Radio noticias. El abogado del empresario cementero expresó su disconformidad con la decisión de la jueza.
Sucre.- Una audiencia en la que debía considerarse la situación jurídica del empresario y dirigente político Samuel Doria Medina, procesado junto a otras autoridades locales por presuntas irregularidades en la firma de un convenio para la administración de la fábrica de cemento "Sucre" (Fancesa) quedó suspendida hasta el mes próximo por decisión del juez.
Así lo dispuso la jueza de Instrucción Tercero en lo Penal de la Capital, Ximena Mendizábal, tras considerar que el poder otorgado por el Gobernador a los profesionales que atienden el caso, adolecía de precisión.
La inasistencia de uno de los imputados, Jaime Rojas Ríos, quien no fue correctamente notificado, fue otra de las causas que motivaron la suspensión.
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José Tapia Cortéz, abogado de los imputados Samuel Doria Medina, Eduardo Urriolagoitia, Jaime Navarro y Carlos Núñez, expresó su disconformidad con la decisión de la Jueza.
"No se toma en cuenta que el 70 por ciento de los imputados llega del interior del país, entonces eso supone un gasto, una pérdida de tiempo y debiera haberse llevado la audiencia para los que estaban presentes, reservándose una nueva audiencia para el ausente", dijo.
El asesor legal de la Gobernación, Erick Garisto García, por su lado, atribuyó la imprecisión del poder otorgado por la primera autoridad del Departamento a un "error de taipeo", considerando que la Gobernación utiliza "poderes amplios" para la generalidad de los casos que atiende.
La Gobernación presentó un poder con más apoderados de parte del Gobernador, pero fue observado porque no era específico, sino muy general. El Asesor Legal anunció que corregirán las observaciones.
El 8 de diciembre del 2011 la Gobernación inició un proceso penal en contra de Samuel Doria Medina y otros miembros del directorio de Fancesa de 1999, por delitos de corrupción pública en la firma de un convenio para la administración de esa empresa, cuando el empresario era dueño del 33,33% de las acciones.
En consecuencia, el Ministerio Público dispuso la anotación preventiva de todos los bienes de los involucrados, medida que ayer debió ser ratificada o no, según explicó el fiscal asignado al caso, Hugo Carrasco. (Panamericana)
Ref. fotografía. Opinión / Archivo