Legisladores de Bolivia ingresan al debate del proyecto de ley el lunes. Cambios: La diputada Marianela Paco sugiere modificar la pena privativa de libertad hasta nueve años, pero su colega Marca cree que no es necesario endurecer las penas.
La violencia y el acoso político tendrán hasta 6 años de cárcel
Se sancionará a los agresores de mujeres que ocupan cargos políticos.
Página Siete / La Paz
Diputados debatirán la norma en plenario el próximo lunes.
El acoso y la violencia política contra las mujeres serán sancionados con amonestaciones, suspensión temporal y definitiva del cargo y hasta seis años de privación de libertad, según establece el proyecto de ley que se debatirá en la Cámara de Diputados.
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El proyecto de ley que sufrió varias modificaciones durante los diez años que se encuentra estancado en las comisiones del ex Congreso, ahora Asamblea Legislativa Plurinacional, establece dos vías para realizar sanciones: en la administrativa se contemplan desde amonestaciones verbales y escritas, descuento de haberes, hasta la suspensión temporal y definitiva del cargo a quienes ejerzan acoso.
En la vía penal, se establece entre dos a cinco años de privación de libertad para quienes ejerzan presión, hostigamiento y persecución durante o después de un proceso electoral o en el ejercicio de la función pública y de tres a seis años por agresiones físicas, psicológicas y sexuales, según el informe aprobado por la Comisión de Derechos Humanos.
La diputada del MAS Marianela Paco anunció que el lunes planteará en el plenario que la máxima pena sea de hasta nueve años de privación de libertad. “Pelearemos esta propuesta”. “Estas dos figuras penales con las que se quiere sancionar la violencia y acoso político sería una innovación al sistema penal, porque son nuevos tipos penales”, declaró la diputada Paco.
Mientras tanto, su colega y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Lucio Marca, rechazó que se apruebe una pena de nueve años porque debiera ser un proceso paulatino, además que la definición se habría hecho a base de una comparación del sistema penal.
“Más de 180 años de vida republicana están articulados a un sistema patriarcal y machista, buscar a través de una norma desmontar aquello sería casi imposible”, argumentó el asambleísta del oficialismo, que junto a otros cuatro diputados varones aprobaron el informe.
Sin embargo, para la diputada de Unidad Nacional (UN), Elizabeth Reyes, de todos modos la norma, de ser aprobada, es “un avance” porque no se trata de que sea una ley “punitiva”, sino preventiva, explicó.
El proyecto en esta oportunidad unió a mujeres parlamentarias del oficialismo y oposición para su aprobación.
Otros detalles de la norma en debate
Objeto. El proyecto establece mecanismos de prevención, atención, sanción contra actos individuales o colectivos de acoso y violencia política.
Aplicación. La norma se aplicará a mujeres candidatas, electas, designadas o en el ejercicio de la función pública y política.
Acoso. Son los actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas cometido directa o a través de terceros en contra mujeres para evitar el ejercicio de sus derechos políticos.
Violencia. Son las acciones, conductas y agresiones físicas, psicológicas, sexuales cometidas por personas contra mujeres con el objetivo de evitar el ejercicio de sus funciones políticas o públicas.
Debate. Será el lunes.
Hay mecanismos preventivos
El proyecto de Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres también incorpora mecanismos preventivos para evitar las acciones o actos que violen el derecho de las mujeres a ejercer los cargos políticos y públicos.
“La idea también es educar y no ir tanto a lo punitivo”, explicó ayer la diputada Elizabeth Reyes de Unidad Nacional.
El objetivo es visibilizar esta situación y establecer mecanismos para que las denuncias no queden “impunes”, sostuvo.
La parlamentaria dijo que en los últimos diez años la Asociación de Concejalas de Bolivia recibió al menos 300 denuncias de esta naturaleza.
“Esta primera ley tiene mucho de enunciativo, tiene mucho de visibilizar para ponerlo como un delito, tenemos mucho por avanzar en legislar”, declaró la asambleísta opositora.