicciones que terminarán por anular el proceso y por mantener impunes a la cúpula de Gobierno y al Alto Mando de la Policía.
Como van las cosas, Fernando Vargas, presidente de la subcentral Tipnis, es pesimista, cree que los “matones de indígenas” serán absueltos”.
La causa pone a prueba a la justicia
El Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para Bolivia, Dennis Racicot, manifestó que los fiscales que llevan el caso Tipnis deben ser conscientes de las amonestaciones que impone el Código Penal para los operadores de justicia que provocan retrasos en los procesos judiciales.
“El fiscal debe ser consciente de las amonestaciones impuestas por las reglas del Código Penal, la ivestigación debe establecer responsables”, sostuvo Racicot, que además ha añadido que las NNUU monitorean el desarrollo de esta causa y que esperan resultados.
De la misma opinión es la presidenta del Senado Gabriela Montaño, que semanas atrás dijo a EL DEBER que “los fiscales tendrán que dar cuenta de sus responsabilidades, si es que no se esclarece en los plazos de ley”, si es que la investigación por la represión no prospera.
La parlamentaria aseguró que este caso no debe quedar impune, pero aclara que la cuestión es estrictamente competencia de la Fiscalía y que ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo tienen injerencia. En días pasados el Tribunal de Departamental de Justicia paceño pidió explicaciones por los retrasos al juzgado que lleva la causa.
El Gobierno niega que Evo autorizó la intervención
Página Siete / La Paz
El Gobierno mantiene la versión de que la violencia policial en el operativo del 25 de septiembre del año pasado fue un exceso generado por efectivos de la institución verde olivo y niega cualquier responsabilidad del presidente Evo Morales con la orden de intervenir la marcha.
El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, reiteró que el presidente Evo Morales no tuvo que ver con las acciones que protagonizó la Policía.
Mientras que el viceministro de Seguridad Ciudadana, Miguel Vásquez, consultado sobre el operativo de hace seis meses, se negó a opinar. Es la única autoridad que se mantiene en el Ministerio de Gobierno después de las salidas de Marcos Farfán, Sacha Llorenti y Wilfredo Chávez.
Vásquez pidió remitir la consulta a otra autoridad del despacho en el que trabaja.
Sin embargo, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, también se excusó de emitir declaración pues se encontraba en un acto público cuando fue contactado por este medio.
Autoridades del Ejecutivo reiteraron que será la investigación judicial la que determine los niveles de responsabilidad por la intervención a la marcha.
El propio Jefe de Estado, en más de una oportunidad, negó haber dado la orden para que la Policía intervenga y recordó que él también fue víctima de represión cuando fue dirigente.
El Presidente quedó fuera de la investigación. El fiscal general del Estado, Mario Uribe, rechazó las proposiciones acusatorias presentadas contra Morales y Álvaro García Linera por “falta de pruebas suficientes”.
Investigación por represión corre el riesgo de cerrarse
La Fiscalía ya emitió la orden para unificar procesos. Marcha. El dirigente Rafael Quispe y el ex defensor del Pueblo Waldo Albarracín denuncian que existe la intención de dejar de lado el caso.
El dirigente Rafael Quispe cuando se presentó en la Fiscalía. Archivo Página Siete
Página Siete / La Paz
La investigación de la Fiscalía por el operativo policial en Yucumo de hace seis meses está frenada y corre el riesgo de cerrarse.
Ésa es la preocupación de activistas de derechos humanos y los indígenas que sufrieron el violento operativo policial.
El dirigente del Consejo Nacional de Marqas y Ayllus del Qullasuyu Rafael Quispe denunció que mientras el proceso por la retención al canciller David Choquehuanca (el 24 de septiembre de 2011) avanza, la investigación por lo sucedido un día después en Yucumo está frenada en la Fiscalía.
“Parece que hay una instrucción para dejar de lado la investigación de la represión”, dijo.
El indígena, junto a otros 23 dirigentes, son procesados por presunta “tentativa de homicidio”. En esta semana, el disidente oficialista Óscar Olivera también fue citado a brindar su declaración informativa sobre el incidente con Choquehuanca.
En criterio del ex defensor del Pueblo Waldo Albarracín, existen autoridades judiciales subordinadas al poder político y por eso la investigación puede quedar en nada.
“Es muy probable que la Fiscalía juegue a esa estrategia con la esperanza de que se cumplan los seis meses de plazo y cerrarla porque fue la Fiscalía la principal responsable de la dilación de la investigación. Sería muy lamentable que esto suceda”.
En el caso de la represión de Chaparina hay tres denuncias. Una impuesta por el MSM, otra por Rafael Quispe y otra por los dirigentes de la CIDOB. La fiscal de La Paz Betty Yañíquez informó que ya se emitió un instructivo para unificar los procesos.
El fiscal general, Mario Uribe, sugirió que se unifiquen los procesos y garantizó a los fiscales asignados todo el apoyo para continuar con las pesquisas.
Albarracín afirmó que la entidad judicial deberá emitir una resolución ampliatoria para que la investigación no concluya sin una proposición acusatoria.
Responsabilidad del Gobierno
El ex viceministro de Régimen Interior Gustavo Torrico afirmó que la investigación deberá hallar responsabilidad en alguna autoridad, pues la teoría de la ruptura en la cadena de mando es insostenible. “Es imposible que se haya dado una ruptura, no hay siquiera una probabilidad. Es una falta total a la verdad pretender que la Policía actuó así. Creo que existe un encubrimiento. Si existiera un sistema judicial independiente ya se habría convocado al Vicepresidente del Estado porque él dijo que sabía quién ya había dado la orden. Eso en el Código Penal es encubrimiento”.
La presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos Yolanda Herrera dijo que el ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti fue expulsado por lo sucedido y criticó que éste haya representado a Bolivia en un congreso de derechos humanos en Ecuador.
Pese a represión a marchistas, Gobierno siguió con operativo
Hace seis meses se realizó la intervención a la marcha por el TIPNIS
TIPNIS. El “operativo evacuación” del 25 de septiembre de 2011 tenía el objetivo de desarticular la movilización en defensa del área. Dos pueblos impidieron su éxito.
Página Siete / La Paz
El “operativo evacuación”, el 25 de septiembre del año pasado. Archivo AFP
En la residencia presidencial estaba todo el gabinete político. Era de noche y la reunión se tensionó por noticias del bloqueo en San Borja y las imágenes televisivas del “operativo de evacuación” en San Miguel de Chaparina (cerca de Yucumo). Pese a las malas noticias, el Ejecutivo optó por seguir con la intervención a la marcha.
Página Siete conversó con dos personas de alta jerarquía que estuvieron presentes en el domicilio del presidente Evo Morales el 25 de septiembre de 2011 y que pidieron mantener sus nombres en reserva. Seis meses después de la represión a la movilización en defensa del Territorio del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), contaron cómo se tomó la decisión de continuar con el fallido intento para desarticular la marcha.
En el encuentro intervinieron Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera, el canciller David Choquehuanca, los entonces ministros Iván Canelas (Comunicación), Sacha Llorenti (Gobierno), Cecilia Chacón (Defensa), Carlos Romero (era de Presidencia y ahora es de Gobierno) y el actual viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales César Navarro, además de colaboradores de la plana mayor del oficialismo.
Los reportes iniciales de Llorenti eran auspiciosos. La ex autoridad insistía en que no había bajas de ningún lado.
García Linera, en una declaración registrada por el diario digital Oxígeno, confirmó que el ahora ex ministro de Gobierno mantuvo al Ejecutivo al tanto de lo que sucedía en Yucumo ese domingo.
“Toda la información del día ha venido del propio ministro (Sacha Llorenti)”, reconoció García Linera el 25 de noviembre.
Semanas antes dijo que el Ejecutivo ya conocía quién había dado la instrucción de intervenir la marcha. Sin embargo, el viceministro Navarro había reconocido mucho antes que la decisión de intervenir la marcha “vino del Gobierno”. Este desliz fue negado después por otras autoridades del Ejecutivo y se comenzó a hablar de la “ruptura en la cadena de mando”.
Cambio de planes
Todo el ambiente de la reunión en la residencia presidencial cambió cuando el bloqueo de San Borja obligó a los buses a girar con rumbo a Rurrenabaque.
Ya de noche, el celular de Sacha Llorenti no dejaba de sonar con reportes de la Policía y de los funcionarios del Ministerio de Gobierno desplegados en la zona.
Cuando Gigavisión y PAT comenzaron a difundir las filmaciones del operativo, en la que se vio a indígenas golpeados, maniatados y amordazados con cinta masking, el ex ministro comenzó a hablar de un enfrentamiento entre uniformados y originarios que jamás sucedió. Meses después, dijo que recibió esa información errónea de algunos policías. La investigación del defensor del Pueblo, que incluyó testimonios, reveló que fueron funcionarios del Ministerio de Gobierno los que compraron el masking y otros instrumentos usados en la represión.
El operativo debe seguír
A esas alturas, los miembros del Ejecutivo habían visto las imágenes de la represión y se optó por seguir adelante con la “evacuación”. En ese momento se decidió gestionar aviones con la Fuerza Aérea. Hasta ahora Cecilia Chacón, quien renunció a su cargo horas después, no aclaró si tuvo que ver con la partida de las naves.
Quien sí hizo una declaración que incomodó al Ejecutivo fue el actual comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Tito Gandarillas. En octubre, cuando encabezaba la Fuerza Aérea, dijo que la orden se “coordinó” con el Comandante de las FFAA, que en ese tiempo era Armando Pacheco. En enero de este año, Gandarillas tuvo que retractarse y afirmó que él dispuso la movilización de las naves por iniciativa propia.
ERBOL informó, en septiembre del año pasado luego de la represión a la marcha, que desde Palacio se solicitó otro avión a la agencia estadounidense NAS.
El intento por evacuar a la marcha por vía aérea también fracasó. Los pobladores de Rurrenabaque se enteraron de la llegada de los buses en la madrugada del 26 de septiembre y tomaron la pista. Los aviones no pudieron aterrizar y los detenidos fueron rescatados.
En la residencia presidencial se decidió que al día siguiente se debían “copar” los medios de comunicación. Canelas tenía que estar en Cochabamba; Romero, en Santa Cruz; Chacón, en Trinidad (nunca fue) y el resto se quedaría en La Paz. Uno de los argumentos que se pretendió usar fue que el operativo se realizó por la instrucción de un fiscal después que el 24 de septiembre se intentó “secuestrar” al canciller.
La difícil reunión concluyó antes de la medianoche.
“Toda la información del día ha venido del propio ministro (Sacha Llorenti)”.
Álvaro García Linera, el 25 de noviembre de 2011.