La Cámara de Diputados aprobó en grande y en detalle el proyecto de Ley Contra el Acoso y Violencia Política Hacia las Mujeres. La cámara de senadores dará prioridad a la norma.
Ley de Acoso Político protege a las familias
El proyecto, presentado en 2001, fue postergado durante tres legislaturas.
La Prensa – 15/04/2012
URGENCIA. Asambleístas y autoridades exigieron el 12 de abril la aprobación de la norma.
La Cámara de Diputados aprobó en grande y en detalle el proyecto de Ley Contra el Acoso y Violencia Política Hacia las Mujeres, que incluye artículos que tipifican como delito al hostigamiento ejercido contra los familiares cercanos de las autoridades y funcionarias del Estado.
Además, reforma el Código Penal y establece penas por el delito de acoso político con cinco a ocho años de reclusión.
En el artículo 17 del proyecto de ley se incorpora la reforma de dos artículos del Código Penal:
“Art. 270 Bis. (Acoso político contra las mujeres). Quien o quienes realicen actos de presión, persecución, hostigamiento y/o amenazas en contra de una mujer y/o de sus familiares, durante o después del proceso electoral, electa, designada o en el ejercicio de la función política-pública, que impida el ejercicio de su derecho político, será sancionado con pena privativa de libertad de dos (2) a cinco (5) años”.
“Artículo 270 Ter. (Violencia política contra las mujeres). Quien o quienes realicen actos y/o agresiones físicas, psicológicas y sexuales en contra de mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función política-pública y/o en contra de sus familiares, para acortar, suspender e impedir el ejercicio de la función política-pública, será sancionado con pena privativa de libertad de tres (3) a ocho (8) años”.
Los Cambios. La diputada del MAS Marianela Paco manifestó que la ley fue aprobada por unanimidad por considerar que es un tema pendiente desde el inicio de la democracia, pues se creía que la política era un campo exclusivo para los hombres.
Según informe de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), el proyecto fue presentado en 2001 y tratado por tres legislaturas; después de 10 años de trabajo de concienciación sobre el problema, fue aprobado.
La diputada Paco recordó que durante el tratamiento de esta temática en las comisiones, se intentó rebajar el tiempo de privación de libertad de cinco a tres años para quienes incurrieran en el delito de acoso político; sin embargo, el pleno dispuso una pena máxima de ocho años de privación de libertad para los infractores.
El senado. La presidenta del Senado, Gabriela Montaño, aseguró que esta nueva regla será aprobada de inmediato para dar protección a todas las mujeres que son autoridades o funcionarias públicas y que a diario sufren el acoso de sus compañeros y de sus adversarios políticos.
Según Montaño, el documento, que fue remitido el viernes pasado desde Diputados, ingresará al debate el martes para promulgar la ley hasta el fin de semana.
El proyecto de ley especifica 17 actos de acoso y/o violencia política contra las mujeres y establece las sanciones administrativas y penales. Entre las primeras, define amonestaciones escritas y descuentos de hasta 15 días de haber, mientras que entre las penales sanciona con penas privativas de libertad de dos a cinco años en el caso de acoso político y de tres a ocho años de cárcel en el caso de violencia política.
18 denuncias presentaron concejales y alcaldesas en el periodo de mayo a diciembre de 2011, según Acobol.
En su disposición final, la futura ley instruye que el Órgano Electoral debe aprobar la reglamentación necesaria para garantizar la alternancia y paridad en los procesos de habilitación extraordinaria de los suplentes.
Juana Quispe, Concejal del municipio de Ancoraimes de La Paz, fue hallada muerta el pasado martes 13 de marzo en la ribera del río Orkojahuira. Según la investigación preliminar de la Policía, la autoridad promovía procesos judiciales contra varias autoridades del municipio en respuesta a las querellas que presentó ante el Ministerio Público. Quispe fue elegida el 30 de mayo de 2010, pero fue en febrero de 2012 cuando pudo ejercer su cargo, circunstancia que había sido impedida por el Alcalde y los concejales de ese municipio perteneciente a la provincia Omasuyos de La Paz.