El Defensor del Pueblo dirigido por Rolando Villena resolvió, este jueves, la censura pública contra el actual comandante de la Policía Nacional Jorge Santiesteban Claure, argumentando incumplimiento de deberes al no responder los requerimientos para esclarecer varios casos de delicada investigación. Recomendó a la Fiscalía asumir acciones legales. El anuncio fue dado en una conferencia de prensa donde explicó que la autoridad policial no colaboró con las solicitudes y recomendaciones del Defensor para esclarecer casos donde se habrían vulnerado los derechos humanos como la denominada masacre del Porvenir de 2008, los conflictos recientes en Yapacaní a inicios de esta gestión, entre otros. Villena aseguró que Santiesteban “elude el cumplimiento de sus obligaciones, al manifestar que las solicitudes de la defensoría del Pueblo sean encaminadas a través del Ministerio de Gobierno”.
En este sentido, resolvió emitir “Censura Pública contra el ciudadano Jorge Renato Santiesteban Claure, quien en su condición de comandante general de la Policía Boliviana” no colabora ante peticiones y que ante ello recomienda “al Ministerio Público el inicio de acciones legales contra el ciudadano (…) por violación a la obligación de colaboración hacia la Defensoría del Pueblo”. Los documentos de solicitud presentados ante Santiesteban serán remitidos ante el Ministerio Público para que se comience con las investigaciones correspondientes de las causas por las que no se han podido finalizar investigaciones. Rolando Villena aseguró que sólo se está dando cumplimiento al Artículo 222 de la Constitución, el que indica que la labor del Defensor del Pueblo es solicitar a las autoridades y servidores públicos información respecto a las investigaciones que realice “sin que puedan oponer reserva alguna”.
Asimismo, instar al Ministerio Público al inicio de acciones legales que correspondan y formular recomendaciones y sugerencias para la inmediata adopción de correctivos y medidas a todos los órganos e instituciones del Estado. Por ello, recomendó a Santiesteban a responder a todos los requerimientos en los plazos establecidos por ley. El Artículo 223 de la Constitución también indica textualmente que las autoridades y los servidores públicos tienen la obligación de proporcionar a la Defensoría del Pueblo la información que solicite en relación con el ejercicio de sus funciones.
En caso de no ser debidamente atendida en su solicitud, al Defensoría interpondrá las acciones correspondientes contra la autoridad, que podrá ser procesada y destituida si se demuestra el incumplimiento. “Nos hemos atrevido, por primera vez en la historia de la institución, a hacer una censura pública a un funcionario público, justamente porque está incumpliendo sus obligaciones. La fuerza moral que tenemos para tocar estos puntos nos obligan a ser transparentes debido a que estos casos no pueden quedar en la impunidad. Hay muchos otros casos en antecedentes de comandantes anteriores que son de conocimiento público”, dijo Villena.
Recientemente, Santiesteban fue involucrado con el mal uso de funciones cuando medios de comunicación le descubrieron utilizando un auto oficial en unas vacaciones familiares lo que está penado. Asimismo, es cuestionado por el ingreso irregular de 54 jóvenes a las Universidad Policial de manera irregular. Además, es parte de una investigación por la represión a indígenas en septiembre de 2011.
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Fuente: Red Uno.
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