Diputados tarijeños piden la detención preventiva de altos funcionarios de la empresa Gaffney Cline, que este próximo 19 de abril presentarán su informe sobre campos compartidos al país.
“Es el momento oportuno para que sean puestos a disposición de la justicia boliviana”, señaló el diputado de Convergencia Nacional (CN), Roy Moroni.
De acuerdo al legislador, esta empresa “fue parte de las capitalizaciones del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, sobre quien pesa un proceso de daño económico al Estado”.
“Además de la anotación preventiva de bienes, solicitamos que no se realice la cancelación de los 125 mil dólares por sus servicios, en referencia al resarcimiento del daño ocasionado, que tiene que comenzar a ser demandado por el Estado boliviano”, sostuvo.
Moroni advirtió que “Este tipo de empresas tienen antecedentes de hacer trabajos a pedido del mejor postor y no son firmas serias. ¿Cómo se entiende que en el caso del campo Margarita el estudio se realizó desde Buenos Aires, a miles de kilómetros, sin conocer ni la ubicación del reservorio estudiado en el departamento de Tarija?”.
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“Creemos que existe una posible complicidad del actual presidente de YPFB, Juan Carlos Villegas, que por estar trabajando con una empresa perseguida por la justicia debería por ética renunciar a su cargo, por favorecer a una firma ligada a una administración que su gobierno denomina de neoliberal y vendepatria”, fustigó.
Para el legislador, “Si el presidente Evo Morales es coherente con su discurso ya no debería esperar el pedido de renuncia solamente, sino iniciarle un proceso al Ministro de Hidrocarburos y al presidente de YPYB por asociación delictiva”.
Moroni anunció que la interpelación al ministro de hidrocarburos, Juan José Sosa, está siendo impulsada por sus colegas de Tarija, los diputados Adrián Oliva (CN) y Willman Cardozo (AS).