El gobierno de Evo Morales acaba de informar la anulación del contrato con la OAS, por el cual la empresa brasileña debía hacerse cargo de la construcción de los tramos I y II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Sin embargo, el anuncio ha sido recibido con escepticismo en diversos ámbitos.
Tanto los dirigentes indígenas del TIPNIS como representantes de diversos sectores de oposición coinciden en sospechar que se trata de una maniobra política, de cara a la “consulta previa” que impulsa el gobierno y que tiene por objetivo viabilizar la construcción de la mencionada vía.
Se buscaría, por una parte, aplacar una de las principales críticas al proyecto, referida al presunto sobreprecio. Al mismo tiempo, se trataría de mostrar un “cambio de actitud” de parte de la administración evista, con miras a concretar la participación de la ONU como observadora en la consulta.
Lo cierto es que el repentino giro gubernamental respecto a la OAS abre más de una duda: ¿Recién ahora el presidente y los ministros se dan cuenta de que “el contrato era muy caro”? ¿La anulación también incluirá una demanda a la empresa para el resarcimiento de daños a Bolivia? ¿De triunfar el SÍ a la carretera por el TIPNIS, reaparecerá la OAS para construirla?
En el Brasil, la empresa en cuestión ha sido acusada más de una vez de financiar campañas electorales del gobernante PT, lo cual da una pista sugerente de por qué el ex presidente Lula da Silva visitó Bolivia el año pasado para reunirse con Evo Morales.
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¿El MAS también habrá sido objeto de estos mecanismos de financiamiento electoral?
No parece que el régimen cocalero pueda desenvolverse tan fácilmente de ciertas redes de intereses. Así que lo más probable es que nos encontremos ante otra de sus “maniobras envolventes”…