Uniformados bolivianos conminan mediante amenazas a ciudadanos brasileños a que abandonen el territorio nacional en un plazo de 90 días. La embajada brasileña apela a un acuerdo bilateral y reclama al gobierno boliviano.
Nueva York y La Paz, 27 de abril (Oxígeno).- Uniformados bolivianos llegaron a la frontera con el Brasil para conminar mediante amenazas a ciudadanos brasileños a que abandonen el territorio nacional en un plazo de 90 días, pese a un acuerdo firmado por el que ambos países se dieron un plazo para un proceso de "relocalización" pacífico y acordado. La embajada de Itamaraty en Bolivia expresó su molestia por este incidente y espera que el gobierno boliviano le explique sobre estos hechos el fin de semana.
El control fronterizo ejecutado por militares de Bolivia para combatir la delincuencia y el narcotráfico. Foto ilustrativa de archivo El Diario
Dos de los afectados denunciaron que los oficiales habrían matado y robado ganado y hasta incendiado una propiedad, informaron medios de comunicación en Brasil. El gobierno de Dillma Roussef está investigando el caso; el ministro Consejero de la Embajada en La Paz se ha desplazado hasta la faja fronteriza para investigar los hechos.
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Fuentes de la embajada de Brasil en Bolivia explicaron que solicitaron a la Cancillería del Estado Plurinacional una explicación de la actuación violenta por parte de los militares contra los ciudadanos que viven en este país.
Datos obtenidos por el periódico digital Oxígeno de diversas fuentes apuntan a que los uniformados bolivianos habrían golpeado a algunos de los ciudadanos brasileños y que incluso tras el incidente ingresaron a territorio del vecino país para reabastecerse de combustible y alimentarse.
La ley boliviana prohíbe el asentamiento de extranjeros en la faja de frontera (50 kilómetros). Por ello, funcionarios del gobierno de Evo Morales habría intentado desalojar a los brasileños que tienen propiedades en territorio boliviano. A raíz de ese hecho, se firmó el acuerdo diplomático que tenía como plazo para la retirada de los ciudadanos hasta finales de éste 2012.
El Diario do Grande ABC informó hoy que la embajada de Brasil entregó un informe al canciller boliviano, David Choquehuanca, donde se formaliza la protesta contra la operación militar en Bolivia. El Palacio de Itamaraty reconoce la decisión soberana de Bolivia para exigir la salida de los siringueros y agricultores brasileños, pero considera "violenta" la forma en que la operación se llevó a cabo.
El Secretario de Justicia y Derechos Humanos de Acre, Nilson Mourao, declaró que los hechos se habrían dado "sin informar al gobierno brasileño de la operación, que escapa por completo del derecho internacional".
Ayuda gubernamental
El miércoles, una comisión que representa a más de 500 familias de brasileños que viven en territorio boliviano llegó hasta Rio Branco, en Acre, Brasil para pedir ayuda gubernamental ante, según denuncian, la ocupación y las amenazas, por parte de uniformados bolivianos, para que abandonen sus propiedades ubicadas en la franja fronteriza, donde se pretendería plantar coca, según el boletín de la Asamblea Legislativa del Estado de Acre, Brasil.
Según el informe, desde la anterior semana, oficiales armados habrían llegado hasta donde viven los productores brasileños para advertir que tienen hasta 90 días para abandonar sus tierras o de otro modo serían expulsados.
El miércoles, los representantes de las familias brasileñas fueron recibidos por los diputados Chagas Romao, Major Rocha, Moisés Diniz y por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Wálter Prado, quien recordó que los mismos problemas habrían sido relatados y entregados en un documento al entonces presidente Luis Inacio Lula da Silva.
El parlamentario Prado comentó que "Evo Morales quiere que los brasileños salgan para plantar cocaína en nuestras fronteras y no podemos permitir que maltrate a nuestros hermanos".
El jueves, en Capixaba, a 77 kilómetros de Rio Branco, capital de Acre, hubo otra reunión donde participaron representantes del gobierno federal, estatal y municipal y pobladores afectados, informa la agencia de noticias de Acre. En la reunión, el secretario de Estado, Justicia y Derechos Humanos, Nilson Mourao, señaló que "el ejército no puede usar violencia para resolver la situación" y demandó agilidad de las autoridades correspondientes para iniciar el proceso de asentamiento en Brasil.
En tanto, el portal digital www.oriobranco.com, informó que hombres fuertemente armados incendiaron una casa, mataron animales, robaron pertenencias y estarían expulsando de sus propiedades a brasileños que viven en territorio boliviano. El sector donde ocurrieron los hechos estaría en la frontera con el municipio de Capixaba.
Una de las víctimas, relata el portal, José Carlos, casado y padre de tres hijos, fue hasta la ciudad de Cobija, en Pando, Bolivia, para reclamar que los policías invadieron su propiedad y le ordenaron abandonarla. Cuando retornó comprobó que su ganado estaba siendo utilizado para alimentar a los policías.
Sus caballos fueron llevados para la comunidad de San Pedro, a 48 kilómetros, junto con el motor de energía y otras pertenencias. De cerca de 20 policías que llegaron, siete se quedaron cuidando su casa y se sospecha que los restantes estarían visitando otras propiedades. José Carlos se enteró también que su localidad fue escogida para que en el lugar se instale una especie de base militar donde estarán acuartelados cerca de 200 hombres y que ahora sus tierras pertenecen a una mujer de nacionalidad boliviana.
En otro caso, informa el portal, se confirmó que una casa fue incendiada. La misma estaría localizada en la colonia Fortaleza, distante a 3 kilómetros de la frontera. Esas tierras pertenecerían al brasileño Fernando Rodrígues Souder, quien estaba en Capixaba haciendo compras y no retornó por temor de ser asesinado.
Según se sabe, autoridades militares estatales y federales brasileñas se estarían movilizando para realizar diligencias en las fronteras y verificar la veracidad de los hechos.